Consolidación fiscal
El autor defiende la necesidad de que España realice su proceso de ajuste a un ritmo más pausado, así como que Europa utilice una política fiscal expansiva, financiada por eurobonos, para reactivar la demanda
La consolidación fiscal en España se puede y se debe hacer a un ritmo más pausado y, pese a ello, conseguir que la ratio de endeudamiento no llegue a superar el 80% y comience a declinar en 2015. Sigo encontrando escaso sentido a la incorporación de la limitación de déficit a la Constitución. Y hay motivos de diversa índole para defender una expansión fiscal a nivel de la UE.
En el contexto recesivo en el que nos encontramos, y que puede mantenerse hasta mediados del próximo año, es conveniente suavizar la consolidación para no empeorar aún más el nivel de actividad y, sin embargo, no alcanzar el 80% en la ratio de endeudamiento y comenzar su reducción en 2015. Con una previsión de crecimiento en los próximos tres años de -1,5%, 0% y 1,5%, un déficit del 6%-6,5% este año, del 4,75% el próximo y del 3,5% en 2014 nos situaría con un endeudamiento ligeramente por debajo del 80% del PIB, menor que la práctica totalidad de los países europeos. A partir de ahí, en 2015 se podría registrar un superávit primario pequeño, compatible con un déficit total del 2,5%. Mantener ese superávit primario, sin necesidad de una vuelta más de tuerca, situaría la ratio de endeudamiento en una senda decreciente, que en el límite tendería a cero, incluso aunque el tipo de interés real fuera algo mayor que la tasa de crecimiento del PIB, que se tornaría en una disminución más rápida si y cuando esa relación fuera la contraria.
La credibilidad se alcanza haciendo programas creíbles con objetivos bien definidos, como el que acabamos de esbozar, y luego cumpliéndolos. Y se pierde haciendo programas innecesariamente exigentes con alto riesgo de incumplirse y que tienen consecuencias negativas para los propios objetivos.
Y la credibilidad no se adquiere por elevar a norma constitucional una restricción cuantificada de la política económica. Evitar que la dinámica de endeudamiento sea explosiva depende del déficit (primario), pero también de la relación entre tipo de interés y tasa de crecimiento del PIB. Un determinado saldo presupuestario requiere una corrección en determinadas circunstancias y no necesita de ninguna respuesta en otras. Hay que recordar que una ratio de endeudamiento pequeña, a la que podría abocarse, no solo sería un objetivo absurdo, sino que sería muy perjudicial para el funcionamiento del sistema financiero.
Resulta bien sabido que la respuesta ante un déficit depende también del estado general de la economía y que es más que lícito otorgar un carácter anticíclico al presupuesto. De ahí la noción de saldo estructural, poderosa conceptualmente pero no observable, por lo que es necesaria su estimación, y esta podría resultar controvertida (pues siempre contendrá elementos discrecionales), lo que podría resultar grave si del valor estimado dependiera que se esté violando o no la Constitución. Controversia que no ayudaría precisamente a la credibilidad.
Más estabilidad (y más flexibilidad) podría otorgar un organismo independiente como el que se ha creado en Inglaterra (Oficina de Responsabilidad Presupuestaria) que analizara los presupuestos de las Administraciones públicas y su ejecución en un contexto previsional a medio plazo, e informara al Parlamento y, en su caso, al organismo de supervisión fiscal de la eurozona.
Sin entrar en la calificación de los programas de gastos e ingresos, que corresponde al Parlamento, sí debería valorar la calidad de los saldos presupuestarios en relación con las condiciones financieras y económicas generales, así como el carácter recurrente o extraordinario de los ingresos y gastos que experimenten mayores variaciones. Evitaría sorpresas como las de 2008-09 y pondría de forma continuada las cifras presupuestarias en una perspectiva a medio plazo. Podría tener entre sus miembros algún especialista de países europeos y, para reforzar su independencia, el mandato de los miembros debería ser relativamente largo y no renovable.
Si miramos a la UME en su conjunto observamos que es un área sin necesidad de financiación, con inflación baja, tipo de interés real relativamente bajo y en la que la tasa de paro se ha elevado, sin que se pueda descartar que la destrucción de empleo continúe. No es necesario ser un keynesiano muy estricto para defender en estas circunstancias la puesta en marcha de planes de reactivación de la demanda.
Dadas las tradicionales limitaciones de la política monetaria como instrumento de reactivación, mayores en este caso porque el sistema bancario esta digiriendo una serie de shocks padecidos desde 2008, debería ser la política fiscal la que liderara esos planes. Aunque tendría que ir acompañado del saneamiento bancario para que desaparecieran las situaciones de restricción de crédito existentes en buena parte de la Unión.
En este sentido, no conviene confundir, como parece que se está haciendo en España, la necesidad de eliminar las restricciones de crédito (la situación de empresas viables a las que se niega financiación) y el objetivo de que el conjunto de las empresas saneen sus balances y reduzcan su deuda bancaria (reduzcan el stock de sus créditos vivos). Ambos objetivos son compatibles y necesarios.
El impulso fiscal comunitario, financiado por eurobonos, contribuiría a dos objetivos, uno coyuntural y otro institucional. Contribuiría, junto a la eliminación de la restricción crediticia, a recuperar la demanda en el conjunto de la Unión (de la que acabarían beneficiándose todos los países miembros). Es cierto que muchos de esos países necesitan de políticas de oferta que mejoren sus perspectivas de crecimiento a medio plazo, pero sabemos que, en general y más en un estado depresivo, esas mejoras estructurales no se traducen en un mayor nivel de actividad por la escasez de la demanda, que requeriría un impulso.
Pero ese tipo de plan fiscal necesitaría desarrollar mecanismos comunitarios para la definición, coordinación y supervisión de los programas, que podían ser el embrión de la institución fiscal de la eurozona que muchos consideramos imprescindible.
Carlos Sebastián. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense