La impotencia de la UE ante un paro endémico
La semana que viene, unos 40 millones de jóvenes podrán votar por primera vez en unas elecciones al Parlamento Europeo. Según los sondeos, una buena parte de ellos pasará de ejercer su derecho. Y según las estadísticas, es muy probable que tanto ellos como los que votaron o se abstuvieron por primera vez en 2009 estarán en el paro antes y después del 25 de mayo.
En total, 5,5 millones de personas entre 15 y 24 años no logran encontrar trabajo en la Unión Europea. Otros 18,8 millones de personas de esa misma edad tienen empleo. Pero casi un tercio se encuentra en unas condiciones de precariedad y temporalidad que a menudo son mucho más duras que las de generaciones anteriores.
Si alguno de ellos echa un vistazo a los programas electorales para los comicios descubrirá que todos los partidos políticos les tienen en mente. Y que el fomento del crecimiento y la creación de empleo constituyen la prioridad número 1 de los aspirantes a sentarse en el hemiciclo europeo o a presidir la Comisión Europea.
El problema es que ninguna de esas instituciones dispone de grandes armas para combatir el paro. Ni parece haber voluntad política para dotarlas de los instrumentos o recursos necesarios para que la lucha contra el desempleo se libre a nivel europeo. A raíz de la crisis financiera, la UE ha establecido una unión bancaria para evitar que, en el futuro, cada país tenga que hacer frente en solitario al desplome de sus entidades. El Parlamento Europeo y la Comisión aseguran que se romperá así el vínculo entre deuda pública y privada que condenó a Irlanda al rescate y forzó a España a pedir un préstamo de 41.000 millones de euros al resto de la zona euro.
En cambio, cada país tiene que afrontar en solitario las consecuencias sociales de esa misma crisis, que en España o Grecia se han traducido en unas tasas de paro de más del 26% y de casi el 60% entre los menores de 25 años. Y lo mismo ocurre con la factura de la cobertura de ese paro que, en el caso español, asciende a unos 30.000 millones de euros al año, tanto como los intereses de la deuda.
El Grupo de Izquierda Unitaria, liderado a nivel europeo por el griego Alexis Tzipras, plantea como solución un programa de inversión, aunque sea a costa de aumentar una deuda pública que en la UE supera el 87% del PIB y en la eurozona roza el 93%.
La propuesta de Tzipras, que ayer participó por primera vez en un debate con el resto de candidatos a presidir la Comisión (el popular, Jean-Claude Juncker; el socialista, Martin Schulz; el liberal, Guy Verhofstadt; y la Verde, Ska Keller), no cuenta con muchos adeptos entre los otros partidos.
“Necesitamos más crecimiento, no más deuda”, señalaba ayer mismo, poco antes del debate, el equipo de Juncker. E incluso los socialistas se muestran cautos, a sabiendas de que la expansión del gasto podría costarles votos en los caladeros electorales del norte y del centro de Europa.
La propuesta más novedosa, defendida por ejemplo por los socialistas franceses, apunta al establecimiento de una cobertura de paro europea, que financie el subsidio con una hucha común similar a la que se va a establecer para la liquidación o reestructuración de entidades financieras con problemas. Pero en el caso del paro se trataría de fondos públicos, por lo que sería necesaria una cesión de soberanía presupuestaria que puede tardar años en llegar.
A más corto plazo, los socialistas sugieren que se aumente en 10.000 millones de euros la partida de la llamada Garantía Juvenil, un programa europeo dotado con 6.000 millones de euros y que, en teoría, debe ofrecer trabajo o prácticas a cualquier joven en un plazo máximo de cuatro meses.
Se trata, en cualquier caso, de una o dos gotas de agua en un problema oceánico para el que Bruselas no tiene solución porque sigue en manos exclusivamente de las capitales nacionales. La Comisión Europea se resigna hasta tal a punto a convivir con las cifras actuales de desempleo que, hasta el pasado mes de marzo, cifraba en el 23% el desempleo estructural de España. Es decir, la tasa de paro endémica que debe soportar el país con o sin crisis económica. Una siniestra perspectiva que las urnas europeas no pueden todavía evitar.
