La mitad de las jubilaciones se produce con menos de 65 años

El 49% de las altas por jubilación producidas en el pasado mes de septiembre en el Régimen General de la Seguridad Social corresponde a titulares con menos de 65 años, la edad legal de jubilación en España.

Aunque los partidos políticos no se han puesto de acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo para proponer un retraso de la edad legal de jubilación, ahora en los 65 años, sí hay un consenso generalizado en la necesidad de que, al menos, coincida con la edad real (apenas los 63 años). Y es que el número creciente de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas pactadas ha provocado que la brecha entre una y otra llegue a varios años efectivos. Así lo atestiguan los últimos datos con que cuenta la Seguridad Social. Se refieren al mes de septiembre. En este periodo mensual las altas iniciales por jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social alcanzaron las 17.735. De este total solo 9.099 se concedieron por parte de la Administración a personas con 65 años o más. Hay otras 8.636 altas (el 48,7%, casi la mitad del total) que han comenzado a percibir su pensión de jubilación en septiembre, con menos de 65 años. De este subtotal un 14% lo han hecho con solo 60 años.

Si en vez del Régimen General nos fijamos en otros específicos como el de Trabajadores del Mar o la Minería del Carbón, este porcentaje de pensionistas por debajo de los 65 años alcanza el 85% y 97%, respectivamente. Las prejubilaciones, sobre todo, en grandes empresas, han sido una práctica habitual en los últimos 30 años (mucho más en épocas de crisis), pese a las críticas vertidas por los diferentes del Gobiernos de turno, especialmente a las que se conceden en sociedades con beneficios. La legislatura vigente no ha sido una excepción, pese al rechazo expresado por el ex ministro de Trabajo Celestino Corbacho y ahora por su sucesor, Valeriano Gómez. Para ejemplo un botón: el pasado miércoles Caja Madrid y sus seis entidades asociadas en el proyecto de fusión virtual (Bancaja, Caixa Laietana, Insular de Canarias y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja) pactaron con los sindicatos la prejubilación de 3.300 empleados, con 55 años o más.

Las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones son solo dos factores de los múltiples que dificultan las sostenibilidad de las pensiones a medio plazo. El principal de ellos es el envejecimiento de la población, que provocará que dentro de 20 años haya varios millones de jubilados más en el país. La tasa de dependencia (población mayor de 65 años en relación a la que está en edad de trabajar) pasará del actual 23,2% al 54,7% a mediados de siglo, en ausencia de reformas, según recalcan expertos como Analistas Financieros Internacionales (AFI). Entonces habrá un afiliado por cada pensión frente a los 2,11 vigentes.

Pero hay otros factores que tampoco deben minusvalorarse. Entre ellos está el desfase creciente entre el pago de una pensión media de jubilación y el de las últimas en llegar al sistema. Según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, la cuantía de la pensión de los que se incorporaron al sistema en septiembre pasado ascendió a 1.235 euros al mes, una cifra que supera con creces los 884 euros al mes de la pensión de los que abandonan el sistema (un 47,9% más). Eso quiere decir que el gasto en pensiones está creciendo a ritmos exponenciales (el Estado se gasta ya cada mes más de 8.000 millones para el pago de todas ellas) mientras que el ritmo de crecimiento de los ingresos por cotizaciones es francamente menor, de apenas el 2,9% (previsión para 2011).

Sistema mixto

AFI sostiene que el sistema público de pensiones entrará en déficit dentro de diez años (en 2020) y para mediados de siglo acumulará una deuda similar al PIB, de no aprobarse una reforma profunda del sistema como la que está en fase de estudio por el Gobierno. Entre los cambios propuestos por Trabajo, se encuentra el de elevar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y penalizar las prejubilaciones. Desde el sector privado se anima al Ejecutivo a crear un sistema público mixto de pensiones a través de aportaciones voluntarias del trabajador que complementen su prestación. Esta alternativa, ha quedado en el cajón. Al menos, por el momento.

La 'hucha' rozará los 70.000 millones en 2011

La economía española cuenta desde el año 2000 con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones, que se nutre del superávit que arrojan las cuentas de la Seguridad Social. En la actualidad este fondo tiene una dotación de 64.000 millones de euros y llegará al año que viene hasta los 70.000 millones.Este instrumento está pensado como un colchón monetario para cubrir el pago de las pensiones en caso de que el sistema incurra en déficit, es decir, que los pagos que tenga que hacer frente la Seguridad Social sean superiores a los ingresos que reciba, entre otros, de las cotizaciones sociales, de los ingresos patrimoniales o de los intereses que renten sus inversiones.A finales de este año, la hucha de las pensiones cerrará con unos activos de 64.000 millones, a lo que habrá que añadir los 3.456 millones incluidos en los Presupuestos de 2011, con lo que llegará a 67.000 en 2011. A esa cifra habrá que añadirle los rendimientos de la inversión de ese fondo en deuda pública, lo que reportará 2.463 millones adicionales. La suma de todo lleva a la cifra de 70.000 millones.Unos fondos que, en un principio, deberían empezar a usarse en 2025, según una primera estimación del Ministerio de Trabajo, que posteriormente fue rebajada hasta 2022. Esta fecha es corroborada por los expertos que realizaron un informe para la patronal de seguros Unespa, entre los que se encuentra el ex ministro de Economía y presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato.Ese adelantamiento de la teórica situación de déficit de la Seguridad Social se produciría por el envejecimiento de la población (una de cada tres personas tendrá más de 65 años para esa fecha) y el recorte del superávit de la Seguridad Social, que cerrará este año con un excedente de solo 4.000 millones, la mitad del registrado en 2009. En caso de que haya que tirar del Fondo de Reserva, la dotación actual solo cubriría nueve meses, ya que el coste mensual por pensiones es de 8.000 millones, informa C. Molina.

La fecha

2020 es el año en el que el sistema público de pensiones entrará en déficit, según los cálculos realizados por AFI, en ausencia de reformas.