Tribuna

Unas cuentas públicas electorales

Decía William Mackenzie King, primer ministro de Canadá entre 1921 y 1943, que “las promesas que hicieron los políticos ayer son los impuestos de hoy”. Esta frase ilustra en gran medida la filosofía que ha guiado los presupuestos del Estado desde que Mariano Rajoy fuese elegido sexto presidente de la España democrática.

En un contexto en el que se ponía en duda la propia existencia del euro, en el que España aparecía como un claro candidato para un rescate por parte de las instituciones europeas, la política económica del Gobierno adoptó como prioridad la reducción del déficit público, así el déficit público ha pasado del 9,4% del PIB en 2011 a una previsión del 4,2% para el PIB en 2015. Dicha contención de déficit, proceso que no ha acabado, puesto que mientras que exista déficit también habrá la necesidad de financiarlo con más deuda, se ha conseguido a través de la contención del gasto y la subida de impuestos. La contención del gasto, especialmente en el caso de las comunidades autónomas responsables de la sanidad y la educación, ha supuesto tensiones importantes en las prestaciones que los ciudadanos reciben del Estado del bienestar.

Por otra parte, es significativa la reducción experimentada por la partida de investigación y desarrollo, la reducción de esta partida plantea dudas con respecto al cambio de modelo productivo tan necesario para el futuro de nuestro país. Por el lado de los ingresos, tanto las subidas de IVA como de IRPF han sido en gran medida responsables de la mejora financiera del Estado, pero han contribuido a la sensación de empobrecimiento de una gran parte de la clase media. No obstante, los presupuestos de 2016 suponen un claro cambio de tendencia, cambio que tiene razones económicas y políticas. A pesar de que el techo de gasto no financiero se reduce en un 4,4%, en estos presupuestos se producen aumentos en el gasto social, se sube por primera vez el sueldo de los funcionarios públicos en un 1% tras toda una legislatura de contención del mismo, aumento de la pensión para las madres trabajadoras con dos o más hijos o aumento de la tasa de reposición para las categorías de funcionarios más relacionadas con las prestaciones del Estado a los ciudadanos. Este aumento de gasto es posible para estas partidas porque dos de los gastos que más condicionan la política económica muestran un comportamiento muy favorable. Las prestaciones por desempleo se reducen conforme mejora la ocupación y la economía crece; de hecho, la previsión económica que incluye los presupuestos pronostica un crecimiento del 3%, que nos recuerda valores previos a la crisis, y un desempleo que bajaría de la tasa psicológicamente significativa del 20%. Una de las grandes alegrías del Gobierno, es la reducción de intereses de deuda pública, no porque haya menos deuda, sino porque esta se puede financiar ahora a tipos más baratos. En la última subasta del Tesoro Público de Bonos a 10 años el tipo nominal era del 2,15% cuando en noviembre de 2011 nos acercábamos al 6%. Gran parte de esta bajada es responsabilidad de las decisiones adoptadas por el BCE, en concreto las enormes inyecciones de liquidez en forma de compra de bonos que contribuyen a bajar el interés. El crecimiento económico también permite que al generarse más actividad, aumenten las bases imponibles del IRPF y del IVA, el consumo de los hogares muestra crecimientos significativos y una tendencia clara a mejorar. Estas mayores bases permiten que el Gobierno haya decidido rebajar el IRPF, una inyección de dinero en el bolsillo de los ciudadanos que el consumo interno notará. Hasta aquí los motivos económicos que posibilitan más gasto social y menos impuestos. Los motivos políticos son claros: se acercan elecciones autonómicas en Cataluña y generales en España.

El Gobierno trata de demostrar que los esfuerzos realizados han dado sus frutos y que tiene la sensibilidad para revertirlos cuando las circunstancias lo permiten. Se trata de un claro guiño a esa parte tan importante de votantes de centro y que pueden ser claves para determinar el nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales. El presupuesto también plantea algunas dudas, entre ellas si se están haciendo los esfuerzos necesarios para cambiar el modelo productivo que debería llevar a una economía con mayor peso de las actividades de alto valor añadido. Por otra parte, no hay que olvidar que son presupuestos que el Gobierno aprobará, pero no está claro –las urnas decidirán– quien gestionará. Son en esencia presupuestos en un claro contexto electoral.

Juan Pedro Aznar Alarcón es Colaborador académico.Departamento de Economía, Finanzasy Contabilidad de Esade.

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