20 de los 27 países de la UE fijan un suelo

La mayoría de países sin salario mínimo tiene menos paro juvenil

Las rentas mínimas en Europa oscilan entre los 157 euros mensuales de Rumanía y los 1.874 de Luxemburgo

La configuración del mercado laboral y la marcha de la economía también influyen en el volumen de desempleo juvenil

Grupo de jóvenes en Girona.
Grupo de jóvenes en Girona.

El Banco de España irrumpió la semana pasada en el debate sobre las posibles soluciones al paro con una propuesta que levantó rápidamente la polémica. Según sugirió esta entidad, España podría empezar a permitir que “grupos específicos de trabajadores con mayores dificultades para su empleabilidad” puedan ser contratados con retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), fijado actualmente en España 645,30 euros al mes.

Enseguida surgieron defensores y detractores de esta tesis;pero el Gobierno parece haber rechazado, de momento, la eliminación del salario mínimo. Aunque ha restado, importancia a la posibilidad de que esto se hiciera por el “acotado” número de personas que lo cobran.

Pero ¿qué hacen otros países europeos? Los Estados no se ponen tampoco de acuerdo sobre su conveniencia y los efectos sobre la evolución de los salarios, la actividad y el mercado laboral. No hay un consenso, a pesar de que el Informe Delors previo a la creación del euro aconsejaba que esta renta desapareciese. De hecho, el ex presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, propuso recientemente crear un salario mínimo europeo o de lo contrario los Gobiernos “perderán el apoyo de la clase trabajadora”, dijo.

Hoy en día 20 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo fijado por ley. Según los datos de la oficina de estadística europea (Eurostat) estos países pueden dividirse en cuatro grupos, en función de si tienen o no esta renta y de su cuantía, que oscila entre los 157 euros mensuales de Rumanía y los 1.874 de Luxemburgo.

En un primer grupo estarían los países sin salario mínimo: Dinamarca, Alemania, Italia, Austria, Finlandia, Suecia y Noruega. En segundo lugar, los países con un salario mínimo más bajo, de entre 100 y 500 euros al mes (Rumanía, Bulgaria, Letonia, Lituania, República Checa, Estonia, Eslovaquia y Hungría). El tercer grupo tiene rentas mínimas de entre 500 y 1.000 euros mensuales (Portugal, Grecia, Malta, España y Eslovenia). Y finalmente aquellos con salarios mínimos superiores a 1.200 euros (Luxemburgo, Bélgica, Francia, Irlanda y Holanda).

Analizando un posible efecto de estas rentas en los mercados laborales y las economías de estos países, una de las primeras conclusiones que pueden sacarse es que los países que no tienen salario mínimo, cuentan con las tasas de paro juvenil más bajas dentro de la UE;de entre el 7% y el 19%, frente a la media comunitaria que es del 23,5%. Con una excepción: Italia, que no tiene renta mínima legal y su tasa de paro juvenil es la cuarta más elevada de la UE.

La variable del PIB

Sin embargo, la cuantía del salario mínimo no está igual de relacionada con la mayor o menor tasa de paro juvenil. Así la mayoría de los Estados con rentas mínimas superiores a los 1.200 euros mensuales tiene tasas de paro juvenil inferiores a la media europea;mientras que los países con más desempleo entre sus jóvenes tienen salarios mínimos intermedios, entre 500 y 700 euros.

En este caso, además de las distintas configuraciones del mercado laboral, que también influyen mucho, podría operar también, entre otras causas, la evolución del PIB, que cae más entre los países con más paro juvenil.

Es más, en los dos Estados europeos con mayor tasa de paro entre los jóvenes(España y Grecia) sus salarios mínimos representan un porcentaje más bajo sobre la media del poder de compra;esto que supone una razón más para desvincular la cuantía de esta renta con el desempleo juvenil.

Quizás por este motivo el líder de los empresarios españoles, Juan Rosell, rechazaba la pasada semana abrir el debate sobre el salario mínimo. Fuentes patronales aseguran en privado que su preocupación no radica tanto en la existencia de esta renta mínima –que efectivamente reconocen que no afecta a más de 300.000 trabajadores– como en la fijación de salarios mínimos de entrada a distintos sectores, que se fijan en los convenios colectivos sectoriales de distintos ámbitos.

Pero otras fuentes empresariales sí dan importancia al salario mínimo legal, porque actúa como base para los salarios de sector, que siempre tienen que ser superiores, lo que eleva en general el resto de las retribuciones. Este es precisamente el modelo elegido por Alemania.

 

La renta mínima llegó a España en 1963

La primera vez que un Gobierno creó un salario mínimo legal para sus trabajadores fue en el estado australiano de Victoria en 1894. A España esta renta mínima, tal y como la conocemos hoy, tardaría en llegar casi setenta años más. Fue en 1963, siendo ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, cuando se estableció un salario mínimo de 60 pesetas diarias. La mayoría de los sucesivos Gobiernos han ido aumentando esta renta año a año, salvo algunas excepciones en las que su aumento se ha congelado por las circunstancias económicas adversas; o su incremento ha sido inferior a la inflación con lo que sus perceptores han perdido poder adquisitivo. Así, se pueden observar dos periodos claramente diferenciados. Desde su creación a principios de los años sesenta hasta principios de los años ochenta. En este tiempo, los trabajadores que cobraban el salario mínimo multiplicaron su poder de compra por más de 2,5. Mientras que desde mediados de los ochenta hasta mediados de la década del 2000, los perceptores de esta renta mínima llegaron a perder hasta el 10% de su poder de compra en la media del periodo.

En cualquier caso, a mediados de los noventa, tras la anterior gran crisis económica de España, algunos dirigentes europeos ya recomendaron la eliminación del salario mínimo. A lo que los ministros socialistas de Economía, Pedro Solbes, y de Trabajo, José Antonio Griñán ya reaccionaron asegurando que “lo del salario mínimo no va con España”, por el bajo número de trabajadores que lo cobraban. Idéntico argumento usado la pasada semana por el Gobierno de Mariano Rajoy.

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