Propuestas frente a la crisis
Cuáles son los retos a los que se enfrenta la economía española para salir de la crisis? ¿Y qué medidas es necesario implementar para afrontar esos retos? Son dos preguntas de enorme importancia a las que da respuesta el Informe Fundación BBVA-Ivie 2014 recién publicado que en esta cuarta anualidad lleva por título Crecimiento y competitividad: los desafíos de un desarrollo inteligente.
Es necesario poner el punto de vista en el largo plazo, que es el horizonte temporal de las reformas estructurales
Salir de la crisis exige mucho más que abandonar la recesión, algo que afortunadamente ya hemos conseguido tras cinco trimestres consecutivos de crecimiento. Y para ello es necesario poner el punto de vista en el largo plazo, que es el horizonte temporal de las llamadas reformas estructurales que deben sentar las bases hacia un nuevo modelo de crecimiento, apoyado más en actividades basadas en el conocimiento y en activos intangibles, con más potencial de generar valor añadido en un mundo cada vez más competitivo en el que las llamadas economías en desarrollo empiezan a pisar los talones de algunos de los países desarrollados. En este contexto, los objetivos que señala el informe de la Fundación BBVA-Ivie son tres: mejorar la competitividad, conseguir un crecimiento que sea incluyente y hacer compatible el nuevo patrón de crecimiento con un entorno medioambiental sostenible.
El modelo de crecimiento sobre el que se ha apoyado la economía española en los últimos años tenía como principal carencia su reducida productividad, que es uno de los determinantes más importantes del crecimiento a largo plazo de una economía. Mejorar la competitividad es posible actuando al mismo tiempo en varios frentes: a) reformas regulatorias que fomenten la competencia entre empresas, creando en España lo que le reclamamos a Europa: un mercado único; b) mejorar la formación de nuestros empresarios, como condición necesaria para aumentar la supervivencia de las empresas; c) fomentar el aumento del tamaño empresarial, ya que está demostrado que las grandes empresas, además de estar más internacionalizadas, son más productivas; d) atraer inversión directa extranjera, porque crea empleo en sectores tecnológicamente más avanzados y productivos, y porque actúa de motor de cambio hacia el nuevo modelo de crecimiento; e) mejorar el acceso a la financiación, tanto la bancaria (vital para las pymes) como la directa en los mercados para reducir la excesiva dependencia de la bancaria; f) facilitar aún más los procesos de reestructuración de la deuda empresarial, en una economía en la que un elevado porcentaje de la deuda está en manos de empresas económicamente viables, pero financieramente vulnerables por su elevado nivel de endeudamiento y su reducida rentabilidad; y g) incentivar selectivamente la inversión en I+D (duramente golpeada por la crisis), porque está más que demostrado que es uno de los principales determinantes del crecimiento de la productividad y por tanto de la competitividad.
La economía presenta desequilibrios acumulados que suponen una rémora en la recuperación española
El nuevo modelo de crecimiento que necesita España debe ser incluyente, lo que exige que garantice igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios básicos por parte de todos los grupos sociales. Si bien ello exige como condición necesaria la creación de empleo (estar desempleado es el principal motivo de desigualdad económica e exclusión social), el Informe FBBVA-Ivie propone medidas concretas: a) acciones especiales para la formación de los desempleados, destinando más recursos a las políticas activas de empleo; b) una reforma fiscal que incentive la creación de empleo (con reducción de las cotizaciones sociales), reequilibrando el peso de la imposición directa vs. indirecta a favor de esta última, y aumentando el potencial recaudador del sector público; c) en paralelo a lo anterior, la lucha contra la economía sumergida (que algunos informes la llegan a cuantificar en una indecente cifra cercana al 25% del PIB) y el fraude son, no solo imprescindibles para generar ingresos (nuestra ratio ingresos públicos/PIB es de las más bajas de Europa), sino socialmente deseables por la injusticia que supone su existencia y la competencia desleal que genera; d) cambios en la gestión pública, de forma que su actuación persiga objetivos a priori definidos y que sea periódicamente evaluada su grado de cumplimiento; e) reforma de la AAPP, con una revisión de funciones y recursos dirigida a maximizar el bienestar social al mínimo coste posible; f) conseguir la sostenibilidad financiera del sector público, lo que exige consensuar la prioridad del gasto público pero a largo plazo, y no al vaivén del ciclo político; h) lograr un pacto por la educación para asegurar la eficiencia de su gasto y mejorar sus resultados en todos los niveles educativos teniendo en cuenta lo mal parados que salimos en los ranking internacionales cuando se evalúan nuestras competencias o la tasa de abandono escolar; i) garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales, elemento indispensable de un crecimiento incluyente; y j) combatir la pobreza, no solo creando empleo, sino garantizando un nivel mínimo de ingresos, sean dinerarios o en especie. Con la crisis, la pobreza ha aumentado a niveles preocupantes, de forma que el 5% de la población (2,3 millones de personas) cumplen simultáneamente todos los criterios de pobreza (monetaria, material, e intensidad del desempleo).
Sin duda, es una agenda costosa y ambiciosa pero necesaria si queremos sentar las bases del tan deseado nuevo modelo de crecimiento de la economía española. El contexto actual no es el más propicio para consensuar esta agenda, como consecuencia de la creciente desconfianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Y la causa de esta pérdida de confianza no solo es la propia crisis económica y la brutal destrucción de empleo, sino factores como la corrupción que desgraciadamente afecta a diversos agentes sociales. Las reformas estructurales son fundamentales porque nuestra economía presenta desequilibrios acumulados en el pasado que suponen una rémora en la recuperación y cuyos máximos exponentes son una deuda total (pública y privada) cercana al 300% del PIB y una tasa de paro de casi el 24%. Y un tercer indicador que muestra el problema de competitividad de nuestra economía es haber acumulado una necesidad de financiación del resto del mundo cercana al 100% del PIB, cuya reducción exige consolidar durante muchos años supéravits externos, algo que es misión imposible si no conseguimos mejorar nuestra competitividad. Misión difícil, pero no imposible si seguimos la hoja de ruta de las reformas.
Joaquín Maudos es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director adjunto de investigación.