Digital viene de dígito, no de chuparse el dedo

Sin invadir el terreno de mis coblogueros de Maxiblogging, creo que la particular y amistosa joint-venture entre el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y Twitter merece otra vuelta más después de la entrada anterior.

En Internet, el tráfico es negocio. Y si las instituciones públicas canalizan el tránsito hacia la página de una determinada empresa, le están concediendo, quieran o no, un gran favor económico. Aunque a veces se olvida, detrás de la mayoría de las marcas de Internet, por muy simpáticas que resulten, hay ejecutivos, inversores y/o accionistas muy pendientes, legítimamente, de sus dividendos.

Por eso, los poderes públicos, entre ellos, la Unión Europea, deberían ser cuidadosos y no confundir nuevas tecnologías con proyectos empresariales. Una cosa es que Bruselas utilice canales como You Tube o Twitter para hacer llegar al máximo numero de personas un mensaje (o propaganda) ya conocido, y otra que se conceda a una compañía el privilegio de disponer por adelantado de valiosa información.

¿Qué pensarían, por ejemplo, los colegas de Expansión si la Comisión Europea colgase sus comunicados de prensa en la web de Cinco Días antes de hacerlos públicos en su página oficial? ¿O cual hubiera sido la reacción de El Mundo o La Vanguardia si el Gobierno hubiera anunciado el estado de alarma a través de Eskup, la red social de El País?

En todos esas hipótesis, los medios perjudicados clamarían contra tan flagrante discriminación. Y es probable que incluso denunciaran a las autoridades por favorecer económicamente de manera abusiva a sus competidores.

En el caso de Twitter quizá no se produzca la queja porque la compañía estadounidense no tiene todavía un rival de renombre en el negocio del microblogging. Pero tarde o temprano puede surgir y entonces la UE comprenderá el error de su decisión.

Todo lo cual permite una reflexión más general sobre la aceptación en el mundo digital de prácticas intolerables en el analógico. A diario se producen ejemplos muchos más graves que el de Bruselas y Twitter, que afectan a libertades fundamentales o al derecho a la intimidad de las personas.

Acabamos de ver, por ejemplo, que varias compañías estadounidenses de gestión de pagos cancelaban sus servicios unilateralmente a Wikileaks, sin esperar siquiera una orden judicial.

En el mundo analógico, se tardaban meses o años de procedimientos legales y políticos antes de poder colocar a una organización la etiqueta de "terrorista" o "ilegal" y proceder a cortarle sus canales de financiación.

Ahora el sector privado se arroga la facultad de condenar al ostracismo financiero a una persona u organización que resulte molesta para el establishment. Del mismo modo, Facebook o Twitter quizá cancelen las cuentas de quienes, a su juicio unilateral, utilicen sus servicios para organizar protestas incómodas. Y quien no merezca el visto bueno de esas empresas privadas, quedará fuera. Y será el último en enterarse de los anuncios de Herman Van Rompuy.

Foto: Trasto viejo en las calles de Creteil, Francia. (B. dM., 2 de nov. 2010).