Precios mínimos y máximos: ¿Una ventaja para todos o para algunos?

Nos preguntamos si establecer precios mínimos o máximos supone una ventaja para todos, para unos pocos o para nadie. ¿La libre competencia se vería afectada? La teoría dice que la liberalización de un sector busca que la fijación de precios fomente la competencia y que al final sean los consumidores y usuarios los que gocen de las ventajas que ello provoca, es decir, bajos precios. Pero no a todos los que intervienen en la cadena esta libertad les interesa y/o les beneficia, e incluso en algunos casos, es el consumidor final el que termina “pagando” dicha liberalización con altos precios en algunos productos y servicios. Leche, alcohol y carburantes, tres ejemplos de ello.

El sector lácteo y su lucha por un precio mínimo

El sector lácteo está en pie de guerra, aquí y en media Europa, y en efecto, el precio es el problema y a la vez la solución. Los ganaderos piden que se establezca un precio mínimo para la leche que producen, de modo que no se produzca la venta de leche a unos precios que consideran tan bajos como injustificados. La llamada “marea blanca” llegó a la Madrid desde innumerables puntos del país, pidiendo al Gobierno que para salvaguardar su futuro, establezca un precio mínimo para cada litro producido para no terminar vendiendo a pérdidas.

En cuanto se planteó la posibilidad de fijar un precio mínimo para la leche, la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina rechazó dicha posibilidad ya que “sería contrario a todas las normas de competencia europeas y sería nulo de pleno derecho”. En cambio, a lo que sí accedió fue a impulsar unas medidas que ayudasen a dar estabilidad al sector y al precio de la leche –medidas que se han cuantificado en 500 millones de euros-. Para ello se reunió con los representantes del sector, y se ha llegado a un acuerdo –además de las medidas antes mencionadas- para dar “estabilidad, sostenibilidad y transparencia a la cadena de valor”. Se trata de un compromiso por parte de todas las partes (industria, distribución y “una parte importante del sector ganadero” apunta) con el que se podrán alcanzar “mejores precios al disponer de una cadena que va a revalorizar la leche”.

Aun así, estas medias no han convencido a gran parte de los ganaderos, que seguirán peleando por establecer un precio mínimo por cada litro de leche que produzcan sus vacas.

¿Un precio mínimo para el alcohol?

Tampoco. Europa parece rechazar seguir los pasos que ha dado Escocia. El gobierno escocés propuso una ley en 2012 (The Alcohol –Minimun Pricing- Act 2012) por la que se establecería un precio mínimo obligatorio por unidad de alcohol, siendo de 0,63 euros por unidad de alcohol (cada unidad equivalente a 8 gramos de alcohol puro). Pero tras la promulgación de la ley en abril de 2014, la norma aún no ha entrado en vigor debido a las impugnaciones que está sufriendo, llegando incluso a instancias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tribunal se ha mostrado contrario a la aplicación de esta norma ya que supondría ir en contra de la normativa europea ya existente referida al libre comercio y la competencia.

En esta ocasión no ha sido una medida propuesta por los integrantes del sector, sino que se propuso con el objetivo de conseguir hacer frente a todos los problemas que son consecuencia del excesivo consumo de alcohol, aumentando en ocasiones el precio de una botella de alcohol hasta en un 50% (dependiendo el tipo de alcohol).

El sector de las bebidas alcohólicas se mostró contrario a esta propuesta, alegando entre otras cosas, que el precio mínimo supondría que el consumidor fuese el que soportase el mayor coste y que existen otras medidas que pueden ser beneficiosas para la población sin que se entrometan en el comercio de este producto y tampoco en la competencia del mismo. La resolución definitiva sobre si finalmente entra en vigor la ley del precio mínimo para el alcohol o no se producirá en 2016.

En carburantes se busca un precio máximo

Aunque aquí lo que reclaman es un precio máximo, de momento parece que tampoco se está por la labor. Desde Facua-Consumidores en Acción han insistido al Gobierno en numerosas ocasiones a que éste se decante por fijar unos precios máximos para el carburante que los ciudadanos pagan en las estaciones de servicio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a principios de año a cinco petroleras a pagar en total 32 millones de euros por pactar precios, establecer pactos de “no agresión” entre ellas y por intercambiar información beneficiosa. El problema por tanto reside en que el sector lleva a cabo “prácticas oligopolísticas” según Facua, lo que supone que la libertad de fijación de precios en vez de que sea utilizada para incentivar la competencia y que el consumidor se beneficie de ello con el abaratamiento de los combustibles, sirve para que las petroleras establezcan precios realmente altos que les suponga obtener grandes márgenes de beneficio.

De momento, desde la CNMC lo que han hecho ha sido elaborar 30 recomendaciones para que la competencia en el sector mayorista de carburantes se vea mejorada y que de ello resulten beneficiados tanto consumidores como empresas.