Un país en la encrucijada
El debate en torno al régimen impositivo privilegiado que Irlanda otorga a sus sociedades está hoy más que nunca en medio de la polémica, dado que finalmente Irlanda ha cedido a las presiones de sus socios europeos y ha aceptado el plan de rescate de la Unión Europea, que se cifra en torno a los 90.000 millones de euros.
Es ya tradicional la inclusión de incentivos fiscales en la política irlandesa para la captación de inversiones extranjeras. En 1987, el Gobierno irlandés estableció el Centro Internacional de Servicios Financieros (IFSC) en Dublín, al que se aplicaba un tipo impositivo reducido del 10% en el impuesto sobre sociedades. En este centro se han establecido instituciones financieras líderes del mercado así como, dando soporte a estas entidades, un buen número de empresas de servicios.
También venían disfrutando de un tipo reducido del 10% las sociedades que llevaban a cabo determinadas actividades empresariales; esto atrajo hacia Irlanda a un buen número de fabricantes de software, entre otras actividades. En la actualidad, el tipo aplicable a las actividades empresariales efectivamente desarrolladas en Irlanda es del 12,5% (el tipo es del 25% para non-trading profits).
Debe destacarse que este esquema de incentivos fiscales se combinó con las actividades del IDA-Ireland (Industrial Development Authority), creado en 1949, principal agencia para la captación de la inversión internacional, que actualmente respalda a más de 1.100 empresas (más de la mitad de ellas provienen de EE UU y el resto de Europa). El IDA centraliza y coordina las actividades entre potenciales inversores y las instituciones irlandesas, suministrando información sobre sectores de negocio y localizaciones, concediendo asistencia financiera, etc. Este exitoso esquema sirvió de inspiración, entre otros, para la creación del régimen fiscal de la zona especial canaria (ZEC).
Los incentivos fiscales irlandeses no radican únicamente en la aplicación de un tipo impositivo bajo en el impuesto sobre sociedades. Existe un crédito fiscal importante (igual al 25% de la inversión) aplicable a la realización de actividades de I+D+i. En 2009, el I+D+i aumentó un 10% respecto a 2008. El nivel de inversiones superó los 500 millones de euros, con importantes multinacionales como IBM, Intel, Pfizer, HP o Colgate-Palmolive como inversores.
La fiscalidad es un componente importante de la toma de decisiones empresariales, y una eventual subida de impuestos en Irlanda (en particular, del impuesto sobre sociedades) debiera afectar a los flujos de inversión hacia Irlanda.
Como se ha publicado, el primer ministro irlandés, Brian Cowen, ha anunciado una serie de medidas enmarcadas dentro de un plan de austeridad. Si bien las principales se centrarán en la reestructuración del sector bancario, no cabe duda de que algunas de ellas estarán referidas al ámbito de la fiscalidad. Aunque el ministro de Finanzas irlandés se ha mostrado reticente a subir el tipo del impuesto sobre sociedades, es más que esperable que los socios comunitarios reclamen a Irlanda parte de la financiación de su déficit en forma de aumento de impuestos.
De acuerdo a lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, queda prohibida cualquier restricción a la libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. En uso de esta libertad, el aumento de impuestos puede provocar que los inversores tiendan a localizar sus inversiones en otras jurisdicciones con regímenes fiscales más favorables (como pueda ser Suiza) o, simplemente, ubicarse en países con impuestos más altos como Francia, Alemania o el Reino Unido.
También puede que los inversores extranjeros establecidos en Irlanda no asuman efectivamente el posible aumento de tipos y, en última instancia, el coste del futuro rescate, en el caso en que la subida de impuestos en Irlanda le reste atractivo. No obstante, también es posible que los propios costes fiscales del traslado de actividades hagan inviable la reestructuración de actividades, aunque posibles restricciones a este respecto puedan ser contrarias al Tratado.
Finalmente, no hay que olvidar que el sistema fiscal de un país no se limita al impuesto sobre sociedades, ya que el resto tributos directos (impuesto sobre la renta de los no residentes, impuesto sobre la renta de personas físicas) y la imposición indirecta (impuesto sobre el valor añadido) tienen también un peso relevante. Así pues, tampoco es descartable que el impacto recaudatorio no derive del impuesto sobre sociedades, sino de la subida de otros impuestos e Irlanda continúe su política de atracción y retención de capitales extranjeros.
Andrés Sánchez / Manuela Martín. Socio / asociada del Departamento de Fiscalidad Internacional de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira