Una solución de largo plazo para las pensiones
Con las pensiones no se juega. Los dos grandes partidos políticos que se han turnado en la administración de los asuntos públicos en España en democracia llegaron a pactar la mutua intención de no hacer de ellas arma política ni electoral, aunque tal compromiso salta por los aires demasiado a menudo. En todo caso, si el juego se limita al simple cruce de acusaciones sobre quien trata mejor, quien peor, a los pensionistas, debemos darlo casi por bien empleado, por inofensivo. Pero desde luego no es admisible que el juego llegue hasta el punto de llevar el sistema de pensiones de los españoles al borde de la inviabilidad financiera, puesto que es la base más sólida del Estado del Bienestar y de él dependen el sosiego, tras el retiro laboral, de toda la ciudadanía. Nada es más corrosivo para el estado de ánimo de una sociedad y su nivel de consumo e inversión como el temor fundado de que su pensión futura esté en riesgo.
La Seguridad Social ha pasado de tener generosos superávits financieros en los años pasados, a generar déficit ya por dos años consecutivos, como consecuencia del castigo del empleo. Es una evidencia que, aunque existe un fondo de reserva abultado, el sistema de pensiones precisa de reformas importantes, a ser posible pactadas, para garantizar su viabilidad sin género alguno de dudas. Aunque se han hecho cosas importantes, no está de menos acelerar su aplicación, y estudiar cambios adicionales. Cuantas más certezas existan sobre la sostenibilidad del sistema, mayor será la aportación, intangible pero imprescindible, a la recuperación de la confianza de los particulares, de su demanda e inversión, y de la recuperación económica en general. Es un hecho probado que Alemania, por ejemplo, solo logró agitar el consumo y la inversión de sus ciudadanos en los primeros años del siglo, cuando las reformas del sistema de pensiones y sanitario público sacudieron los miedos de la población a que ambos pilares del bienestar quebrasen. En España aún no ha cundido hasta tal punto la preocupación, pero conviene acelerar los cambios para evitarlo.
El margen que puede proporcionar el fondo de reserva de las pensiones, que acumula unos 60.000 millones de euros, no puede considerarse suficiente como para esperar a que la coyuntura económica devuelva la buena salud a las pensiones. Solo media docena de años como este, en el que ha habido que echar mano del ahorro para pagar la paga extraordinaria de Navidad, consumirían la bolsa y tendríamos un problema mayor. Además, hay que tener en cuenta que la reducción general del nivel de salarios provocada por la devaluación interna subterránea que está experimentando el mercado de trabajo, conllevará una reducción generalizada de las bases de cotización y de los ingresos. Por tanto, las reformas no pueden esperar: ni la aplicación de las ya hechas, ni las adicionales que maneja el Ejecutivo.
El 1 de enero próximo entra en vigor la reforma ambiciosa del Gobierno Zapatero, que pretende llevar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, aunque con un periodo transitorio tan dilatado que no será plenamente efectiva hasta 2027. Que cada año se añada desde ahora un mes a los 65 años como barrera de jubilación parece poca cosa para la gravedad del problema, como parece poca cosa elevar un año cada ejercicio los quince años que ahora se toman para calcular la cuantía de la primera pensión.
La gravedad del problema impone una aceleración de los ritmos marcados, aunque aconseja también que tal cambio de ritmo se haga consensuadamente entre Gobierno y oposición. Este tipo de cambios tardan en dar verdaderos frutos, aunque finalmente los dará porque endurece la cotización y reduce el tiempo de cobro, incrementando el grado de contributividad del mecanismo, ahora demasiado generoso con los cotizantes más laxos.
El Gobierno quiere, mientras tanto, retrasar todo lo que sea posible la edad real de jubilación, acercarla a los 65 legales, ya que ahora uno de cada dos españoles se jubila con menos de 65 años, y uno de cada tres, con una media de 61. Poner cuantos cepos sean racionales a la jubilación anticipada voluntaria y a la empujada por las empresas, tiene pleno sentido, así como eliminar el fraude corrosivo de las jubilaciones parciales que le cuestan al sistema más de 2.500 millones de euros.