Editorial

La economía dice 'no' a la secesión

"Queremos una España fuerte y unida”. El mensaje que lanzó el pasado martes el presidente de EE UU, Barack Obama, en presencia del rey Felipe VI ha puesto la guinda en la riada de declaraciones públicas de relevantes personajes políticos internacionales sobre el desafío secesionista impulsado desde la Generalitat de Cataluña. Una lista en la que ocupan lugares principales la presidenta de Alemania, Angela Merkel; el primer ministro británico, David Cameron, o el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Pero esta opinión no es tan solo de la élite política internacional. También es la voz unánime de los grandes inversores, de los mercados y de una amplísima representación del empresariado, tanto catalán como español, a la que el viernes se sumó con contundencia inusitada el sector financiero al advertir que reconsiderará su presencia en Cataluña si esta se independiza. En suma, el rechazo a una hipotética independencia es la voz dominante en el mundo de la economía. Y la razón es sencilla. Todos estos agentes –financieros y políticos– defienden que un movimiento secesionista sería dramático para Cataluña –y malo para el resto de España– desde el punto de vista económico. Además de ilegal, según el esquema que se baraja.

Este diagnóstico no es una amenaza más o menos predibujada o teledirigida. Es simple y llanamente un análisis frío y realista; es el reflejo de aplicar a un hipotético escenario el funcionamiento del mundo de los negocios, de los mercados, de la economía de verdad. La realidad es tozuda, como muestra, por ejemplo, el devastador efecto de la inapelable salida de la Unión Europea, de la zona euro, de sus instituciones y, por supuesto, del euro, que conllevaría la extrema decisión de la independencia. Solo el proceso de desengancharse de la moneda tendría un gravísimo efecto en una economía que, además, aún anda renqueando por la crisis. La fuga de capitales, el cerrojazo de la financiación o la huida de inversiones productivas sería el escenario más que probable. Algunos expertos han llegado a teorizar incluso la posibilidad de que se produzca un corralito, por no entrar en detalles respecto a la sostenibilidad de la deuda pública catalana o del futuro de las pensiones. Una situación que también tendría repercusión en el resto de España. Nadie olvide que Cataluña representa el 18,9% del PIB nacional, el 16% de la población y el 25% de las exportaciones.

Es evidente que en el esquema mental de funcionamiento del mundo de los negocios no cabe esta posibilidad. Si bien es posible que ahí no se tenga en cuenta que cuando un debate olvida la racionalidad y se adentra en el complejo mundo de los sentimientos, la lógica no encuentra acomodo. Como es posible que nadie esté calibrando en su justa medida –unos por exceso y otros por defecto– que el fondo del movimiento independentista catalán tal vez tenga razón en algunos/muchos/pocos de sus planteamientos. O que estos hayan sido enarbolados, denostados y utilizados como armas arrojadizas por quienes han emprendido una huida hacia adelante sin sentido contra quienes han optado por aguantar el balón. Y viceversa. Por todo ello, no cabe la menor duda que lo trascendente es la gestión política del día tras los comicios del 27S. Lo más probable es que el resultado del próximo domingo ofrezca a unos y a otros argumentos para sentirse reforzados. Pero incluso en un escenario de derrota clara para cualquiera de la partes, sería un inmenso error anegar el camino del diálogo y el consenso.

Cómo hacer ese tránsito es el gran reto. El mayor al que se ha tenido que enfrentar España desde el final de la añorada Transición. Y es, a la vez, una oportunidad única para corregir errores, despejar incógnitas y afrontar escenarios inéditos e impensables hace cuatro décadas. Es absolutamente imperioso, por ejemplo, repensar y redefinir el mapa del poder autonómico, el sistema de financiación o la composición y las funciones de las grandes instituciones estatales. Es, por tanto, necesario afrontar una reforma de la Constitución, empeño que debe estar en el friso de las prioridades de los partidos políticos que conformen el futuro Parlamento nacional, tras la próxima cita electoral de diciembre.Momentos de incertidumbre que solo lo la política con mayúsculas y la inteligencia pueden convertir en momentos de futuro.

 

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