Reforma laboral y modelo de crecimiento
La tasa de paro ha cerrado el tercer trimestre en el 17,9% de la población activa y amenaza con dispararse en el último cuarto del año. Sumamos más de cuatro millones de parados mientras sindicatos y patronal no comparten ni diagnóstico ni soluciones. Los sindicatos afirman que el crecimiento del desempleo se basa en la especialización sectorial de la economía y la patronal considera que el coste de despido desincentiva las contrataciones. Los primeros estiman necesario reorientar el modelo de crecimiento vía gasto público y los segundos recomiendan abaratar los despidos. Un debate sordo que el Ejecutivo debería desbloquear.
Como afirman los sindicatos, el ajuste en la construcción explica parte del problema. Es cierto que algo menos de la mitad del incremento del paro desde el inicio de 2008 se debe a la contracción de la construcción. Sin embargo, la caída del empleo está siendo tal que aun en el supuesto de que la construcción no hubiera destruido un solo puesto de trabajo nuestra tasa de paro se situaría cercana al 14% y continuaríamos liderando el ranking europeo. Así pues, existen otros factores y que tienen relación con el marco institucional, como defiende la patronal, inalterado en lo sustancial desde hace unos quince años, aunque las principales líneas de reforma no deberían centrarse en un revisión a la baja del despido.
En primer lugar, la actual regulación fijó un coste relativo de la contratación temporal muy reducido durante demasiado tiempo, haciendo rentables los negocios que pueden operar con trabajadores temporales. Como resultado, la contratación temporal canalizó el incremento de la población activa de los últimos años, tal que más de un tercio de los trabajadores llegaron a estar empleados bajo esta modalidad contractual. Bajo este entorno, muchos trabajadores terminaron aceptando empleos por debajo de su cualificación profesional, lo que a medio plazo generó el abandono prematuro de los estudios de las siguientes generaciones para evitar incurrir en tales excesos de capacidad. El alto índice de abandono escolar y el perfil sociológico del trabajador mileurista están intrínsecamente relacionados con la actual regulación del mercado de trabajo. Todo esto ha conducido hacia una especialización productiva en sectores con bajos requerimientos de capital humano.
En segundo lugar, la regulación laboral ha presentado serios obstáculos a la reorientación sectorial de nuestra economía. De alguna manera, no sólo ha perfilado una especialización productiva en sectores de bajo valor añadido, sino que también ha colaborado en bloquear el cambio. Por una parte, el actual sistema del coste de despido, basado en una indemnización creciente con los años en la empresa, supone una barrera a la movilidad de los trabajadores. Este modelo desincentiva el cambio de empleo hacia puestos de trabajo más productivos y ligados a mayores remuneraciones, dado el coste asociado a la pérdida de la antigüedad. Y por otra parte, la estructura de la negociación colectiva con escaso protagonismo de los comités de empresa y de las direcciones de las compañías ha conducido a incrementos salariales generalizados indexados a la inflación, dificultando la mejora relativa de los salarios en las empresas y sectores más productivos, aminorando la potencia de estas señales para reconducir la economía.
Este marco institucional ha coadyuvado en el desarrollo del modelo de crecimiento que los sindicatos desean revisar y además, explica, como defiende la patronal, la potencia destructora de empleo en las fases bajas del ciclo, aunque debido al volumen de contratación temporal (con costes de despido nulos o muy reducidos) que genera. Deberíamos iniciar un debate serio del mercado laboral que el país necesita e impulsar una reforma que debería eliminar los incentivos perversos a una especialización productiva ineficiente y a dotar al mercado de una mayor flexibilidad para permitir una reorientación dinámica del modelo de crecimiento. España no podrá recuperar tasas de crecimiento elevadas, ni alcanzar otro modelo de crecimiento con la actual regulación. Existe un amplio campo para los acuerdos que podrían permitir mejoras del bienestar, además de una contribución esencial a las dañadas arcas del Estado.
Jonás Fernández Álvarez. Director del servicio de estudios de Solchaga, Recio & Asociados