Servicios públicos de empleo y privados
Según los servicios públicos de empleo (SPE), en marzo, más de cuatro millones de personas estaban desempleadas, con un crecimiento anual del 4%.
En este contexto, las políticas activas, y en concreto la aplicación de políticas de colocación, adquieren una mayor relevancia por los problemas actuales del mercado laboral. Son un elemento esencial de la acción de los poderes públicos sobre el entorno económico, al mismo nivel que las políticas monetaria y presupuestaria. La reducción de la tasa de desempleo, en ocasiones, supera el marco de la política de empleo y alcanza la categoría de objetivo básico de la política económica.
Por ello, no es de extrañar que en nuestro país, como en el resto de los europeos, se produzca un amplio debate sobre dichas políticas de empleo. Todos los expertos coinciden en afirmar que cualquier plan de modernización de los SPE debe contemplar como objetivo estratégico: mejorar la atención a los usuarios (trabajadores y empleadores) y la calidad de los servicios prestados, garantizar la coordinación entre políticas activas y protección por desempleo, y por último, elevar su tasa de intermediación en el mercado laboral. Sin embargo, determinados expertos afirman que el sistema público de empleo (Servicio Público de Empleo Estatal y autonómicos) son poco eficientes en cuanto a su tasa de intermediación en comparación con las agencias privadas. Pero estas afirmaciones están lejos de la realidad.
Los SPE aglutinan todas las acciones que tratan de mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, con objetivos que pueden ser múltiples: crear o mantener el empleo, disminuir el nivel de desempleo, adaptar la mano de obra a las necesidades de la economía, luchar contra la exclusión de aquellos determinados colectivos que tienen serias dificultades de inserción en el empleo, así como el pago de las prestaciones por desempleo. Son útiles incluso en situación de pleno empleo. Mientras que en el caso de las agencias privadas sus objetivos son menores y más limitados.
En comparación con los servicios privados, los SPE tienen que gestionar dos funciones: la primera consiste en garantizar la igualdad de derechos de todos lo trabajadores y, también, acreditar formalmente la condición de demandante de empleo, y la segunda, casar oferta y demanda. La primera función absorbe una parte importante de recursos y tiempo. Intentar comparar y medir la eficacia de los SPE con las agencias privadas no es correcto ya que los objetivos y funciones son bien distintos. Ejemplo: son los SPE, y no las agencias privadas, los encargados de mejorar la empleabilidad del millón de parados provenientes de la construcción, a través de la formación, en otras actividades profesionales que les permita encontrar un nuevo puesto de trabajo.
El aumento del desempleo no es debido a que los SPE no intermedien lo suficiente sino por la reducción creciente de ofertas de puestos de trabajo. No es causa de un defectuoso funcionamiento de los mismos, sino de la falta de empleos.
Algunos expertos opinan que la legalización de las agencias privadas quizás conlleve que no mejoren los SPE. Pero para despejar dudas, la Ley de Reforma Laboral 35/10 indica claramente que el Gobierno seguirá reforzando los SPE mediante la mejora de sus recursos humanos, tecnológicos, organizativos y de la red de oficinas. Asimismo, incrementará el grado de coordinación y eficacia entre los SPE estatal y autonómicos para promover los cambios en el acceso y la mejora del empleo y para gestionar las prestaciones por desempleo. Prueba de ello es el reforzamiento de urgencia de 1.500 orientadores que se suman a los 1.500 ya existentes para realizar itinerarios individuales y personalizados.
Hoy, frente al desafío de las transformaciones económicas, el reto de las políticas activas de empleo es situar a los SPE entre los mejores instrumentos para la gestión del capital humano en el nuevo modelo económico más equilibrado y productivo. Se debería configurar dos ejes fundamentales: por un lado, desarrollo de la calidad, eficacia y eficiencia de los SPE y, por otro, la participación de agentes privados con un marco de actuación bien definido y regulado.
En este sentido, la contribución de los interlocutores sociales es de vital importancia. Debemos aspirar a construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio participando activamente en la sociedad y la economía.
Vicente Castelló Roselló. Profesor de la Universidad Jaume I de Castellón