Tecnología contra carbón barato emergente
España figura entre los países que quieren estar a la vanguardia de la captura de CO2 como paliativo al competitivo mineral chino.
Nuevo mercado a la vista para las eléctricas, la industria y la tecnología españolas. El carbón limpio empieza a tomar forma, a recibir subvenciones públicas e inversiones. La idea es esconder las emisiones contaminantes de un mineral con mala imagen, que estos días ha puesto en jaque al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por un decreto que quiere subvencionar la electricidad generada con el carbón autóctono -incapaz de ganar en precio al importado de China, Australia o Sudáfrica- y que ha soliviantado a las compañías eléctricas.
En concreto, el sector eléctrico dice jugarse con la medida el cierre de la planta gallega de As Pontes y Meirama, las andaluzas de Litoral de Almería y Los Barrios, la vasca de Pasajes y la asturiana de Lada. Estas centrales queman carbón importado y dejarán de ser competitivas si se enfrentan al precio del carbón nacional regulado por el Gobierno.
La pugna ha despertado de nuevo el debate sobre el futuro del carbón autóctono, cuyo salvavidas público cuesta 592 millones de euros a las arcas nacionales. La propia Comisión Europea dudó antes de dar luz verde al decreto de Zapatero. Se antojaba contradictorio apoyar públicamente y con dinero las energías renovables y prolongar artificialmente la vida de un sector que agoniza por la presión del carbón importado.
Desde el propio sector reconocen que "el problema es estructural, no es rentable, y ahí sólo cabe la decisión política de apoyarlo o no", explican desde un organismo del carbón.
Pero fuera de las fronteras españolas, el carbón tiene larga vida. Si en España sólo representa el 12% del mix energético, en la UE asciende al 30% y en los países asiáticos, con China a la cabeza, crece a un ritmo del 90% anual.
Desde los organismos internacionales, hasta la previsión más timorata augura que el mineral negro será una fuente de energía constante en el mix energético mundial, al mismo nivel que la nuclear o las renovables en los próximos 50 años.
Sólo hay un pero en el futuro de esta fuente de energía. Es la más contaminante de los combustibles de origen fósil. Por cada kWh eléctrico que se obtiene por la quema de carbón, se generan 0,9 kilos de dióxido de carbono, frente a los 0,4 kilos del gas natural y las emisiones neutras de las energías renovables. Las centrales activas con 30 años de antigüedad -en Estados Unidos existen varias- alcanzan hasta 1 kg de emisiones. Hasta hace algunos años, este cómputo no representaba un problema. Ahora sí. Las legislaciones de los países industrializados van interiorizando la premisa de que quien contamina, paga para luchar contra los efectos del cambio climático.
Países como Australia o Estados federales como California quieren reproducir el mercado de derechos de emisión que la Unión Europea implantó en 2003. En ese mercado invisible de dióxido de carbono, muchos derechos son gratuitos. Pero los Veintisiete tienen previsto acotar ese mercado y elevar el precio de la tonelada de CO2.
En ese contexto, a aquellas industrias y modos de producción más contaminantes les interesa reducir su huella ambiental. Para el carbón, esa opción más verde se traduce en levantar plantas industriales que se dediquen a limpiar el proceso de generación de energía eléctrica a base de mineral negro. En concreto, se trata de separar el dióxido de carbono que exhala el carbón durante la quema, comprimirlo e inyectarlo bajo tierra. Con el gas ya se ha logrado. La petrolera noruega Statoil inyecta CO2 en el fondo del mar del Norte desde 1996.
Pero esta fuente de energía cuenta con una ventaja respecto al carbón. Sus costes necesitan la separación del CO2 para comercializarlo, si no, "es como vender gasolina con agua", explica Carlos Abanades, responsable de los proyectos de captura y secuestro de CO2 del Instituto Nacional del Carbón.
Para el mineral negro, en cambio, este aliciente comercial no existe. Separarlo para inyectarlo bajo tierra tiene un coste tecnológico añadido en el que sólo invierten quienes tienen conciencia medioambiental.
Quien sea capaz de ofrecer vanguardia tecnológica estará muy bien situado en la carrera por la creación de empleos verdes con gran carga de innovación, una necesidad imperiosa de mercado en los países industrializados si quieren competir con el carbón y la mano de obra barata de países como China.
España se ha propuesto situarse en los primeros puestos de esa nueva carrera. El Gobierno ha invertido 1.400 millones de euros en el lanzamiento de la que será la primera planta de captura y secuestro de dióxido de carbono del país, en León. La Unión Europea ha aportado 180 millones más para levantar junto a la central térmica Compostilla II de Endesa la futura planta, que comenzará las pruebas en 2011. Si los resultados de los experimentos son favorables, la empresa y la Fundación Ciudad de la Energía de León, que auspicia el proyecto, decidirán levantar una planta de captura industrial.
Iberdrola Renovables también quiere sumarse a este nuevo negocio. La empresa espera lograr una subvención del Gobierno británico para la construcción de una planta en Reino Unido, de la mano de su filial Scottish Power. El dióxido de carbono aislado y comprimido se trasladaría a algún yacimiento situado en el mar del Norte. Pero para que la ventaja tecnológica se transforme en valor añadido para el tejido productivo, la propuesta más interesante es la del consorcio creado por Endesa, el CSIC, Hunosa y Foster Wheeler para la construcción de un prototipo de captura de última generación con tecnología nacional. La primera piedra se pondrá hoy en la planta de La Pereda. Sólo queda esperar.
El gas, víctima del decreto del Gobierno
El fuerte descenso de la demanda eléctrica nacional ha tocado de lleno la producción de gas. En 2009, el consumo de este combustible se contrajo un 10%, según los cálculos del consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca.Para la compañía, y pese al repunte del consumo experimentado durante el primer semestre del año, la combustión de gas en las centrales de ciclo combinado se está viendo afectada por el decreto aprobado por el Gobierno para incentivar el consumo de carbón nacional frente al importado. La medida entrará en vigor próximamente y obliga a dar entrada al carbón en la red eléctrica antes que a otras fuentes de energía.Para ello, hay que parar la entrada de otras tecnologías: en primer lugar, el carbón importado y, a continuación, aquellas centrales que funcionan a base de gas natural.Villaseca ha lamentado que se dé prioridad a una tecnología mucho más cara y contaminante frente al gas, flexible, barato, eficiente y menos contaminante.La compañía defiende que los ciclos combinados dan solidez al sistema eléctrico, ya que pueden entrar en funcionamiento con rapidez en caso de que las renovables no se activen por falta de sol o de viento y si se detiene alguna central.Actualmente, los ciclos están trabajando al 30% de su capacidad, frente a otros días en los que ha sido necesario activarlos todos.