Tribuna

La paradoja del coste de la energía

Un error generalizado en los últimos años, cuando se habla del déficit de la tarifa eléctrica, es confundir conceptos como deuda, coste y déficit y asociar su generación solo con las primas a las energías renovables.

Un viaje a través de los informes de la CNE en los últimos 10 años nos muestra una fotografía algo distinta de la que nos quieren hacer ver. Según estos informes, el 41% de la deuda acumulada proviene de los llamados déficit ex ante: de los momentos en que el responsable político no fue coherente con su modelo de asignación de precio y, conociendo que su sistema iba a generar un déficit, no lo trasladó a los precios finales. Un 31% se produjo por precios en el mercado eléctrico superiores a los previstos, un 5%, por desviación de los costes extrapeninsulares, y un 1%, por desviación en los costes financieros de la deuda.

Y, sí, un 22%, por desviaciones en los cálculos de las primas del régimen especial. Aunque hay que tener en cuenta que parte importante de estas desviaciones son simplemente contables y no han supuesto un incremento de costes, debido a la paradoja de que en los momentos en que se incrementa la producción de las renovables, como ha sucedido en el primer trimestre del año, se abaratan los precios de mercado.

Las primas al régimen especial tienen una relación inversa con el precio del pool, de modo que el descenso de éste se ha traducido en un incremento de primas del 13% en el primer trimestre. Las renovables no van a cobrar más –perciben una tarifa fija; la prima es la diferencia entre esa tarifa y el precio del pool–, pero el incremento de las primas sí tendrá efectos por su asignación en los peajes de acceso.

Así, los hogares sufragarán en los peajes de acceso el incremento de primas, pero no se beneficiarán del descenso del pool causado por las renovables, ya que el precio del término de energía de la tarifa doméstica del primer trimestre se fijó en la subasta CESUR del pasado 21 de diciembre.

Actualmente, la previsibilidad en la producción renovable, unida a las restricciones regulatorias, hace que prácticamente sea nula la variación entre la capacidad instalada en energía fotovoltaica y la prevista. Es cierto que no todos los años ha sido así, y, en 2009, se produjo una importante variación debida a un error regulatorio no achacable a los inversores que confiaron en el texto del BOE y pensaron que nuestro país era fiable jurídicamente.

La deuda acumulada por el déficit de tarifa, más de 28.000 millones, es un problema de primera magnitud que necesita ser resuelto, aunque no en contra de los objetivos fundamentales de toda política energética: seguridad del suministro y sostenibilidad económica y ambiental. Con especial hincapié en la eficiencia energética en un país con un 84% de dependencia externa.

Se debe hacer una auténtica reforma y no una nueva colección de recortes que solo sirven para taponar una herida que sigue sangrando. Estas reformas deben afectar a todos los sectores, pero teniendo en cuenta que algunos, como el fotovoltaico, sufren ya un recorte superior al 30% de los ingresos previstos en su plan de inversión inicial y apenas les queda más margen que entregar las llaves de las instalaciones a los bancos. Una de las medidas de racionalización de nuestro sistema de asignación de precios pasaría por trasladar el concepto regulatorio de las Primas del Régimen Especial al término liberalizado de la factura con una cuota renovable por cada kWh consumido.

La propuesta se sustenta en que las primas al Régimen Especial tienen una retribución variable en función de la energía producida; no son un coste estructural fijo, de manera que el lugar adecuado de asignación dentro de la factura es en la parte variable del término de energía. Este modelo de asignación ya se emplea en Alemania o Italia y nuestro propio sistema lo contempla para otros costes regulados, como los pagos por capacidad o los ingresos a la generación con carbón nacional.

La asunción de esta propuesta redundaría positivamente en los costes del sistema. Al trasladar una parte significativa al término liberalizado se automatizan los posibles incrementos, eliminando una de las mayores causas de la generación de los déficits anuales, la no coherencia entre los resultados del modelo de asignación de precio y las decisiones políticas tomadas al respecto.

Este sistema eliminaría los costes financieros asociados y contribuiría a que el efecto de bajada de las renovables sobre los precios de mercado se reflejara en la factura del consumidor final. Una medida tan sencilla como esta redundaría en un mejor funcionamiento del sistema, en una mayor estabilidad del mismo y en un reparto más justo de sus costes y beneficios entre los distintos consumidores.

José Donoso es director general de UNEF

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