TRIBUNA

La morosidad se desboca

En la actualidad se han extendido en España unos nefastos hábitos de pago que suponen un elevado riesgo de extinción para las empresas proveedoras. Durante los últimos años se ha producido un deterioro de las prácticas de pago, como lo demuestra un completo estudio sobre el comportamiento de pagos realizado por Iberinform, sociedad del grupo Crédito y Caución. El informe revela que en el año 2009, el plazo medio en el pago de facturas en España ha pasado a ser de 124 días, lo que supone más del doble de la media europea.

Un aspecto muy interesante que desveló el citado informe son las diferencias abismales de los plazos de pago en las distintas comunidades autónomas. Los territorios con los menores periodos medios de cobro son Ceuta y Melilla, con 71 y 86 días respectivamente. Una posible explicación de estos plazos tan cortos es que en estas ciudades autónomas la modalidad de pago a tocateja es moneda corriente y esto diluye la media. En segundo lugar, las dos comunidades autónomas con plazos de pago más cortos son La Rioja y Cataluña, empatadas a 109 días.

En el extremo opuesto, la comunidad con el periodo más largo es la de Madrid, con 137 días. El estudio de Iberinform también descubrió que una de cada diez empresas españolas presenta un alto riesgo de convertirse en morosa durante los próximos 12 meses. Una vez más existen diferencias desmesuradas entre comunidades autónomas. En el caso de empresas navarras la posibilidad de transformarse en morosas es del 2%, mientras que las Islas Baleares encabezan el ranking de morosidad latente con casi un 40%.

Hay que hacer notar que el deterioro de las prácticas de pago no sólo se debe a factores coyunturales, sino que también refleja una evolución estructural de las relaciones entre empresas. Por lo tanto, el fenómeno de la morosidad no se debe imputar únicamente a la evolución de los ciclos económicos, sino que también existen causas estructurales.

Entre las causas coyunturales está la desaceleración de la economía, puesto que en periodos difíciles como el que atravesamos, las empresas utilizan la prolongación de los plazos de pago como un sustitutivo de los créditos bancarios. Además, en épocas de crisis los índices de morosidad se suelen disparar y se producen fenómenos de siniestralidad en cadena.

Entre las causas estructurales de la morosidad, podríamos hablar de la actitud de algunos actores económicos al prolongar deliberadamente los plazos de pago aprovechando su posición dominante en perjuicio de las empresas más pequeñas. Como prueba de esta problemática tenemos un estudio reciente de Crédito y Caución que evidenció que las empresas españolas conceden a sus clientes un periodo medio de crédito de 75 días, el más amplio de los principales mercados europeos analizados.

Otra causa estructural es la cultura de la morosidad que se ha desarrollado en los últimos tiempos, hasta el punto de que pagar tarde se ha convertido en un comportamiento generalizado. Un estudio de 2009 efectuado por la multinacional francesa de información financiera Altares, miembro de la red mundial de Dun & Bradstreet, descubrió que más de la mitad de las empresas españolas no respeta los vencimientos de pago de las facturas y se demora en la liquidación. Asimismo, según el mismo estudio, los retrasos medios en el pago de las facturas vencidas es muy superior a la media europea.

Además, el Estado español sale muy mal parado en el índice de pagos elaborado por Intrum Justitia que expresa el riesgo potencial de cada país europeo a la hora de cobrar las facturas. El Payment Index está destinado a comparar los distintos países europeos desde el punto de vista de riesgo de morosidad. El estudio, presentado en 2009, revela que España ha pasado del nivel 159 en 2008, a un índice de riesgo de 166 en 2009; calificación que supone un elevadísimo riesgo de impago.

De los 25 Estados analizados, España es el sexto país con mayor índice de riesgo; de los Estados del sur de Europa, sólo Portugal y Grecia la superan. Además, según señala el estudio, el 90% de las empresas españolas cobra con retraso. Asimismo, el informe de Intrum Justitia reveló que España es el país europeo donde más se tarda en cobrar las facturas, sólo superado por Grecia.