Tres medidas para la lucha contra el fraude fiscal

Hace año y medio participé en un seminario sobre la llamada amnistía fiscal y la entonces proyectada ley de medidas para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal, la que luego fue la Ley 7/2012. A lo largo de la jornada, los asesores fiscales compartimos mesa con profesores de universidad, magistrados e inspectores de Hacienda. Para sorpresa de los asistentes, tampoco los inspectores estaban conformes con la reforma prevista. Ellos querían (y siguen queriendo) más medios personales y materiales para luchar contra el fraude.

En la situación de crisis que estamos sufriendo será difícil dotar de más medios a la inspección. Además, en mi opinión, la solución no está tanto en el aumento de los medios como en la forma de utilizar los que se tienen, que son cuantiosos y muy potentes.

La solución no es poner más obligaciones o amenazar con imponer más sanciones

Por otro lado, no tiene sentido que se insista en unas medidas represoras que, normalmente, van a castigar con más obligaciones fiscales y potenciales sanciones a los que ya cumplen y van a dejar indiferentes a los que incumplen. La solución no es poner más obligaciones o amenazar con imponer más sanciones. Por ese camino no vamos a ningún sitio. Ya lo sabemos.

La llamada defraudación fiscal existe –es un hecho– y la corrupción de nuestros políticos es un buen argumento para practicarla, aunque en absoluto la justifica. Lo que todos debemos plantearnos es qué debemos hacer para que no haya defraudadores, es decir, para que los que defraudan dejen de hacerlo y los que no lo hacen no pasen a hacerlo.

Intentando responder a este interrogante, me atrevo a proponer tres grupos de medidas para mejorar la lucha contra el fraude.

Primer grupo: es el fundamental y consiste en que se trabaje firme y decididamente para eliminar la corrupción de nuestras autoridades y para cambiar el chip de los españoles sobre la necesidad de pagar los impuestos debidos. Que se enseñe comportamiento cívico fiscal en las escuelas (desde 2003 hay un material estupendo, preparado por la propia AEAT, listo para usarse). Que, igual que policías y bomberos van a las escuelas a enseñar urbanidad y civismo, vayan inspectores de Hacienda para explicar a nuestros hijos cómo funciona el Estado, qué inversiones y gastos tienen que acometerse y cómo se sufragan. Nuestros hijos tienen que aprender desde pequeños que la seguridad y las carreteras, por poner dos ejemplos, son competencia de todos y todos las pagamos, que hay una educación y una sanidad públicas que también nos competen a todos y, sobre todo, que quien no paga al Estado los impuestos que debe es, como poco, un infractor de las normas, que nos hemos dado, que merece el rechazo social.

Sé que este es un trabajo lento, difícil y con resultados muy a largo plazo, pero la solución del fraude empezará cuando la gran mayoría de los españoles veamos a los defraudadores como delincuentes, no como héroes cuyo comportamiento nos gustaría imitar. Defraudar no puede ser visto como algo normal.

Segundo grupo: que mejoren las relaciones entre contribuyentes e inspectores; que todos los inspectores traten a los contribuyentes (y a sus asesores) como contribuyentes que son, es decir, como personas que efectivamente contribuyen a sostener el gasto público, y no como potenciales defraudadores. Aquí también hay que cambiar algún que otro chip.

La puesta en marcha de instrumentos innovadores no necesita de medios adicionales

En este nuevo clima de mayor y mejor colaboración podrían establecerse acuerdos previos entre los contribuyentes y la AEAT, al estilo de los que hay en otros países europeos (los famosos tax rulings): se trataría de que los contribuyentes se reunieran con la AEAT y expusieran las operaciones que pretenden llevar a cabo y, tras discutirlo, el contribuyente y la AEAT llegaran a un acuerdo vinculante para los dos que indicara las operaciones a realizar y el régimen fiscal concreto de esas operaciones de principio a fin.

Además, en caso de inspección, habría que promover la discusión cordial entre la inspección y el contribuyente, prolongándola hasta el momento de la firma de las actas. No tiene sentido que el contribuyente, como ahora ocurre, tenga que dar su conformidad o disconformidad a una propuesta cuyo contenido completo no conoce. Para mejorar esta relación también convendría eliminar el parámetro de deuda liquidada de la base de cálculo de la retribución variable de los inspectores, o sustituirlo al menos por el de deuda finalmente recaudada, lo que animaría a los inspectores a alcanzar la conformidad en sus propuestas.

Tercer grupo: que la AEAT haga investigación antes de comprobar, lo que permitirá evitar o, al menos, reducir el tiempo de las actuaciones inspectoras.

Una investigación bien hecha puede desvelar una discrepancia entre lo liquidado por el contribuyente y lo que la AEAT entiende que debía haberse liquidado. Una simple carta enviada al contribuyente informando de esa discrepancia le permitiría a este analizarla y, en su caso, presentar una declaración-liquidación complementaria, evitando la inspección y las sanciones. Este sistema se ha seguido en varios casos, como el de los billetes de 500 euros y el de las cuentas corrientes del Banco HSBC, con extraordinarios resultados positivos para el erario.

Si aun a pesar de la carta el contribuyente no presentara la declaración complementaria, la AEAT podría iniciar las actuaciones inspectoras con mucho camino andado, lo que reduciría el tiempo de su desarrollo y el riesgo de que su derecho a liquidar la deuda tributaria prescribiera.

La puesta en marcha de las medidas indicadas no necesita de medios adicionales, aumentaría la recaudación y reduciría enormemente la cantidad de litigios en materia tributaria, descargando de trabajo a nuestros tribunales, lo que redundaría en una mayor justicia tributaria.

José Ignacio Alemany Bellido es socio Director de ALEMANY, ESCALONA & DE FUENTES ABOGADOS y profesor de Derecho Financiero y Tributario en la UP COMILLAS-ICADE.