Una purga de entes públicos superfluos
La patronal de empresarios CEOE ha elaborado una propuesta, todavía en fase de borrador, cuyo objetivo es eliminar el Consejo de Responsabilidad Empresarial Estatal (Cerse), un organismo creado hace cuatro años y adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El proyecto de CEOE apuesta por sustituir este ente por un foro de debate, en el que tengan mayor peso las empresas y se reduzca significativamente la presencia de los representantes de la Administración pública, agentes sociales y organizaciones de distinta índole. En un ejercicio de racionalidad y realismo que no debería ser excepcional en la coyuntura económica actual, pero que, lamentablemente, continúa siéndolo, los empresarios sugieren reducir los desmesurados 56 miembros de que consta hoy el organismo a 12 vocales. Con un argumentario difícil de rebatir, CEOE sostiene que las aportaciones de los grupos que integran el actual Cerse "quizá no sean las más constructivas para la mejor promoción de la responsabilidad social corporativa en España". El modelo alternativo que defienden los empresarios -cuya puesta en marcha exigiría modificar la Ley de Economía Sostenible- asignaría seis de esos doce vocales a las asociaciones empresariales (cuatro a CEOE y dos a Cepyme) y distribuiría los seis restantes entre los demás grupos. El documento, entre otras cuestiones, recoge una recomendación que no debería faltar en la gestión de cualquier activo empresarial, aunque sea de naturaleza intangible, como la RSC: la necesidad de que el fin último de las acciones corporativas en todos los frentes apunte a algo tan concreto y razonable como la mejora del resultado empresarial a medio y largo plazo.
Más allá del sentido común que se desprende del borrador que ha elaborado la patronal, el análisis sobre la utilidad, las dimensiones y las posibles deficiencias del Consejo de Responsabilidad Empresarial Estatal constituye un modelo aplicable a muchos de los organismos que perviven en el seno de las distintas Administraciones españolas. La desaforada creación de asociaciones y entes públicos sobredimensionados en cuanto a número de integrantes, discutibles en cuanto a utilidad de funciones y superfluos en materia de gasto en un momento en que la máxima es un ajuste presupuestario estricto revela los lastres de un sector público que todavía no ha completado sus deberes. Entre las asignaturas pendientes que los Gobiernos central y autonómicos tienen que abordar figura el adelgazamiento y racionalización, bajo términos de eficacia y funcionalidad, de ese entramado de asociaciones, fundaciones, instituciones públicas y otro tipo de corporaciones que si no llegaron a ejercer un papel fundamental en tiempos de bonanza, no deberían mantenerse en tiempos de crisis.