El lujo de las jubilaciones tempranas
Desde 2008, la crisis económica ha propiciado la jubilación anticipada de más de medio millón de trabajadores españoles. Una cifra desorbitada –equivale a cuatro de cada diez retiros– que supone hasta un 10% del gasto anual en pensiones. Como indica el hecho de que se denomine “bajas no traumáticas” a los retiros tempranos que se incluyen en los Expedientes de Regulación de Empleo, esta figura se ha convertido en una herramienta con la que las empresas tratan de suavizar la dureza de los procesos de ajuste laboral. Prueba de ello son las cifras que maneja la Seguridad Social, que arrojan un saldo medio de 113.500 retiros anticipados anuales desde el comienzo de la crisis.
Las jubilaciones tempranas se han convertido así en un lastre económico para el sistema de pensiones. Si en los años de bonanza, cuando la Seguridad Social registraba superávit año tras año, esa carga no constituía un problema excesivo, esa circunstancia ha ido cambiando a medida que la situación económica ha empeorado. Conscientes de esa evolución, tanto el Gobierno anterior –que aprobó en 2011 un endurecimiento del acceso a esta figura para que entrase en vigor en enero de 2013– como el actual –que ha dado una nueva vuelta de tuerca a la legislación– se han visto obligados a restringir su utilización. Una retricción, instada también desde Bruselas, y cuya razón de ser no es otra que la propia supervivencia del sistema de pensiones. Dado que ese sistema no se alimenta de aire, prolongar la vida laboral activa de los trabajadores y frenar la sangría que supone la salida anticipada de españoles en edad de trabajar del mercado constituyen dos objetivos irrenunciables.
La sostenibilidad de la caja de las pensiones es una cuestión recurrente en España, pero se ha convertido en un tema verdaderamente crucial por el escenario de crisis que vivimos en estos momentos. Las sombras sobre el futuro de la Seguridad Social constituyen un problema de indudable trascendencia social, pero también de importancia macroeconómica. En primer lugar, porque la robustez del sistema contributivo de un país apuntala la confianza de los ciudadanos en que al final de su vida laboral les aguarda una razonable seguridad financiera. Esa confianza en el futuro constituye una premisa básica para estimular el crecimiento en la economía. A esa circunstancia hay que sumar las incógnitas que arroja sobre la sostenibilidad del sistema el panorama macroeconómico que la economía española debe afrontar en los próximos años, con una desorbitada tasa de desempleo y el progresivo envejecimiento de la población. En ese escenario, la jubilación anticipada se ha convertido en un lujo insostebible.