El empleo y el cultivo energético
La nueva regulación eléctrica, cuya propuesta de retribución a las energías renovables y la cogeneración acabamos de conocer, va a malograr uno de los sectores que más posibilidades tienen de crear desarrollo económico y empleo en España: la generación con cultivo energético, que cuenta en nuestro país con unas posibilidades únicas y en la que disponemos de un envidiable know-how. De manera incomprensible, el cultivo energético ha sufrido un duro e injustificado golpe al recibir un tratamiento mucho peor que otras tecnologías renovables y que la cogeneración con gas natural.
La propuesta regulatoria aniquila el cultivo energético al equiparar su retribución al residuo forestal. Un serio revés que supone la sentencia de muerte para una alternativa energética renovable, autóctona, generadora de rentas rurales y puestos de trabajo como ninguna otra tecnología energética. Una tecnología cuyos mínimos costes para el Sistema Eléctrico se ven sobrada y cuantitativamente compensados por la mayor actividad económica y los ingresos para las arcas públicas por los impuestos derivados de esa actividad, así como por los ahorros por menores subsidios por desempleo.
Así, una planta de 50 MW que funcione con el modelo de Ence –que combina cultivo energético y residuo forestal al 50%–, requiere tan solo 5,5 millones de euros adicionales en concepto de cultivo energético. En cambio, el cultivo energético de esa planta genera hasta 150 empleos rurales y más de 7,1 millones de euros/año de ingresos y ahorros para las administraciones públicas, es decir, un balance final claramente beneficioso para la economía del país.
La nueva regulación eléctrica aniquila el cultivo energético al equiparar su retribución al residuo forestal
Sin embargo, la generación eléctrica de una planta de biomasa de 50 MW es 27 millones euros más barata para el Sistema Eléctrico que la de una central termosolar. ¿Cómo puede el legislador beneficiar a la generación eléctrica termosolar frente a la generación eléctrica con cultivo energético? ¿Cuál es la justificación de esta preferencia –o discriminación– entre tecnologías?
El cambio de regulación ignora las fuertes diferencias que existen en los procesos de acopio y/o producción de la biomasa de origen forestal. Se obvia el esfuerzo de aquellos productores que han dedicado importantes recursos al desarrollo tecnológico y a inversiones en nuevos cultivos energéticos. Y se obvia que tienen un proceso de desarrollo, producción y acopio muy diferente a la limpieza de montes, ya que el cultivo energético precisa de fuerte inversión en la preparación de terrenos, puesta en riego, siembra, fertilización y cosecha.
El cultivo energético que pensamos debe ser premiado con 30 euros por MWh sobre el residuo forestal es aquel en el que su promotor ha invertido en suelo, riego, plantación. No es, como se permitía hasta ahora, la simple reclasificación de un monte preexistente. Esto no es una simple reacción a la nueva regulación, sino algo que llevamos denunciando a la Administración desde hace 4 años, sin éxito. La decisión adoptada ha sido la fácil, pero injusta: se elimina directamente esta sobreprima a todo el cultivo energético, sin entender las diferencias de costes y de beneficios.
La inevitable consecuencia de este cambio regulatorio será una fuerte caída de empleo y de renta para tantos agricultores que han confiado en el cultivo energético y que ahora tendrán que abandonarlo por la pérdida de competitividad frente al residuo forestal. Además, perderemos un enorme vivero de creación de empleo –fundamentalmente rural, que sería clave para superar la crisis en el campo – y desarrollo de las masas forestales de España.
Estamos obligando a parar la producción con renovable para dar paso a combustibles fosiles y de importación
Más al contrario, corremos un serio riesgo de causar un daño irreparable a nuestros montes provocado por la sobreexplotación incontrolada del residuo forestal por podas y limpiezas excesivas. Y si nos paramos a pensar en la necesidad de muchos propietarios forestales, públicos y privados, de aumentar sus ingresos, y que pueden ver en la venta de madera una importante fuente de recursos, el peligro de desforestación para nuestros bosques es todavía más preocupante.
Además, perderemos una gran contribución del cultivo energético al medio ambiente: su elevada captura de carbono, que es especialmente intensa dado su rápido crecimiento y que puede suponer, en el mencionado caso de una planta de 50 MW, la captura de más de 300.000 toneladas de CO2 al año equivalente a las emisiones de 160.000 automóviles, aproximadamente. Parece que seguimos el camino opuesto al de nuestros vecinos europeos, que sí se están preocupando por apoyar el cultivo energético con un tratamiento regulatorio acorde con sus mayores costes de producción y ventajas aportadas. En Alemania, por ejemplo, el cultivo energético tiene una retribución adicional sobre el resto de las biomasas que puede llegar a los 60 euros por MWh (el doble de los que existían en España hasta ahora). En el caso de Italia, la regulación incentiva con una retribución complementaria de 33 euros por MWh a la biomasa con un origen inferior a 70 kms a la planta de generación lo que constituye, de hecho, un impulso al cultivo energético cercano a la producción. Es decir, cuando las políticas energéticas de otros países procuran activamente el máximo impacto positivo sobre la industria y el empleo, aquí se hace lo contrario. Eso sí, no faltan las lamentaciones sobre la pérdida de peso de la industria en el PIB y por la destrucción de empleo.
Todo ello se ve agravado con una sorprendente limitación de la retribución a 6.500 horas de producción anual de las plantas con biomasa. ¡Estamos obligando a parar la producción con energía renovable y autóctona para dar paso a centrales con combustibles fósiles y de importación! No tiene el más mínimo sentido limitar la producción de una planta de generación renovable con biomasa, una de cuyas principales virtudes para el sistema es su alta capacidad de producción anual lo que equivale a eficiencia energética, mejora de nuestra balanza comercial y reducción de las emisiones de CO2, entre otras ventajas.
En definitiva, los ahorros para el sistema eléctrico que se lograrán con este cambio regulatorio serán muy inferiores a las pérdidas para la economía española como consecuencia del menor empleo, fundamentalmente rural, menores ingresos para las administraciones públicas y mayores subsidios de desempleo, así como por los negativos efectos sobre el medio ambiente. Esperemos que nuestras autoridades energéticas tomen conciencia de las consecuencias que el nuevo tratamiento al cultivo energético provocará y no malogremos posibilidades únicas de creación de industria, empleo y renta rural en nuestro país.
Ignacio De Colmenares es consejero delegado de ENCE - Energía y celulosa.