¿Es necesario un ajuste tan dramático?
Pocas veces el presupuesto español ha suscitado tanta expectativa como en el actual ejercicio, condicionado por las dificultades de financiación externa provocadas por la crisis de deuda soberana, y por el planteamiento hecho desde las instituciones europeas para resolver dicho problema.
El presupuesto presentado por el gobierno propone reducir el déficit en 3,2 puntos del PIB respecto de 2011, como se propuso en Bruselas, con un esfuerzo repartido casi a partes iguales entre la Administración Central y las CC AA. Tal objetivo se pretende lograr reduciendo los gastos, a la vez que incrementando la recaudación tributaria. Por el lado de los gastos, las actuaciones más afectadas se refieren a la cooperación internacional y la promoción del desarrollo, a la inversión pública, ya muy afectada en 2011, especialmente las inversiones en infraestructura del transporte, y a la congelación de sueldos de funcionarios, nuevamente. Por el lado de los ingresos: mediante el aumento ya introducido en el IRPF, en los rendimientos del capital y en la imposición sobre bienes inmuebles, la elevación de impuestos sobre el tabaco, y eliminando deducciones en el Impuesto de Sociedades, especialmente para las grandes empresas. La eliminación de la libertad de amortización, el diferimiento de beneficios fiscales y la deducción por gastos financieros introducen simplicidad y rigor tributario y deben aplaudirse. Por último, introduciendo un tipo reducido sobre rentas no declaradas, con el que el gobierno espera recaudar 2.500 millones de euros. Las principales incógnitas van a surgir, inevitablemente, acerca de la capacidad de las CC AA de cumplir su parte de la restricción del gasto, así como sobre el cumplimiento de las expectativas de incrementos de recaudación, dado que la elevación de tipos impositivos conlleva generalmente un descenso de la correspondiente base imponible, aminorando así el potencial incremento recaudatorio. Algo similar sucede con los posibles efectos de la "amnistía fiscal", cuyo impacto realmente no se controla. Por último, el enfriamiento de la actividad y la destrucción de empleo pueden hacer que el incremento de recaudación por la elevación del IRPF sea inferior al esperado, de igual modo que la capacidad recaudatoria del IVA, que podría caer más del -2,6% esperado por el gobierno.
En la pasada etapa de crecimiento se han producido importantes excesos en la expansión de personal, instituciones y obra pública, especialmente en las AA PP, y sería muy sano reducir el número de funcionarios y los gastos suntuarios de las mismas. Pero de ahí a creer que, como en ocasiones se escucha y lee estos días, eliminar el déficit es un seguro hacia el crecimiento económico, media un abismo. No es esto lo que enseña la Teoría Económica, sino más bien lo contrario. Podría ser el momento de analizar partidas de ingresos y gastos y plantearse la conveniencia de cada una de ellas, eliminando las improductivas y manteniendo las productivas, sin perseguir resultados a corto plazo. Por otro lado, la existencia de un mecanismo supervisor de los presupuestos nacionales a nivel de la UE ayudaría al rigor presupuestario y facilitaría la confianza externa en los procesos de consolidación fiscal. No es fácil entender las quejas acerca de la "supuesta pérdida de soberanía" que conllevaría la "intromisión" de dicha institución fiscal europea. Mayor gradualismo, permitiendo estímulos de demanda, y mayor integración europea para la coordinación fiscal y la financiación soberana parecen vías más prometedoras que las que actualmente se siguen.
Y, si se actúa sobre cifras globales ¿es necesario un ajuste tan dramático? Con frecuencia parece olvidarse la naturaleza de la estructura dinámica del endeudamiento, por la que el déficit se convierte en Deuda, que se ve a su vez incrementada por el necesario servicio de los intereses sobre la misma. Este proceso, que puede analizarse bajo determinados supuestos acerca del coste (tipo de interés real) al que se coloca la Deuda en los mercados y de la capacidad del país emisor de generar nuevos recursos, puede conducir a resultados quizá sorprendentes: uno, que no todos los países pueden sostener el mismo nivel de Deuda, como parece requerirse reiteradamente en Europa. Otro, que puede ser más favorable mantener déficits elevados durante un número mayor de años, que reducir drásticamente el déficit tanto en cuantía como en duración temporal. La razón es que el ajuste drástico pueda reducir la demanda y con ella el empleo, reduciendo asimismo la recaudación tributaria, tanto del consumo, como de la renta de las personas, a la vez que aumentan los gastos sociales. Un tercero, que en la dinámica del déficit español, bajo supuestos razonables, un déficit más elevado del exigido por Bruselas durante este y los próximos tres años sería todavía compatible con un nivel de endeudamiento del Estado inferior a la mayoría de nuestros socios europeos.
Alfonso Novales. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Universidad Complutense