Un análisis parcial del plan de estímulo
El Consejo de Ministros se reunió ayer con carácter extraordinario para analizar la efectividad de las medidas para combatir la crisis. Como reflexión teórica es un buen ejercicio, porque poco importan cuántos planes se han puesto en marcha, sino el resultado que están arrojando. No obstante, chirría que se haya convocado a los ministros con carácter extraordinario para analizar un informe de 16 páginas -al menos, el que se presentó a la prensa-. Por tanto, la reunión de ayer se puede interpretar más como un intento propagandístico de transmitir a la opinión pública -una vez más- la actividad desarrollada por el Ejecutivo durante estos meses, que como un análisis minucioso de la evolución de los planes de estímulo.
Al menos eso se deduce de los escasos datos que aporta el esquemático documento entregado ayer tras el Consejo, que se limita a enumerar la retahíla de medidas aprobadas. Hasta el momento van 99, de las que 91 vieron la luz esta legislatura y las 8 restantes en la anterior, lo cual sorprende porque el Gobierno no reconoció la existencia de crisis hasta varios meses después de las elecciones generales. Además, no se comprende por qué se incluyen algunas medidas como parte del Plan E (Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo). Así, el Gobierno contabiliza como un esfuerzo para combatir la crisis haber subido las pensiones o el salario mínimo interprofesional (SMI), conceder becas o la aprobación del Plan de I+D 2008-2011 o el Estatal de Vivienda 2009-2012. Son funciones lógicas de cualquier Gobierno y no se justifican en el combate contra la recesión. Pero, sobre todo, poco se dice de la eficacia del casi centenar de medidas. Por ejemplo, no se cuantifica si los famosos 400 euros han servido para incentivar el consumo de los españoles y, por tanto, generar actividad económica, o han ido a ahorro preventivo. Ni se aporta el número de empresas que se han ido acogiendo al aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social o de impuestos; ni se detalla la evolución de cada una de las líneas ICO; ni se explica cómo ha funcionado el recorte del 1,8% de los gastos corrientes del Presupuesto. La vicepresidenta segunda, Elena Salgado, se limitó a decir que se creará un 30% más de empleo del previsto inicialmente con el plan de inversión local, que, dicho sea sin ambages, es una buena noticia.
Y si sorprende la escasez de análisis, tanto o más sorprende la ausencia de autocrítica. Salgado concluyó -no se sabe bien bajo qué premisa- que el Gobierno está "satisfecho" con el plan de estímulo de la economía, aunque reconoció que los resultados sobre el empleo le restan satisfacción. La vicepresidenta parece obviar que el objetivo del plan es generar actividad que evite la destrucción de puestos de trabajo. Sobre la eficiencia de las medidas, cabe resaltar que para el Gobierno sólo una no está funcionando satisfactoriamente: la línea ICO de moratoria hipotecaria para parados a la que sólo se han acogido 2.246 familias. Para conseguir que los bancos sean más permisivos, el ICO avalará la renegociación de las hipotecas. æscaron;nica novedad del Consejo de ayer. Elena Salgado recordó ayer que el presidente del Gobierno anunciará nuevas medidas en el Debate del Estado de la Nación la semana próxima, aprovechando el margen fiscal que sigue apreciando en las cuentas públicas.
Estima que el nivel de deuda pública de España es muy cómodo (50,8% del PIB) frente a la media de la zona euro (77,7%), y hay que aprovecharlo. El Gobierno reitera su apuesta por el gasto público. Pero este es un terreno en el que debe caminar ya con pies de plomo. Los niveles alcanzados en el déficit público, que podría elevarse este año hasta el 10% del PIB, y las alertas realizadas ya por las agencias de calificación sobre los riesgos crecientes de encarecimiento de la financiación en los mercados exteriores aconsejan mucha cautela. El Gobierno debe aprovechar el margen, pero siempre que sea muy selectivo en el gasto, destinado a inversión en infraestructuras, equipamiento y educación, cuestiones que tienen un efecto multiplicador, aunque no inmediato, sobre la actividad económica y el empleo de calidad. Además, debe poner en marcha cuanto antes una serie de medidas que no cuestan dinero, pero mejoran el paisaje normativo para estimular el crecimiento. Las reformas estructurales, tantas veces citadas y siempre aplazadas: mercado de trabajo, energía, educación, justicia, suelo y fiscalidad personal y empresarial.
