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Tribuna
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¿De quién son las cajas?

Pues son de usted, de su vecino, de su otro vecino y también mías, claro. Las cajas de ahorros no tienen accionistas, no tienen un capital que pertenezca a unos titulares personas físicas o jurídicas. Son gestionadas por consejos de administración formados por personas que ostentan la representación de un variopinto grupo de entidades: ayuntamientos, diputaciones, autonomías, diversos sindicatos, los impositores y el personal de la propia caja.

Las cajas no reparten dividendos, es decir, si obtienen beneficios, éstos deben ser destinados a capitalizar la propia caja, o en un porcentaje relevante a la obra social, que lo reparte entre diversas entidades sin animo de lucro, culturales o de asistencia social.

Las cajas de ahorros son entidades financieras sujetas a la disciplina del Banco de España que inspecciona regularmente su situación y, en el caso de que el resultado de su gestión sea deficitario con riesgo de quiebra, se produce una intervención de dicho organismo. Los gestores de las sociedades mercantiles quebradas o en concurso de acreedores se ven sometidos a rigurosos procedimientos, que determinan su responsabilidad en la situación societaria creada y que en alguna forma pretende garantizar una gestión eficaz.

En las cajas se evita por encima de todo entrar en una situación concursal o de quiebra: se fusionan con otra caja, o son absorbidas, o se busca una fórmula para reponer el equilibrio patrimonial con recursos públicos (el FROB). La responsabilidad de los gestores, si es que alguien la exige, queda difuminada y la generalidad de los ciudadanos no suele conocer sus consecuencias.

Las cajas tuvieron un origen y una finalidad, que tenía que ver con un carácter de obra social que muchas de ellas cumplieron honorablemente, además de hacer aportaciones muy positivas al sistema económico y social español. Llegados a la situación actual, no sé si sería preferible que sean declaradas entidades financieras de propiedad pública y gestionadas por presidentes ejecutivos, consejos de administración o directivos profesionales, seleccionados por sus conocimientos técnicos y no por su filiación política.

Pero es muy probable que la opción obligada sea privatizarlas, permitiendo así su acceso al mercado de capitales. Se da actualmente la paradoja de que una caja puede comprar un banco, pero un banco no puede comprar una caja. Mejoraría la transparencia del sistema financiero y su gestión sería más acorde con criterios técnicos propios del sector, separando la labor de atender a entidades de asistencia social y cultural que, como en el modelo italiano, se pueden confiar a fundaciones.

Elisa Martínez de Miguel. Socia de Neumann International AG

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