Editorial

Control salarial, desindexación y competitividad

Algo más de 14.000 trabajadores de casi 3.000 empresas tienen la suerte de contar con una subida salarial para este año del 4%, mientras que otros 6.660 asalariados de solo una veintena de empresas se lamentarán de su suerte puesto que les han reducido sus sueldos casi un 2,5%. Pero eso son solo los dos extremos marginales de la horquilla de salarios registrada en los seis primeros meses de este año, en los que la moderación de los costes laborales sigue arraigando en el que es el tercer ejercicio del pacto de rentas ratificado a principios de 2012. De hecho, la subida media de las remuneraciones reguladas en convenios se limita al 0,54% para más de 3,6 millones de trabajadores, y entre los que cerca de un millón tienen el sueldo congelado. Este control del coste laboral es uno de los activos más importantes para recomponer la brecha descomunal de competitividad acumulada en los años del euro y cuya recomposición fue ignorada en los primeros ejercicios de crisis. Pero el trabajo no ha concluido.

Las diferencias de competitividad generadas por mantener el vicio inflacionista de subir los costes en los diez primeros años del euro, cuando ya no disponía la economía de instrumentos cambiarios ni monetarios, han sido la causa primera del desequilibrio exterior y de la fuerte destrucción de empleo, renta y riqueza de los últimos años. El margen con el que España entró en el euro, tras cuatro devaluaciones consecutivas en los noventa y un tipo de cambio irrevocable muy depreciado, ha sido engullido por las políticas y tendencias inflacionistas practicadas por los agentes económicos y los Gobiernos, que las estimulaban con las rentas (salarios y pensiones) y precios públicos.

Ahora por vez primera trata de abrirse camino la cultura de la desindexación, que mueve los salarios, las tarifas públicas, las pensiones y las tasas en función de la situación de la economía y de la productividad de cada factor, para no perder a raudales competitividad, y, en la medida de lo posible, a recuperar una parte de la perdida. El pacto salarial, por ejemplo, además de limitar las subidas a tasas muy modestas, propias de una crisis, limita casi hasta hacerlas inefectivas el uso de cláusulas de revisión de salarios, y en los convenios firmados hasta ahora se aprecia la misma tendencia a la extinción de los sistemas de revisión.

El Índice de Garantía de la Competitividad, creado en la ley de indexación y que limita a cero el avance de los costes laborales allí donde no haya convenios, puesto que obliga a un avance similar al de los precios de la zona euro menos una parte de la pérdida de competitividad aún no recuperada, es un instrumento adicional. Pero tiene un uso marginal si no es replicado, con flexibilidad, en un nuevo pacto de salarios que garantice control de costes para otro trienio como mejor fórmula para consolidar una recuperación que está más necesitada que de otra cosa, de empleo.