El Banco de España marca el camino
El primer discurso de Luis María Linde ante el consejo de gobierno del Banco de España, pronunciado un año después de ponerse al frente de la entidad, ha llegado acompañado de un tono sosegado y discreto, muy diferente al estilo –bastante más incisivo– de su predecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Las palabras del nuevo gobernador han resultado más neutras, sin embargo, que el informe anual de la institución que preside, en el que se proponen recetas que a priori pueden resultar espinosas –como la conveniencia de eliminar el salario mínimo interprofesional en determinados supuestos–, pero que en las actuales circunstancias merecen un análisis profundo, sereno y riguroso. El discurso de Linde ha incidido en los logros de la reforma financiera, pero incluye también un toque de atención a las entidades del sector, a las que ha pedido que contribuyan a “optimizar” un saneamiento y reestructuración que deben ser completados cuanto antes. El gobernador recordó que ese esfuerzo pasa también por desterrar las elevadas remuneraciones percibidas en los últimos años por directivos del sector, así como moderar las políticas de dividendos de algunas de las entidades y reducir la opacidad en las informaciones dirigidas al mercado por parte de ciertas firmas financieras.
Todo ello debería contribuir a desatar cuanto antes el gran nudo gordiano que impide que el crédito fluya en España y está condenando a la inanición financiera tanto a empresas como a familias. Aun así, se trata únicamente de la mitad de la receta. La otra mitad pasa, entre otras medidas, por acabar con la preocupante fragmentación de los mercados financieros en la Europa del euro, que ha condenado a buena parte de los europeos –los españoles, entre ellos– a unos costes de financiación sustancialmente más gravosos que al resto. Esa fragmentación ha provocado, de facto, la doble velocidad contra la que Europa ha advertido una y otra vez desde el comienzo de la crisis.
Precisamente por ese motivo, el esfuerzo de reestructuración realizado por el sector financiero español tiene que completarse con una acción decidida del Gobierno –en unión con el resto de los ejecutivos europeos– para impulsar una unión bancaria que no termina de arrancar. A ello hay que sumar la tarea de completar las reformas económicas emprendidas en nuestro país. En esa línea, el informe anual del Banco de España aboga por seguir adelante con un calendario reformador que pasa por dar una vuelta de tuerca más a algunos de los cambios estructurales emprendidos hasta el momento. Es el caso de la reforma laboral y la propuesta, realizada por el organismo regulador, de eliminar el salario mínimo interprofesional en aquellos grupos de desempleados con mayores dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Pese a las primeras reacciones –previsibles y encendidas– de los agentes sociales ante la propuesta, hay que recordar que existen numerosos países en los que no está regulado el salario mínimo, entre ellos, Alemania y Estados Unidos, que cuentan con unas cifras de desempleo que no tienen nada que ver con la española. Las escandalosas cotas de paro que soporta España hace necesario revisar con objetividad y sin demagogias cualquier receta que pueda incidir en los mecanismos de creación de empleo.
Ese esfuerzo de racionalización y análisis objetivo debería estar sustentado por un gran pacto de Estado entre Gobierno y oposición, tal y como defiende el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Un acuerdo de esa naturaleza permitiría avanzar con mayor seguridad en la agenda reformista impuesta a una ciudadanía cuya capacidad de sacrificio comienza a agotarse por los rigores de una crisis que no parece tener fin.
De alcanzarse un pacto político de ese calibre, este debe constituir un respaldo –y no una barrera– a la hora de implantar los cambios que necesita nuestro modelo económico. Ello requiere una generosa dosis de flexibilidad por parte del Gobierno, pero también un alto grado de responsabilidad y de altura política en las filas de una oposición cuyas recetas económicas ya han sido probadas sin éxito en España.