Tribuna

La mediación es una responsabilidad de todos

La primera cuestión que es preciso despejar cuando hablamos de mediación es el alcance en sí del término, pues existe una clara confusión entre nuestros conciudadanos sobre su concepto, naturaleza y finalidades, lo que ha provocado, en ocasiones, alguna que otra disfunción como consecuencia, entre otras razones, de que nuestro legislador no ha sido muy estricto a la hora de denominar con el vocablo mediación ciertos procedimientos que en realidad no responden a dicho concepto (por ejemplo, en materia de consumo o concursal).
La mediación consiste en un procedimiento no jurisdiccional, de carácter voluntario y confidencial, destinado a facilitar la comunicación entre las personas, a fin de que gestionen por ellas mismas una solución de sus conflictos, con la asistencia de un mediador/a, que actúa de manera imparcial y neutral.
Se trata, por tanto, de un proceso en el que se promueve el diálogo y la comunicación de quienes se hallan enfrentados por el conflicto que les ocupa, cuyo diálogo puede haberse perdido con ocasión del mismo. También es un proceso voluntario, tanto en su comienzo como en su continuación. Asimismo, no tiene por qué paralizarse la tramitación del proceso judicial, en su caso entablado, porque se pueden utilizar tiempos muertos del mismo –por ejemplo, desde la citación para juicio hasta su celebración– para probar si con la mediación se soluciona la disputa de una forma inicua y que no afecte a ningún derecho de las partes en liza.
La mediación, además, constituye un medio alternativo a la vía judicial de resolución de conflictos (ADR), característica que comparte con el arbitraje (sumisión a la decisión del conflicto a un árbitro, una especie de juez privado), si bien se diferencia claramente de él en que el poder de la decisión recae, con la ayuda del mediador, sobre las partes mediadas y no sobre un tercero dirimente.
Si bien la mediación puede ayudar a la descongestión de nuestros juzgados y tribunales, principal finalidad de los poderes públicos por el ahorro de costes que supone con respecto al procedimiento judicial, considero que esa no es su principal grandeza, sino que esta la constituye el ser un procedimiento que trasciende al conflicto que pretende resolver al promover valores tales como el diálogo –recuperándose la relación perdida entre las partes con independencia de que se llegue al acuerdo o no–, respeto, confianza y autorresponsabilidad, devolviendo a las partes el poder para tomar sus propias decisiones o empoderamiento.
Si los ciudadanos pretendemos tener verdadera libertad y un menor control de nuestros poderes públicos, lo que hemos de hacer es disminuir nuestra dependencia de estos para correlativamente ganar en independencia y, por ende, en libertad personal. Una vez emerge un conflicto con otra persona o personas, no nos desentendamos de él pretendiendo que nos lo solucione papá Estado y que este decida por nosotros, sino que hagamos un ejercicio de autorresponsabilidad e intentemos dar solución nosotros mismos a la disputa, mediante la intervención y la guía de un mediador, pues ello aporta capital social y permite progresar hacia una sociedad mucho más madura y cohesionada.
Por ello, considero que la mediación es responsabilidad de todos: de los poderes públicos, en tanto que corresponsables de su derivación y divulgación, así como de proveer un servicio adecuado de mediación, sobre todo para aquellas personas que carecen de medios económicos; también de los profesionales de la mediación, que han de contar con la preparación, formación y experiencias adecuadas para dirigir eficientemente el proceso de mediación; asimismo, de los profesionales no mediadores, que habrán de saber distinguir qué casos son o no mediables para derivarlos a mediación, y, por último –y no menos importante–, de los propios ciudadanos, en un claro ejercicio de autorresponsabilidad a fin de conseguir el máximo de independencia posible mediante el ejercicio de su libertad y de decisión individual.
Desde la abogacía catalana hemos creído necesario organizar el primer Congreso Estatal Interprofesional de Mediación, dirigido a todos los sectores profesionales y ciudadanos a nivel de todo el Estado, que se celebrará los próximos días 10 y 11 de marzo de 2016 en la ciudad de Sabadell, bajo el lema: Tú también eres mediación: todos somos, todos estamos, y así poder avanzar juntos en la mediación.

Juan Antonio García Cazorla es presidente de la Comisión de Mediación del Consejo de la abogacia Catalana y decano del Colegio de Abogados de Sabadell