Saneamiento mutuo y acelerado de la banca
No se han hecho bien las cosas con el sistema financiero en España en esta crisis. Reiteradamente hemos advertido del daño creciente que ha hecho a la imagen de España, a la economía nacional y al propio sistema bancario la política retardataria aplicada por las autoridades políticas y monetarias en esta materia. Se reconoció tarde la realidad cruda de la crisis, se defendió la solvencia del sistema financiero a ultranza a sabiendas de que era cuestión de tiempo que comenzase a haber víctimas si la recesión se prolongaba, se ha afrontado con pulso tembloroso y retraso el proceso de saneamiento interno y se ha perdido la influencia en las plazas financieras europeas cuando más necesaria era. Solo la conversión normativa y jurídica de las cajas merece valorarse, aunque no puede escudarse en tal travestismo legal el retraso en los ajustes, que ha llevado a que una buena parte del sistema arrastre sus balances apuntalados con dinero público, sin poder atender la función para la que están en el mercado: conectar con eficiencia y eficacia ahorro e inversión.
Media docena de entidades, algunas de ellas de tamaño sistémico o cuasi sistémico, son auténticos zombis y proyectan una amenaza creciente sobre todo el sistema financiero en los mercados internacionales que debe ser corregida de inmediato. Las reiteradas, y tardías, intervenciones del Banco de España sobre entidades de poco peso específico han proyectado una sombra de duda generalizada sobre el sistema financiero que no puede mantenerse. Y el relajante muscular inyectado por el Banco Central Europeo, con manguerazos masivos de liquidez a tres años, es una excusa que no resiste el más mínimo análisis, por mucho que algunas entidades piensen que tres años es tiempo suficiente para recomponer los balances por evolución natural, por digestión de la actividad económica. En absoluto. La pesadez de los activos dañados que atenazan a los balances son causa fundamental de la parálisis económica, aunque no sea en absoluto la única. Pero si antes era una consecuencia de la crisis, ahora puede considerarse ya una causa de una prolongación excesiva del estancamiento. Además, el escenario de actividad de los próximos ocho trimestres no ayudará precisamente a la banca: se contrae la actividad, el empleo, la renta disponible y la demanda de crédito, así como la solvencia de los endeudados.
Haber retrasado tanto tiempo el ajuste imprescindible no solo ha agravado el problema en términos cuantitativos. Ha impedido también disponer de mecanismos públicos de recapitalización, aportados por España o por Europa, para acelerar el proceso y rebajar la factura a las entidades. Ya no es buen momento para acudir a los mercados a buscar un dinero que los británicos y americanos rastrearon hace tres años. Ahora solo queda la solución interna, y dadas las pocas posibilidades de auxilio estatal, el esfuerzo de saneamiento deben hacerlo las propias entidades. Como una buena parte no podrá afrontarlo de forma individualizada y en soledad, como ya ha quedado demostrado con la entrada de dinero público en unas cuantas firmas, parece inevitable un proceso de consolidación en el que el darwinismo decante quién absorbe a quién, y quién paga con parte de su solvencia la insolvencia de los demás. Tres cuartas partes del sistema financiero están muy sanas, y aunque algunas entidades solo puedan defenderse si utilizan bien todos sus recursos, hay otra que dispone de holgura suficiente para ampliar sus balances sin descoserse.
El proceso exige una retasación de los activos problemáticos y cubrir la pérdida con provisiones adicionales para despejar todas las dudas sobre la capacidad futura de hacer negocio bancario sin riesgos. Además, este proceso no debe dilatarse, y debe seguir el guion que establezca el Gobierno en febrero, tal como anunció su presidente. Parece haber perdido enteros la posibilidad de que un banco malo aglutine y sustente los activos más depreciados de los balances, aunque podría ser un instrumento acertado si fuese de fácil financiación pública, porque aceleraría el proceso de limpieza bancaria. Pero el Gobierno parece más decidido a que sean las entidades las que, de forma solidaria, carguen con el coste, aunque por vía fiscal o normativa dispongan de algún tipo de apoyo público.