El sistema de pensiones busca ingresos y alternativas

De izquierda a derecha, Jordi García Viñas, director de Relaciones Laborales de CEOE; Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser;Cristina Herrero, directora de la División de Análisis Presupuestario de la Airef; Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social de CC OO y Manuel Alfaro, profesor de Esade. Pablo Monge

Ni las últimas reformas de la Seguridad Social ni la más reciente reforma fiscal, que aborda los incentivos a los planes de previsión social, han dado una solución definitiva a los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones. Ante esta situación un grupo de expertos reunidos por CincoDías en colaboración con el Observatorio de Pensiones de Caser Seguros, debaten sobre la actual problemática y aportan posibles soluciones.

Como premisa previa a este debate, el profesor de la escuela de negocios ESADE, Manuel Alfaro, experto en el estudio del comportamiento de las personas, asegura que desde 2009 a la actualidad ha aumentado la sensación entre la ciudadanía de que hay un problema con las pensiones. “La desconfianza hacia el sistema público ha ido a peor, están sobrepasados por la excesiva información de distintas fuentes y a esto se añade un creciente recelo hacia bancos y aseguradoras”, advierte Alfaro.

Ante esta situación ¿qué se ha hecho en estos años por parte de los poderes públicos? Pues tres reformas del sistema de pensiones, una por parte del anterior Gobierno socialista y dos del actual del PP. En conjunto, estas reformas han endurecido el acceso a la pensión, sobre todo en el caso de las jubilaciones anticipadas. Además, han retrasado la edad legal de jubilación de forma progresiva de 65 a 67 años;y han creado dos factores de sostenibilidad futura: uno que establece cómo se deben revalorizar anualmente las pensiones y otro que ajustará las nuevas prestaciones a partir de 2019 a la esperanza de vida. Con este último factor, cuanto más crezca esta esperanza, menores serán las pensiones porque, en teoría se cobrarán por más tiempo.

Es precisamente esta medida la que lleva a Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser, a advertir que los ciudadanos, especialmente los más jóvenes aún no son conscientes del verdadero impacto que tendrá este ajuste de la pensión a la esperanza de vida. Tras esta reforma “nuestros estudios indican que los más jóvenes serán los más afectados, porque para conseguir una pensión equiparable a las actuales deberán ahorrar más o retrasar su jubilación”, señala Álvarez.

El director de Relaciones Laborales de la patronal CEOE, Jordi García Viñas, comparte este análisis y va más allá al considerar que “no basta con abordar la problemática con medidas como los factores de sostenibilidad;no se puede aplicar solo criterios económicos, se debe trascender a una decisión política que aborde de forma conjunta qué nivel de Estado del Bienestar queremos para España”.

Algo parecido defiende el secretario de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato CCOO, Carlos Bravo, para quien el sistema de pensiones “requiere adecuaciones constantes”. Y en su opinión la última reforma “ha ajustado el gasto, lo que tendrá un impacto muy importante, pero adolece de no haber generado vías de ingresos adicionales”.

“Está bien hablar de sostenibilidad del sistema pero para eso es imprescindible hablar de ingresos y no solo de gastos”, advierte Bravo, quien también precisa que tanto la comisión de expertos a la que el Gobierno encargó un primer diseño de la última reforma como la recientemente creada Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AireF) han hecho un llamamiento a que se aborde la necesidad de buscar financiación complementaria a las cotizaciones sociales.

Precisamente, la directora de la División de Análisis Presupuestario de la AireF, Cristina Herrero, explicó en este encuentro que en la primera opinión que ha elaborado este organismo sobre la primera aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones para 2015, las variables utilizadas por el Gobierno “son más razonables por el lado de los gastos que de los ingresos”.

En concreto, esta entidad de control independiente considera que el incremento del gasto en pensiones del 3% para el próximo año se adecua a lo previsto por el incremento del número de pensiones y al efecto sustitución (mayor cuantía de las nuevas pensiones que las que se dan de baja). Pero, sin embargo, ven menos cumplible un incremento de los ingresos del 4,1% como prevé el Ejecutivo. Así, creen razonable las dos terceras partes de este incremento que obedecen a la mejora del empleo, pero dudan de si la parte que falta de ingresos se logrará solo con la ampliación de la base de cotización y con el nuevo sistema de liquidación.

Estas dudas sobre los ingresos no solo afectan al corto plazo , sino más bien al medio y largo. “Vamos a tener 25 o 30 años de gran exigencia (con más gasto y menos ingresos) por lo que necesitamos fuentes de ingresos adicionales que deben venir del sistema fiscal, sin desnaturalizar la contributividad”, precisa Carlos Bravo.

Nuevas fuentes de financiación

Según este dirigente de CCOO hay muchas fórmulas para que esos ingresos se financien con impuestos generales. Así citó el caso de Francia que ha creado un impuesto finalista y progresivo para el pago de pensiones o la propuesta de CC OO que empezaría con liberar la parte de cotizaciones que se destina a pagar pensiones de viudedad, que pasarían a abonarse con la imposición general.

¿Y cómo aumentar los ingresos fiscales para abordar este nuevo gasto? Bravo también tiene claro que la vía para eso es cambiar el sistema tributario “que es absolutamente ineficaz, porque España tiene muchas más vías de elusión fiscal que los países de su entorno y con impuestos más altos que Italia o Portugal, recauda menos”, se queja Bravo. Y añade la necesidad de conseguir más ingresos atajando la economía sumergida.

Sin embargo, García Viñas discrepa de la solución aportada por Bravo al precisar que cualquier cambio de ese sistema tributario no puede pasar porque los nuevos ingresos recaigan en la parte empresarial. “Si confiamos exclusivamente en los impuestos que pagan las empresas estas tampoco podrá costearlo”, se lamenta el responsable de CEOE.

Por todo ello, al margen de buscar la solución a través de fuentes alternativas de ingresos para financiar las pensiones públicas, los expertos reunidos en este encuentro coincidieron en mayor o menor medida que también se deben crear incentivos que hagan más atractivos los planes privados de previsión social, tanto los individuales como los colectivos que se crean en el seno de las empresas.

“Solo con impuestos es imposible hacer el sistema sostenible”, sentencia Manuel Álvarez. “Solo si la gente ahorra de su bolsillo y eso se incentiva, se aliviará la presión sobre las pensiones públicas; aunque subiéramos un 30% los ingresos, esto no nos evitaría tener que confiar en el ahorro privado” para mantener el nivel de vida tras la jubilación, insiste este responsable de Caser.

Pero para lograr buenas alternativas o, mejor dicho, complementos a las pensiones públicas a través de planes privados, hay dos cosas que se están haciendo mal según estos expertos.

Por un lado, según denuncia Álvarez, a pesar de que según el último Observatorio de Pensiones de Caser el 40% de los trabajadores cree que debería ser obligatorio que las empresas hicieran aportaciones a planes privados de pensiones de sus empleados, “esto no está en la agenda de las compañías y la reforma fiscal ni siquiera lo ha abordado”.

Por otro lado, todos los participantes en este encuentro coincidieron que el otro gran fallo a la hora incentivar el ahorro privado para la jubilación es la información y la labor pedagógica desde los poderes públicos y las entidades aseguradoras.

En este sentido, todos ellos también creen que “es imprescindible volver a la cultura del ahorro de nuestros mayores”. De hecho, la responsable de la Airef recuerda que este organismo considera básico que “haya una mayor transparencia y pedagogía”. Es más, ya ha pedido al Gobierno que haga públicas cada año todas las variables que utiliza para revalorizar las pensiones “para que los ciudadanos tomen sus decisiones de futuro y vean (según la evolución de los ingresos por cuotas) que si cotizan menos, la pensión también será menor”.

En consecuencia, el responsable de CEOE abogó por “una apuesta clara por hacer más atractivos los planes de pensiones privados”. Algo que Manuel Álvarez considera que se solucionaría haciéndolos “casi cuasiobligatorios” en las empresas. A lo que Bravo se negó de forma general:“habría que poner un límite salarial para hacer esto y que por debajo de un umbral no fuera obligatorio aminorar la renta para eso”, algo que admitió García Viñas.

Críticas al cortoplacismo de los políticos

“En materia de pensiones hay que mirar a largo plazo y nos encontramos permanentemente con miradas a corto”, se queja Carlos Bravo.

Igualmente, Manuel Álvarez, director del Observatorio de Pensiones de Caser, quien admite que se ha trabajado en el corto plazo y que eso se debe corregir. ¿Cómo? “Favoreciendo la educación financiera. Eso es determinante para que los jóvenes tomen conciencia del ahorro para la jubilación”, responde Álvarez. Mientras que añade que se deben tomar también otras medidas en el corto plazo “para transformar el ahorro familiar que ahora está todo en depósitos” frente al mercado o las inversiones en deuda pública que predomina en otros países del entorno europeo.

Para revertir esta falta de cultura del ahorro para la jubilación e España “hace falta una labor pedagógica enorme y facilitar a los ciudadanos mucha información sobre el sistema”, indica Cristina Herrero.

Llegados a este punto, en el que todos estuvieron de acuerdo en mayor o menor medida, estos expertos criticaron el retraso, decidido por el Gobierno, en el envío a los mayores de 50 años de una carta informativa de la Seguridad Social. En ella iban a ser informados de la pensión teórica que les podría corresponder en el momento de su jubilación, con lo cotizado hasta el momento y si no hubiera grandes cambios en su vida laboral.

Este retraso obedece a que “alguien con el cortoplacismo habitual, y porque hay elecciones tuvo miedo del efecto que podría tener esto en la cabeza de la gente”, critica Bravo.

En opinión de estos expertos, la forma de combatir esto es volver al pacto. Incentivar un gran acuerdo de pensiones que involucre a todos los agentes implicados. “Para esto hace falta un liderazgo claro que ahora no existe” entre dichos agentes, se lamenta el profesor de ESADE, Manuel Alfaro.

Si bien, nada de esto servirá para hacer sostenibles las pensiones si no se crea empleo.“O hay más ocupados o cualquier mecanismo que se cree será insostenible, sin ellos no hay solución para las pensiones”, resume Jordi García Viñas.