El Foco

Aritmética básica

La información disponible hasta el momento sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016 presentados el viernes es muy escasa en comparación con la que se ofrecía en años anteriores, cuando se presentaban a finales de septiembre. Los apenas cuatro cuadros difundidos son muy pobres para hacer valoraciones mínimamente precisas, pero esta limitación no impide delinear algunos perfiles de la orientación de la política fiscal prevista para 2016. Ayudan a elaborar esta aritmética básica los documentos publicados en los últimos meses como el Programa de Estabilidad 2015-2018 (PE) o informes recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

 

En una economía que se espera crezca al 3% en términos reales y por encima del 4% en términos nominales, cree empleo y aumente la afiliación a tasas del 3% y el 3,4%, es previsible que los ingresos públicos aumenten a buen ritmo. Sin cambios en la presión fiscal actual (37,8%), las sustanciales mejoras de los ingresos y del gasto privado deberían generar aumentos recaudatorios de, al menos, 15.000 millones de euros en 2016. En esta cifra, el incremento de los ingresos públicos en 2015 podría ser mejor visto, pero el Gobierno opta por adelantar rebajas impositivas previstas en la reforma fiscal y fijarse como meta un incremento recaudatorio del 1,5% del PIB.

Los ingresos son la primera referencia clave para el resto de decisiones de política fiscal adoptadas. La otra es el objetivo de reducción del déficit, del 4,2% del PIB de 2015 al 2,8%. El Gobierno propone un incremento de ingresos prácticamente idéntico al ajuste fiscal, de modo que la reducción del déficit de 1,4 puntos de PIB sería alcanzable sin contraer más el gasto público. Esto significa un cambio de escenario respecto a ejercicios anteriores al eliminar la tensión que representan los recortes de gasto. También implica que si se cumplen las previsiones casi todo crecerá ya… excepto el gasto público total.

Los PGE contemplarán un incremento del 1% en los salarios de los empleados públicos

Esta no es la única vía que precisa el país para dejar de aumentar su deuda y recuperar el equilibrio presupuestario. Otra sería no renunciar a los mayores aumentos esperados de la recaudación en ausencia de cambios normativos y, en lugar de bajar los impuestos, disponer de mayor margen de maniobra para impulsar selectivamente ciertas políticas de gasto, con el fin de reforzar el crecimiento a largo plazo o paliar los problemas más graves de exclusión social. La propuesta de los Presupuestos va en otra dirección, alineada con el escenario del Programa de Estabilidad 2015-2018. Este prevé equilibrar ingresos y gastos mediante un mantenimiento del gasto en términos corrientes que, en la medida en que crezca el PIB, supone una pérdida de peso del sector público en la economía. Esa caída sería especialmente intensa en 2016, pues descendería hasta el 40,6% del PIB partiendo del 42% de 2015.

En este marco, las cifras adelantadas ofrecen algunas pistas más sobre los planteamientos de los PGE como coordenadas financieras para el resto de Administraciones, como el futuro de los servicios públicos de carácter social. Estos dependen fundamentalmente de las comunidades autónomas y son los que más han sufrido en los pasados años los ajustes de gasto (si se exceptúa la inversión pública), con caídas reales per cápita en el caso de la educación, la sanidad y la protección social superiores al 20%. Dada su dependencia de las comunidades, sorprende que los PGE establezcan que se dedicara el 53% a gasto social, pues la cifra será esa u otra en función de lo que otras Administraciones decidan (o puedan) financiar.

En este sentido, el Gobierno ha destacado que las comunidades recibirán en 2016 cerca de 10.000 millones de euros más, pero la mayor parte de ese incremento corresponderá a la liquidación de impuestos de 2014. Esos incrementos de ingresos permitirán a algunas comunidades abordar sin especiales dificultades el cumplimiento de los objetivos de déficit, fijados para todas ellas en el 0,3% del PIB en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio. Pero otras no alcanzarán el objetivo –como ya han anunciado Cataluña y Comunidad Valenciana– por ser inviable sin recortes de gasto adicionales. Si los realizaran se situarían en un escenario de signo distinto al que contemplan los PGE para el conjunto del sector público en 2016 y el gasto social seguiría bajando en su caso.

La Airef informó el 27 de julio que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no había ofrecido información sobre las bases en las que se apoyaba para el objetivo común de déficit para todas las comunidades. Desde su punto de vista, para Islas Baleares, Extremadura, Cataluña, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, el ajuste requerido no se trata de un objetivo factible y sugería fijar una senda más gradual para alcanzar la estabilidad presupuestaria en 2018. La propuesta no fue atendida por el Gobierno y el CPFF, que dos días más tarde fijó el objetivo del 0,3% para todas las comunidades, con la disconformidad de buen número de ellas.

Los Presupuestos van en otra dirección, alineados con el Programa de Estabilidad 2015-2018

El Gobierno ha anunciado también que los PGE contemplarán un incremento del 1% en los salarios de los empleados públicos y la devolución del 50% de la paga de Navidad de 2012 que seguirá pendiente al finalizar 2015. Si esos compromisos son asumidos por el resto de Administraciones públicas generarán obligaciones de gasto, sobre todo en las comunidades autónomas, pues son las que emplean a la mayoría del personal debido al tipo de competencias asumidas.

En el caso de las comunidades, estos pagos salariales pueden representar alrededor del 2% de su presupuesto de gasto y serán una obligación más difícil de encajar cuanto más exigente resulte para cada una el objetivo fijado de reducción del déficit.

El adelanto presupuestario para aprobar los Presupuestos antes de las elecciones ha arrancado con el efecto colateral que representa la falta de información suministrada para evaluar en detalle de la estrategia de política fiscal. El acceso a los documentos de los PGE deberá permitir, más pronto que tarde, debatir los mensajes que el Gobierno se ha apresurado a lanzar y que convendría contrastar con más datos de los facilitados.

 Francisco Pérez  es Catedrático de la Universidadde Valencia y Director de investigación del Ivie.

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