¿Nacionalización de los SIP?
Desde hace mucho tiempo, nadie discute que sanear y reestructurar el mercado financiero y en especial las cajas de ahorros, constituye un presupuesto necesario para reactivar el crédito y recuperar la actividad económica. La enorme deuda privada acumulada por las entidades de crédito y su importancia para refinanciar nuestra deuda pública, crean una íntima conexión entre la solvencia del sistema bancario y la confianza de nuestro riesgo-país. Hace escasamente siete meses, el Gobierno aprobó mediante el Real Decreto-Ley 11/2010, un novedoso instrumento a través del cual iba a llevarse a cabo esta trascendental reforma: los SIP. Una figura que lograría la concentración y reforzamiento del sector, evitando la bancarización de las cajas y una modificación radical de su actual statu quo. El resultado ha sido un fiasco para los mercados y un cambio de las reglas de juego a mitad de partido.
Ahora se anuncia a todo prisa una urgente contra reforma, cuando la mayoría de SIP no han ultimado su integración, carecen aún de calificación crediticia y cuando la mayor parte de las comunidades autónomas no han podido concluir los trámites parlamentarios para adaptar sus legislaciones al nuevo modelo. Parece que la reforma SIP ha llegado tan tarde que no ha dado tiempo a acabarla.
Desde un punto de vista jurídico, los SIP no son fusiones como se ha dicho, ni frías ni calientes, puesto que sus miembros no pierden su personalidad jurídica ni económica. Los SIP son contratos que articulan compromisos de integración y solvencia mutua entre sus miembros, de ahí que su estructura y alcance pueda ser diferente en función del concreto acuerdo alcanzado. Lo que hace el Real Decreto-ley 11/2010 es establecer los presupuestos que han de cumplir los SIP para poder financiarse a través del FROB. Así nacen los denominados SIP Reforzados, caracterizados por la existencia de una entidad central con unidad de decisión sobre la estrategia del negocio y porque sus miembros mutualizan una parte de sus beneficios y de sus respectivos patrimonios. Es decir, se trata de un grupo contractual (no societario) que consolida cuentas, que recibe una calificación crediticia y de medición de riesgos conjunta, y cuyas operaciones intragrupo no consumen recursos propios.
Sin embargo, por su propia naturaleza, los SIP presentan algunos inconvenientes. El mayor es su falta de transparencia, ya que los contratos no se inscriben en ningún Registro público y los datos de solvencia de las entidades concentradas no han sido hasta ahora lo suficientemente exhaustivos. A ello hay que añadir la ausencia de una completa integración de sus activos. ¿Cómo puede un SIP convencer de la solvencia de una emisión de cédulas hipotecarias si solo es titular de una parte de los créditos hipotecarios?. Finalmente, la falta de un modelo normalizado y la eventual aplicación de normas fiscales, laborales, mercantiles y de defensa de la competencia distintas, genera confusión y plantea dudas a los analistas financieros, lo cual supone un serio obstáculo para lograr financiación privada.
Ante esta situación, el Gobierno acaba de anunciar una solución que se antoja tan drástica como difícil de ejecutar. Adelantar los test de estrés al día 28 de febrero, anticipar e incrementar los requisitos de solvencia propuestos por Basilea III hasta un 8-9 % de core capital (parámetro de solvencia resultante de dividir los recursos propios entre los activos ponderados por su riesgo) y nacionalizar las entidades que no alcancen el citado umbral antes de septiembre de 2011. Con esta finalidad, el FROB dejará de adquirir cuotas participativas sin derecho de voto, como venía haciendo hasta ahora y suscribirá acciones que le permitan nombrar consejeros y gestionar la entidad, lo que en el caso de las cajas exige su previa transformación en SA bancarias. En la actualidad, 10 de los 17 SIP existentes no alcanzan ese ratio de solvencia y la necesidades de financiación del FROB no se conocerán realmente hasta que no se publiquen los test de estrés.
Lo único cierto es que mientras no mejore la transparencia, la situación no avanzará y que cuando se publiquen los resultados, cajas y bancos tendrán un plazo de tiempo extraordinariamente breve para sanear sus balances. Ya sea recibiendo financiación privada o pública a título de capital, ya sea desprendiéndose de activos dañados o de elevado riesgo. Todo ello en un clima de desconfianza y bajo crecimiento económico. Parece una tarea complicada, siempre que no cambien de nuevo las reglas del juego.
Alberto de Martín. Profesor de Derecho Mercantil (Icade) y abogado del bufete Ramón Hermosilla & Gutiérrez de la Roza