Ataque brutal contra la enseñanza pública
Los recortes de 2.000 millones de euros en la enseñanza pública, anunciados por los Gobiernos de algunas comunidades autónomas, como los de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, están movilizando al sector educativo en toda España. Para colmo, en la mayoría de las comunidades las partidas destinadas al ciclo de cero a tres años están paralizadas y en el de tres a seis años existen dificultades con las clases de apoyo, al igual que en la educación secundaria obligatoria en atención a la diversidad.
Esta reducción drástica se produce después de varios años de bloqueo inversor en un servicio tan esencial y de tan enormes dimensiones, como lo es el de la educación. Basta recordar que en el último decenio el gasto público en educación no ha experimentado en España subida alguna, lo que nos ha alejado de la media de los países de la Unión Europea. ¿Alguien se extraña de que en este periodo la tasa de fracaso escolar se haya incrementado un 7%?
Sin embargo, algunos Gobiernos autonómicos han decidido cerrar los ojos a la realidad y, con el pretexto de la crisis, dirigen las tijeras a la educación pública, quizá porque en esta los efectos de los recortes no se aprecian con la misma inmediatez que en otros servicios sociales. Piensan que, una vez que hayan metido la tijera, nos olvidaremos del asunto y nadie protestará. Pero también en esto vuelven a equivocarse.
Cuando la crisis empezó a arreciar, en Comisiones Obreras planteamos que precisamente en estos momentos es cuando más debería apoyarse la educación, sobre todo en un país como el nuestro, con más de un 40% de jóvenes en paro y muchos de ellos necesitados de formación cualificada. No es recortando el gasto educativo como se fomenta la formación profesional y preparamos el camino para un modelo productivo basado en la innovación tecnológica.
Tampoco el elevado índice de fracaso escolar, muy acusado en Canarias, Andalucía, Baleares y Comunidad Valenciana, está como para reducir las prestaciones educativas de primera necesidad. Me refiero a esos programas escolares destinados a los estudiantes con problemas de aprendizaje y con necesidades educativas especiales, que precisan de una atención individualizada.
Los problemas no se resuelven haciendo recaer todas las tareas sobre las espaldas del profesorado existente y prescindiendo de la contratación de nuevo personal o de la importante función que en el sector desempeñan los interinos. Ya estamos hartos de los discursos demagógicos que venimos escuchando por boca de algunos responsables (o más bien irresponsables) de la Administración en los últimos días, que vuelven a la carga acusando a los docentes de trabajar poco y tener muchas vacaciones y que tratan de enfrentar padres y profesorado. Se equivocan de medio a medio. Los padres que siguen los estudios de sus hijos en los centros conocen el esfuerzo de los profesores para ofrecer una enseñanza de calidad, muchas veces en contra de la deficiente gestión de las Administraciones y de la carencia de recursos humanos y materiales.
Insisto en que los recortes en educación constituyen un ataque brutal a los programas educativos que resultan fundamentales para garantizar la calidad y la equidad, como la atención a la diversidad de alumnado en las aulas y la ayuda a los escolares con dificultades. Además, las medidas con las que se nos amenaza perjudicarán al empleo público y supondrán un empeoramiento de las condiciones de trabajo del profesorado, que no podrá dedicar todo el tiempo necesario que requieren las labores organizativas, la preparación de las clases y las tutorías individualizadas del alumnado.
La educación es una inversión, no un gasto. Las actitudes cicateras y los recortes en el servicio público educativo, tanto en tiempos de crisis como de bonanza, son el mayor error en el que puede incurrir un Gobierno. Pero en la actual situación de crisis, que según todos los indicios se prolongará bastante más tiempo del previsto inicialmente, es evidente que estos recortes hipotecarán el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación y retrasarán la salida de la propia crisis.
La Federación de Enseñanza de CC OO exige una salida de la crisis de manera justa y equitativa, incrementando la inversión educativa, restableciendo los derechos laborales de los trabajadores de la educación y desarrollando los servicios públicos educativos en el marco de un empleo digno y con derechos. No estamos dispuestos a resignarnos a los hechos consumados, como pretenden algunos, dando por sentado que nos plegaremos a estas políticas tan erróneas como irresponsables, aunque presuman de lo contrario.
José Campos Trujillo. Secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO. Miembro del Consejo Ejecutivo Mundial de la Educación