Una reforma laboral integral e inmediata
El FMI insistió ayer en la dramática urgencia de una reforma "radical" del mercado laboral en España. Aunque ayuda, no hacía falta. Ya ha calado en la sociedad la importancia capital de esta reforma para afrontar los problemas generados por la crisis financiera, económica y social de los dos últimos años. Está hecho lo más difícil: la concienciación social del cambio, que se convierte en el principal impulsor del proceso, además de fiscalizador del papel de cada uno de los agentes económicos, sociales o gubernamentales, que no podrán escurrir su responsabilidad con excusas, como en el pasado. Sea mediante consenso o con decisión unilateral del Gobierno, la reforma del mercado de trabajo debe estar en soporte legal antes del verano, porque las circunstancias no admiten más demora. Con el paso de los meses y el continuo golpe sobre la mesa de las cifras de paro, los agentes sindicales y el Ejecutivo, antes activos defensores del inmovilismo, han ido sumándose con resignación a la realidad.
La situación laboral en España es muy delicada, aunque no se hayan reproducido episodios de tensión social. Casi cinco millones de parados, con la red de protección familiar que complementa a la social más débil que en anteriores crisis por la presencia de millones de inmigrantes con escasa raigambre; cuatro millones de trabajadores temporales, y un escenario de crecimiento paupérrimo para los próximos años, y con los niveles de endeudamiento de los hogares en grados desorbitados, exigen una acción decidida que recomponga las bases del crecimiento para que tenga una réplica en el empleo que enjugue los números rojos.
Esta delicada situación pone también contra las cuerdas al propio Estado del bienestar, porque no genera los recursos necesarios para financiarlo, e incluso pone en una esfera más compleja al Tesoro para lograr la refinanciación de la deuda pública española, como se ha comprobado en las últimas semanas. Además, el propio sistema bancario, cuyo tamaño, capitalización y condiciones de financiación deben ser revisados, como también urge el FMI, está pendiente de una solución consistente al desempleo. La mora depende en buena medida, así como la concesión de crédito nuevo y la generación de margen de intereses, de que quien ha perdido el empleo lo recupere, y de que quien nunca lo ha tenido, lo encuentre lo antes posible.
Por estas razones, pero sobre todo por la más humana que supone recomponer la dignidad de una sociedad con desigualdades, es necesaria una reforma integral del mercado de trabajo. El consenso es importante, porque proporciona un valor capital para su aplicación. Pero es un remilgo muy caro cuando la situación tiene la gravedad del 20% de tasa de paro y del 47% de desempleo juvenil. La urgencia y la determinación son inevitables, como lo es que los cambios tengan calado suficiente para devolver la confianza a quien decide la contratación: los empleadores. Nadie debe esperar una reacción inmediata del empleo, porque la propia estabilización de la economía puede generar desempleo adicional. Pero hay que poner las bases para que las condiciones laborales generen crecimiento, y para que cuando éste se recomponga, sea más elevado y la ocupación tenga una mayor elasticidad, sobre todo entre los jóvenes.
La reforma debe atacar, para suavizar, todos los costes que condicionan directa o indirectamente al factor trabajo. Salarios, despidos, cotizaciones, impuestos sobre la renta y seguro de paro. Como en el pasado, el empleo despertará cuando todos esos costes se relajen un poco o, alguno de ellos, mucho. Para ello hay que refundar la determinación salarial, reduciendo el poder de los convenios sectoriales y provinciales, y darle protagonismo al que se negocia en cada empresa, que está pegado a la realidad. Para ello hay que cambiar la mentalidad acaparativa e inmovilista de sindicatos y patronal, porque si a ellos les va en esto la vida, al empleo, más.
El debate de las franjas de coste en los despidos tiene que resolverse creando un único contrato fijo con indemnización creciente en función de la antigüedad, y eliminando los temporales, con la excepción de los que sean capaces de demostrar la causalidad. Es todo más simple de lo que parece, y desde luego más que la mezcla explosiva y discriminatoria del sistema actual, del austriaco y del alemán.