Elecciones generales 2015

Reválida al bipartidismo

Reparto de escaños en el Congreso. Ley D'Hondt Ampliar foto

La democracia parlamentaria española celebra el 20 de diciembre las duodécimas elecciones generales desde la desaparición, 40 años y un mes antes, del dictador Francisco Franco. Desde que el 15 de junio de 1977 los españoles votasen por vez primera unas Cortes Constituyentes, España ha consolidado un bipartidismo como todas las democracias avanzadas, y aunque ahora pierde posiciones, todo apunta a que el Gobierno que se constituya ya en enero se configurará en torno a la gran forma­ción de centro derecha (Partido Popular) o al gran partido de centro izquierda (Partido Socialista). Pero la virulencia y longevidad de la crisis ha desatado tales tensiones sociales y territoriales, que el reparto de las sillas en el Congreso de los Diputados y en el Senado será más diverso que nunca, sin mayorías absolutas y donde todas las candidaturas tendrán reservado un papel determinante.

Partidos novísimos como Ciudadanos o Podemos, o la vetusta Izquierda Unida y los nacionalistas de ayer y de hoy, llevan cartas guardadas que pueden ser de utilidad en función de la aritmética que establezcan las urnas. En la diversidad de las alternativas para resolver tanto la crisis como sus secuelas, así como el desafío territorial surgido en Cataluña, radica la inusitada expectación desatada por estos comicios.

Con una participación que ha oscilado del 64,8% de 1979 al 79,9% de 1982, los partidos que han nucleado la derecha (UCD primero y el PP después) y el que ha hecho lo propio en la izquierda (PSOE), siempre han bordeado los 300 escaños en el Congreso, de un total de 350 que conforman la Cámara, dejando un es­pacio a los nacionalistas y grupos más radicales entre los 40 y los 60 asientos. Izquierda y derecha se han repartido el poder, a ve­ces con diferenciales abultados (95 esca­ños en 1982 o 76 en la legislatura que aho­ra concluye) y más ajustados (15 en el 96, con triunfo del PP, y 15 en 2008, con triunfo del PSOE). En esta ocasión el Gobierno que el Parlamento elegirá, pues allí es donde se dirime la segunda vuelta que en otros países decide quién es el presidente, tendrá también un sesgo de centro derecha o de centro izquierda, a juzgar por lo que las encuestas anticipan, pero huyendo a priori de la radicalidad.

Quién decide

Lo que dicen los partidos

PP

Premio a la lista más votada. El Partido Popular propone cambios en la ley electoral y el reglamento de funcionamiento de Congreso y Senado. La reforma electoral en principio se centraría en el régimen local: fijar por ley que gobierne la fuerza más votada si obtiene más del 35% de votos y aventaja a la segunda en al menos cinco puntos..

PSOE

Desbloqueo de listas. El PSOE quiere modificar la Ley Orgánica Electoral General para que los electores puedan modificar el orden de la lista, respetando un determinado porcentaje, y la cabeza de la misma. En definitiva, pretende desbloquear parcialmente las listas, pero mantenerlas como listas cerradas. Quiere el Senado en Barcelona.

Ciudadanos

Congreso de 400 escaños. Plantea ampliar a 400 los asientos del Congreso, de los que 350 se elegirán con la ley
D’Hondt con listas desbloqueadas, pero asignando un mínimo
de uno por provincia, en vez de dos. Y los 50 restantes, con lista nacional (candidatura única) cerrada y bloqueada. Prevé
limitar a dos los mandatos presidenciales y eliminar el Senado.

Podemos

Más proporcionalidad. Podemos propone el sistema alemán de forma parcial, que asigna la mitad de los escaños en función de los votos logrados por cada partido a nivel nacional; la otra mitad se asignarían por distritos uninominales por comunidades. La circunscripción provincial desaparecería. Reforma integral del Senado con su eliminación.

La decisión política sobre el nuevo Gobierno la toman los electores, aunque la citada segunda vuelta puede determinar, por el juego de la aritmética de la nueva Cámara, que puede ser presidente del Gobierno alguien que no ha resultado ser el candidato más votado. De hecho, aunque a nivel nacional el partido más votado obtiene mayor número de escaños, podría darse el caso, en elecciones con resultados muy ajustados, de que un partido con menos votos que otro obtenga más escaños. El coste en votos de los escaños en ninguna circunscripción es igual al de otra.

Los 36,51 millones de españoles que podrán votar el 20 de diciembre (34,63 millones residentes en España y 1,87 millo­nes en el exterior) elegirán 350 diputados y 266 senadores. Dado que el presidente del Gobierno es investido por el Congreso de los Diputados, es en tal Cámara donde debe reunirse una mayoría de al menos 176 escaños (la mitad más uno) para poder gobernar y lograr el respaldo a las iniciativas legislativas.

La Ley de Régimen Electoral General determina que, salvo Ceuta y Melilla que tienen uno, todas las circunscripciones (provincias) tengan un mínimo de dos diputados, y los 248 restantes se reparten atendiendo a criterios de población, de tal guisa que Soria dispone de los dos mínimos asignados y Madrid alcanza los 36. Lógicamente, el reparto no es proporcional puro: para obtener un asiento en Madrid se precisan 86.500 sufragios de media, mientras que en Soria solo se necesitan 16.000; eso sí, en términos relativos el coste es muy superior en Soria, donde se precisan el 31% de los votos totales para llegar al escaño, y en Madrid, solo el 2,6% de su censo.

Cómo se reparten los escaños

La distribución de los asientos tras las elecciones se determina aplicando el método creado por el jurista belga Victor D’Hondt a finales del siglo XIX, y que se aplica también en Francia, Argentina, Bélgica, Irlanda o Japón. Trata de equilibrar la proporcionalidad si hay presencia masiva de opciones políticas, y huye de la proporcionalidad pura o la proporcionalidad pura reforzada, o el mecanismo de suma cero proporcionado por el sistema británico, que divide el territorio en el mismo número de circunscripciones que de diputados, asignándole uno a cada una, y donde un partido (el más votado) gana y todos los demás pierden.

El método D’Hondt excluye a las candidaturas que no llegan al 3% de los sufragios emitidos válidos de cada circunscripción. Y de sus resultados deviene más o menos costosa la obtención de una silla en la carrera de San Jerónimo, con premio para los grandes partidos y aquellos que se presentan en muy pocas circunscripciones en las que se reparten muchos escaños. En función de los resultados de las últimas elecciones generales, el partido que más abonó por sus diputados en términos de sufragios fue Unión Progreso y Democracia (UPyD), con 227.538 votos, seguido de Izquierda Unida, con 152.487 votos por escaño, víctimas ambos de su presencia en todo el territorio y de obtener resultados marginales en casi todas las provincias, salvo en aquellas en las que se dilucida un buen número de escaños. El partido radical Amaiur, por ejemplo, concentrado en las tres provincias vascas y Navarra, obtuvo siete diputados con 300.000 votos, con un coste de 47.656 votos por escaño. UPyD, con 1,14 millones de votos, solo logró cinco asientos. Al Partido Popular cada escaño le costó 58.073 votos, y al PSOE, 63.248 sufragios.

Cómo funcionan las listas

Cada partido que comparezca a las elecciones debe componer las candidaturas para cada una de las circunscripciones que desee, con un listado de tantos nombres como escaños se elijan y una lista de suplentes. Cada votante escoge para el Congreso una lista, puesto que es cerrada y bloqueada (una sola lista y con orden establecido), y la suma de votos obtenidos en las urnas es para toda la lista, de la que saldrán los diputados que el método D’Hondt les otorgue en el mismo orden en el que el partido afectado diseñó el listado.

En los últimos años han surgido peticiones por parte de grupos de opinión, y en algunos casos por parte de dirigentes políticos, para que las listas sean abiertas, para que los electores elijan a los candidatos que deseen y puedan excluir a los que no deseen. Los tiempos terminarán imponiéndolo, así como la elección en primarias de los candidatos a encabezar las listas electorales.

Cómo se elige el senado

La Cámara Alta, que tiene atribuido el papel de segunda lectura de las leyes y representación territorial, dispone de 266 miembros con participación más igualitaria por parte de cada una de las circunscripciones (provincias) con una ligera corrección poblacional. Cada provincia elige a cuatro senadores, con la excepción de los territorios insulares, que escogen como sigue: Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, tres cada una, y uno en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma; en Ceuta y Melilla se eligen dos en cada ciudad autónoma. Los electores deben seleccionar a tres de cuantos candidatos existan, y pueden combinar opciones de candidaturas distintas. Los elegidos serán los cuatro con más votos obtenidos. A estos se suman un senador elegido en cada comunidad autónoma, además de uno adicional por cada millón de habitantes de su respectivo territorio según el censo demográfico electoral de los comicios precedentes al Senado.

El desempeño del Senado no ha sido precisamente ejemplarizante y la reforma de la institución ha planeado siempre que se acerca una cita con las urnas. La propuesta genérica es convertirla en una auténtica Cámara de representación territorial, a la manera de la segunda Cámara alemana (Bundesrat), que tiene, además, determinados poderes de veto legislativo.

En las propuestas planteadas ahora, los dos partidos emergentes proponen la supresión del Senado, si bien es cierto que con distintos grados de radicalidad. Ciudadanos pretende la eliminación, pero su sustitución por un Consejo de Presidentes de Comunidad Autónoma. Sería de construcción similar a la actual Conferencia de Presidentes, aunque con otro tipo de funciones, puesto que el modelo actual es meramente crematístico.

Podemos simplemente habla de la eliminación del Senado, para dejar la representación popular en una sola Cámara, a la manera de los regímenes republicanos. El PSOE, por su parte, únicamente quiere llevar la sede de la Cámara Alta a Barcelona, en el marco de la construcción de una España federal.

En defensa de Victor d’Hondt y su sistema centenario

El centenario método D’Hondt de reparto de escaños aplicado en España favorece a los grandes partidos, por la simple razón de que tienen presencia en todas las provincias y porque obtienen más sufragios que los demás. No ofrece proporcionalidad pura, pero lima los excesos que ocasionaría tal delicatessen democrática para facilitar la gobernabilidad en países con innumerables grupos políticos de presencia marginal. El desajuste población/diputados está determinado por la ley electoral española, que otorga un mínimo de dos escaños a cada provincia, cuando su debilidad demográfica lo desaconseja.

El reparto creado por Victor d’Hondt (1841-1901), jurista belga y profesor de Derecho civil en la Universidad de Gante, de donde era natural, es tan imperfecto como otro cualquiera, pero dota de más proporcionalidad que el sistema británico, donde el ganador en cada distrito para elegir a cada diputado se lo lleva todo, facilitando mayorías absolutas con diferencias de voto mínimas. Solo la circunscripción única salva ambos extremos, aunque dificulta la adjudicación de representantes por territorio; pero el ganador seguiría ganando y el perdedor, perdiendo, seguiría quejándose.

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