¿Alguien quiere CO2?

El mercado europeo de derechos de emisión cumple diez años en 2015 con el precio de la tonelada de dióxido de carbono bajo mínimos

¿Alguien quiere CO2?

La Comisión Europea no consigue que el precio de la tonelada de CO2 suba y se ponga en 20 euros, lo que Bruselas calculó necesario en 2005 para estimular el mercado de derechos de emisión, pensado para ayudar a frenar el cambio climático. El año que viene se cumplirán diez años desde que Europa diera un paso adelante con un invento pionero, gestado en 2003.

El Viejo Continente fue la primera región del mundo en inventar una herramienta financiera para poner coto a las emisiones contaminantes. El funcionamiento era en apariencia sencillo: cada país asignaba un paquete de derechos, que repartía entre las empresas de ciertos sectores de actividad, los más contaminantes. Resultaba obvio que en esa caja debían entrar las actividades industriales, con mayor consumo de energía, procedente sobre todo de la quema de combustibles fósiles. Quedaron fuera la aviación comercial, que el Ejecutivo comunitario decidió incluir más adelante, y aquellas actividades más vinculadas al consumo y a las pequeñas y medianas empresas y, por ello, más difíciles de encajar en un instrumento financiero.

Si la empresa en cuestión superaba los derechos asignados y contaminaba más, el sistema la obligaba a comprar. Si se había quedado por debajo de la asignación, podía vender. El invento hubiera sido una eficaz herramienta contra el cambio climático si el precio se hubiera mantenido en esos 20 euros. Pero hubo un problema que nadie previó: la crisis puso en mínimos la actividad de la industria, cementeras cerraron, la construcción se hundió, y, con ellas, el precio de la tonelada de dióxido de carbono. Se dio entonces una curiosa paradoja: el objetivo se había cumplido en cierto modo al emitirse menos, pero la herramienta ya no tenía sentido, con un precio tan bajo que desincentivaba a las empresas a invertir en tecnología y poner en marcha medidas para contaminar menos. La tonelada ha llegado a caer hasta poco más de dos euros. Pronto se supo, además, que Bruselas había asignado demasiados derechos.

“Durante el primer periodo del mercado, la bajada hubiera sido hasta cero euros por el exceso de asignación, que se acentuó con la crisis por la reducción de actividad. El mismo problema se está produciendo en otros países. Por ello resulta muy difícil tomar decisiones. Si las empresas saben que el precio está a 7 euros, no van a tomar medidas de reducción”, comenta Kepa Solaun, socio de la consultora Factor CO2, especializada en mercados de carbono y que asesora a empresas e instituciones para adaptarse al cambio climático.

El Ejecutivo comunitario respondió a la nueva coyuntura abriendo parte de esos derechos a un sistema de subastas. Pero tampoco ha funcionado, “aunque nadie pone hoy en duda en Europa que la lucha contra el cambio climático debe plantearse a través de un instrumento económico”, matiza Solaun. Aún es pronto para saber el efecto directo de este esquema en la reducción de emisiones desde 2005, aunque ya hay estudios de universidades europeas que apuntan a una media de entre el 2% y el 4%.

¿Cómo forzar que el precio suba y el mercado siga teniendo sentido? La última maniobra de la Comisión Europea fue anunciar que congelaría un paquete de 900 millones de toneladas para retrasar su subasta y forzar un aumento del precio. Nada, ningún resultado. Ahora Bruselas ha recurrido a una nueva estrategia, que está previsto que se ponga en marcha el próximo mes de febrero si la propuesta de la Comisión Europea sale adelante. Ya no se trataría de congelar ningún paquete de emisiones, sino claramente de hacer como si nunca hubiera existido, retirarlas.
“Si no funcionara, lo positivo es que las empresas ahora perciben el cambio climático de otra forma, ya tienen en cuenta que afecta a su actividad”, concluye Solaun. Una encuesta realizada por esta consultora y publicada este mes, arroja que nueve de cada diez instituciones públicas y empresas consideran que el calentamiento influye en su negocio.

China abre su tercer mercado de CO2

Cada vez más países emulan el comercio de derechos europeo. Pekín ha sido la última ciudad china en abrir el suyo, esta semana. Un total de 490 empresas que representan el 40% del total de emisiones de la ciudad, comprarán o venderán dióxido de carbono en función de si han respetado la cuota que tienen asignada. La ciudad de Shenzhen (al sur del país) y Shanghái también han abierto uno en 2014.
Cuando nació Kioto, se pretendía que fuera un mercado mundial y que los países firmantes se fueran ampliando. Pero con Kioto descafeinado, el mercado se ha quedado prácticamente reducido al modelo europeo, al que se han ido sumando iniciativas locales, región a región, como el caso chino. Hoy ya están en marcha en California, Quebec, Suiza, Nueva Zelanda, Kazajistán. Otros países y regiones ya se lo están pensando. Es el caso de México, Chile, Brasil, Ucrania, Turquía, Tailandia y Japón, donde ya hay mercados regionales.
Tal y como está funcionando el mercado europeo, a medio gas, y que aún no hay acuerdo mundial vinculante sobre reducción de emisiones –queda por ver en qué quedará la Cumbre del Clima de Lima que termina mañana–, la opinión de expertos como Solaun es que se acabará en muchos mercados regionales o nacionales, que se irán uniendo poco a poco. “Se construirá de abajo hacia arriba, la idea es buscar algún tipo de federación de mercados. Es la visión más realista para que se cumplan”. Se trataría de un sistema a varias velocidades, al estilo del que ha levantado la Unión Europea, con la entrada escalonada de sus Estados miembros.

Si el mercado no respondiera, queda una segunda vía, la creación de impuestos al carbono, como ya hacen algunos países, aunque sea una medida más impopular. Francia ha sido uno de los últimos en intentarlo para el transporte rodado de mercancías. Primero fue Nicolas Sarkozy y ahora Hollande, sin éxito.