Otra alerta: lea el índice de riesgo de la UE antes de comprar

Aunque con varios años de retraso, la legislación para avisar de los riesgos de los productos financieros comienza a ponerse en marcha. Los avisos para los ahorradores serán muchos y además variados. El último is made in Unión Europea.

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Aunque con varios años de retraso, la legislación para avisar de los riesgos de los productos financieros comienza a ponerse en marcha. En España, tras la colocación masiva a pequeños inversores de preferentes por unos 12.000 millones de euros en 2009 y de bonos convertibles en acciones –el primero fue Santander en 2007 y después le siguieron Popular, Sabadell, BBVA y CaixaBank–, los avisos para los ahorradores serán muchos y además variados.

En febrero, entró en vigor el indicador de riesgo diseñado por el Ministerio de Economía, inspirado en el proyecto de circular lanzado por la CNMV en 2014. Ese texto inicial quedó finalmente muy retocado; tanto, que ni siquiera obliga a que las advertencias vayan con colores, del rojo (mayor riesgo), al verde (menor riesgo). La exigencia se queda en un indicador numérico, que es en la práctica el único que se utiliza. El sector aduce que incorporar los colores requiere de impresoras de última generación...

Economía dejó fuera a determinados productos que caen bajo el control de un reglamento europeo que entra en vigor a finales de este año. La norma ya ha sido desarrollada por el supervisor europeo de los mercados (ESMA) y afectará a todos los artículos desarrollados para los pequeños inversores que estén vinculados a algún activo (el documento puede consultarse en CincoDías). Es decir, en este cajón de sastre se incluirán todos los derivados, como los contratos por diferencias (CFD), también los depósitos estructurados –vinculados a la evolución de un índice o a una cesta de acciones–, las opciones, los futuros y los warrants.

También estarán afectados los unit linked y todos aquellos seguros de ahorro que estén ligados a la evolución de un activo externo. Incluso los fondos de inversión, garantizados o no, en los que la rentabilidad dependa de un índice o de una cesta de valores. Las carteras blindadas han vuelto con fuerza al mercado español, aunque ofrecen rentabilidades muy bajas y ligadas habitualmente a la evolución de varias acciones.

A partir del próximo año, casi todos los productos financieros llevarán su propio indicador de riesgo. Aunque la deuda pública, por ejemplo, quedará exenta de ningún tipo de aviso.

• Documento fundamental

El reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo está inspirado en el indicador de riesgo de los fondos de inversión del documento de datos fundamentales, obligatorio desde julio de 2011.

La gran misión es que los ahorradores no se dejen enredar con anuncios que solo exponen el mejor escenario para cada producto, que conozcan sus riesgos reales de forma clara, con los mismos estándares para todos los países europeos, y que sean conscientes de los costes del artículo financiero que adquieren.

El documento diseñado por ESMA incluye un indicador numérico de peligro, que irá del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo), en función de dos parámetros del producto. Primero, el peligro de mercado, que vigilará la volatilidad del activo al que está ligado. Y, segundo, el riesgo de crédito, que medirá la solvencia de la entidad que esté obligada a realizar los pagos al inversor. De ahí saldrá la escala (véase gráfico), que además tendrá aclaraciones en texto justo debajo.

Así, este indicador señalará también que ese nivel de riesgo está condicionado a que el producto se mantenga por un tiempo determinado: revelará si se debe pagar una penalización si se vende antes de una fecha o si no puede recuperarse el dinero fácilmente.

Adicionalmente, al menos tres escenarios deberán aparecer en el documento de datos fundamentales. El más favorable, el que suele publicitarse a tamaño gigante con un “hasta” por delante, el intermedio o moderado y el desfavorable. Para cada uno de ellos se incluirá una rentabilidad anual estimada a un año, a tres años y hasta el vencimiento.

La tercera parte del documento de datos clave será el de los costes. ¿Cuánto se lleva el vendedor y el creador de ese producto? Además de un desglose de todas y cada una de las comisiones y su concepto, aparecerá una tabla con el impacto de los costes sobre la rentabilidad de la inversión a un año, a tres y hasta el vencimiento.

• El índice español

Este, ya en vigor, se aplica a casi todos los productos que no incluye el termómetro europeo. Tampoco incluye a los fondos de inversión, que cuentan con su propio indicador. La fracción 1/6 (o el color verde, en los excepcionales casos en los que aparece el semáforo) se utiliza para los depósitos y los seguros de ahorro o en los que no se puede perder dinero, como los planes de previsión asegurados. El 6/6 es para acciones, deuda privada, pagarés y cédulas. Es decir, los productos en los que no está garantizado el capital inicial. Los planes de pensiones llevarán un indicador del 1/7 al 7/7, como los fondos.

• Las advertencias de la CNMV

La CNMV ha diseñado, una lista de productos desaconsejables para pequeños inversores. Los bancos, los brókeres, las eafis y las gestoras de fondos deberán informar a sus clientes minoristas de que el supervisor considera que no son adecuados para ellos. Incluye varios instrumentos, pero se reserva la posibilidad de añadir cualquier otro “tras un análisis”.

Está por ver qué opinión tiene el Consejo de Estado sobre la circular de la CNMV, pero el sector financiero ya ha cargado contra esta idea. El objetivo del organismo que preside Elvira Rodríguez es que entre en vigor antes de julio.

De acuerdo al texto inicial, son varios los productos no aconsejables para particulares. Entre ellos, los bonos cocos de la banca, que se convierten en capital bajo determinadas circunstancias, cualquier tipo de deuda que incluya una cláusula que implique que el emisor puede amortizarla total o parcialmente y que no permita recuperar los intereses que hayan sido impagados. Por último, la deuda, los fondos o productos estructurados que no garanticen el 90% del capital y que estén ligados a uno o varios activos y que estos no dispongan de valoración diaria.