¿Puede la ley abrir la puerta al tráfico ilícito de tabaco?
El mundo cambia y no siempre para bien. Hace no muchos años hubiera sido impensable que existiera el día mundial de la lucha contra la falsificación, ese día ha llegado debido al evidente perjuicio que causa este fenómeno. Ante esta realidad, venimos oyendo aquello de "hay que concienciar al ciudadano", pero la pregunta es: ¿y no habrá que concienciar también al legislador? El auge de la falsificación de productos se relaciona, en muchos casos, con la falta de un análisis previo por parte del legislador de las consecuencias de la aplicación de la norma. Se redacta la ley, pero se ignoran los efectos económicos, sociales o de seguridad que muchas de las restricciones asociadas a la misma pueden tener sobre los productos y su comercialización. Y al final, las víctimas de esta situación somos todos: los consumidores, las compañías fabricantes, el mercado y los propios Gobiernos.
La lógica es sencilla: el consumidor se ve tentado por el precio y la rapidez con la que a cualquier hora y en cualquier sitio puede adquirir el producto que busca, aunque en muchas ocasiones le den gato por liebre. Y es ahí cuando entra en juego la responsabilidad del legislador de valorar de antemano las consecuencias negativas que sus decisiones puedan acarrear en la práctica. Sobre todo si entre las consecuencias se producen riesgos para la salud y la seguridad ciudadana.
Uno de los sectores que ilustra en gran parte lo anterior es el del tabaco, una actividad económica amplia y exhaustivamente regulada, como no podía ser de otra manera por el tipo de producto que comercializa. En nuestro país hemos visto cómo la falsificación y el comercio ilícito de tabaco han pasado de ser prácticamente inexistentes hace menos de cinco años a situarse en niveles entre el 8% y 10% a nivel nacional, e incluso superar el 20% en algunas zonas de Andalucía. Las mafias que introducen tabaco falsificado están cada vez mejor organizadas, ya que la elevada fiscalidad actual, en niveles del 80% del precio de venta al público, hace que el tráfico ilícito de tabaco sea una actividad extremadamente rentable. Tan solo en 2010 la consultora KPMG estima que el 10% de los cigarrillos que se consumieron en la UE procedieron del mercado ilegal, cuyos puntos de partida son Europa del Este y Asia en la mayoría de las ocasiones. Y la tendencia desde entonces ha sido creciente, con el consecuente perjuicio económico para los Estados miembros debido a este tipo de fraude fiscal.
Este escenario actual podría empeorar de forma muy significativa de aplicarse las propuestas incluidas en la revisión de la Directiva 2001/37/CE sobre productos del tabaco que la Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de 2012. Hablamos, entre otras, de medidas que afectarían al empaquetado de los productos del tabaco a través de la estandarización, para que todos tengan la misma apariencia, y la inclusión de advertencias sanitarias de tamaño desproporcionado. Restricciones que, en conjunto, supondrían la expropiación de las marcas y que además facilitarían enormemente la falsificación del tabaco, al reducir los medios que utilizan los fabricantes para garantizar la legalidad, autenticidad y trazabilidad de sus productos.
Igualmente, este tipo de medidas desproporcionadas y maximalistas se convertirían en un serio precedente para otras industrias que operan legalmente en el mercado y que podrían verse en el futuro afectadas por restricciones similares.
La propuesta de la Comisión Europea también puede incluir medidas dirigidas a la restricción de la exposición del producto en los puntos de venta, los estancos, y la venta por medio de máquinas expendedoras, que en España están actualmente permitidas en la hostelería y las tiendas de conveniencia. Lo cual sería incomprensible, puesto que precisamente estos canales ya incorporan sistemas de control de la edad. Plantear un escenario en el que este efectivo control del acceso al tabaco se suprimiese, permitiendo así la proliferación de puntos de venta ilegales, resulta del todo absurdo y sería el paradigma de la máxima contradicción entre el fin perseguido y la realidad de las consecuencias.
Lo cierto es que no solo la eficacia de estas medidas carece de justificación científica sólida sino que, además, lo que se conseguiría es facilitar la labor de los falsificadores y desabastecer a la demanda legal de tabaco en muchas zonas, avivando la actual tendencia al alza del tráfico ilícito. Y, por supuesto, ocasionarían un grave perjuicio para toda la cadena de valor del sector del tabaco que genera 56.000 empleos, y para la economía nacional por el peso que este sector tiene en España, un perjuicio especialmente negativo si cabe por los difíciles momentos que vivimos. No olvidemos que un mayor índice de comercio ilícito implica menores ingresos estatales derivados de la recaudación por impuestos del tabaco. Y en España estos tributos actualmente aportan unos ingresos de 9.600 millones de euros anuales al Estado y representan el 6% de los ingresos totales derivados de impuestos.
En conclusión, existe realmente en este caso el riesgo de que una determinada ley acabe provocando la trampa. Lamentablemente, parece que en la revisión de la directiva sobre productos del tabaco que está elaborando la Dirección de Salud y Consumidores de la Comisión Europea no se está contemplando con suficiente rigor científico el impacto negativo que ocasionaría en los Estados miembros. Frente a ello, la solución no es la ausencia de regulación, sino la evaluación exhaustiva de los pros y contras de su aplicación, contando para ello con estudios solventes y con la colaboración de los sectores afectados.
Confiamos en que en esta ocasión nuestros gobernantes sepan explicar las implicaciones para España ante el legislador europeo, y que este consiga cerrar las puertas a quienes se aprovechan ilícitamente de los resquicios que deja la ley.
* La Mesa del Tabaco es un grupo de trabajo en el que están representados el sector del tabaco y la CEOE para trasladar su posición sobre la revisión de la Directiva 2001/37/CE de productos del tabaco.
Juan Páramo. Portavoz de la Mesa del Tabaco