Todo es poco para los funcionarios de negro
Los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), ataviados de riguroso negro y uno de ellos tocado de sombrero olímpico, explicaron ayer de viva voz el diagnóstico que han elaborado sobre la economía española, así como el interminable rosario de recomendaciones a sus gestores para salir airosos de la mayor crisis económica desde el crac de 1929. La cruda realidad que han advertido no es desconocida, con unas cifras de desempleo de pavor y una ausencia generalizada de crédito bancario, como tampoco lo son las peticiones explícitas tanto a Gobiernos como a empresarios, banqueros o sindicatos.
Pero en la enumeración detallada de sus propuestas se destila una bendición explícita a los avances logrados por la economía nacional con las decisiones del Gobierno en los últimos trimestres. Eso sí, todo les parece poco y piden una profundización de cuantas reformas se han puesto en marcha, a veces hasta extremos rayanos con la desregulación. Les parece bien la reforma laboral, pero piden nuevos avances que explícitamente reduzcan el coste de los despidos y los salarios y que limiten la interpretación judicial en las rescisiones objetivas. Les parece bien la reforma financiera, pero reclaman más limpieza de créditos dañados y fortalecimiento de los balances de las entidades como fórmula para expandir el crédito. Les parece bien la reforma de las pensiones, pero urgen la aplicación de mecanismos correctores del crecimiento del gasto, y ven con buenos ojos la propuesta del grupo de expertos. Sus propuestas han estado en las mesas del debate nacional en los últimos años, desde la necesidad de un pacto que sacrifique salarios por empleo hasta la oportunidad de poner en marcha mecanismos de contratación que ajusten el coste del despido a la antigüedad del trabajador.
Pero parece pronto para dar por fracasada una reforma laboral como la última que aprobó España, hace ahora 15 meses, y que reducía notablemente el coste del factor trabajo, esa variable que tiene relación directa con su cantidad. Seguramente pueden hacerse nuevas modificaciones, sobre todo en materia de contratación, para estimular la generación de empleo de los jóvenes, y seguramente los costes deben acoplarse más a la productividad, pero siempre que en paralelo se produzca una flexión acorde en los precios finales para evitar que la caída de la renta disponible, ya muy mermada por la crisis, se prolongue todavía más y deprima el consumo. Pero no está de más comprobar primero los efectos de una reforma que hasta ahora solo ha podido desenvolverse en contexto recesivo, y después corregir el tiro.
El Fondo Monetario Internacional ha admitido errores en sus planteamientos en los últimos años, sobre todo en la infravaloración de los efectos de la austeridad fiscal sobre el crecimiento, y parece ahora el irreconocible primer abanderado de una especie de keynesianismo con freno de mano, por el temor, ya extendido por toda Europa, a que la crisis financiera y fiscal devenga en acontecimientos de carácter social y político más complicados de atajar. Por ello ahora recomienda reducir el ritmo de reducción de déficit, ya pactado por España con la Comisión Europea, pese a estar las Administraciones públicas todavía en un desequilibrio del 7% del PIB y con una deuda que puede traspasar el umbral del 100% del PIB el año próximo. Además, incluso reclama a Europa ayuda para España en materia de financiación de las empresas, acelerando la puesta en marcha de la unión bancaria y despejando vías alternativas para las empresas.
Siempre hemos mantenido que cuanto más intensa fuese la agenda reformista en una economía viciada y desequilibrada como la española, antes abandonaríamos la recesión y se recompondrían, aunque sea con lentitud, las variables más dañadas de la sociedad. Y hay que admitir que en la demanda de nuevas reformas el FMI siempre ha sido un ariete reconocido, que insiste en cambios profundos en las Administraciones (materia en la que el propio Rajoy abrió ayer formalmente el proceso) o en los mecanismos de presupuestación y financiación de la estructura territorial del Estado. Ahora, quizás, el Fondo debería concentrar sus esfuerzos e influencias en las instituciones europeas para que hagan su parte del trabajo.