La renegociación de las hipotecas de los desempleados será avalada por el ICO
Las dificultades de los parados para renegociar las hipotecas firmadas con la banca y acogerse a la moratoria de dos años prevista por el Gobierno han conducido a Economía a replantearse la actual legislación y a flexibilizar los requisitos exigidos. Así lo anunció ayer la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, quien recordó que el nivel de deuda pública en España da margen para inyectar nuevos estímulos fiscales a la economía.
Desde que el Gobierno aprobó esta medida en noviembre del año pasado, se han renegociado alrededor de 50.000 hipotecas, pero se han percibido crecientes dificultades para que de la moratoria se beneficien los parados con préstamos pendientes de pago.
En un principio, en los cálculos del Gobierno aparecieron como beneficiarios potenciales cerca de medio millón de familias. Las reglas son claras. Rige el aplazamiento de la obligación del pago del 50% de la cuota mensual hipotecaria durante 24 mensualidades, mientras que las cantidades aplazadas -el otro 50% de la cuota- puede compensarse a partir del 1 de enero de 2011 mediante su prorrateo entre las mensualidades que resten para la amortización de la hipoteca, con el límite máximo de 10 años.
Los beneficiarios potenciales de esta moratoria deben estar parados o pasar a estarlo con anterioridad al 1 de enero de 2010 y tener derecho a prestación, o ser trabajadores autónomos con cargas familiares que hayan cerrado su negocio o acrediten pérdidas que reduzcan sus ingresos a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
Además, para beneficiarse de esta moratoria temporal y parcial, deben ser titulares de una hipoteca concertada antes del 1 de septiembre de 2008 y por un importe inferior a 170.000 euros, sólo en el caso de adquisición de vivienda habitual o primera vivienda.
Para que a estos beneficios accedan, sobre todo, los desempleados, el Ministerio de Economía se está replanteando algunas de estas condiciones. La vicepresidenta Elena Salgado argumentó que lo último que quiere la banca es quedarse con las casas de las personas que no pueden pagar sus hipotecas, de ahí que se estén estudiando fórmulas para flexibilizar las condiciones de acceso a la moratoria. En principio, el ICO avalará la renegociación de estas hipotecas de los parados una vez que el Gobierno flexibilice los requisitos para acceder a la moratoria.
Las dos vicepresidentas hicieron ayer una evaluación positiva de las medidas incorporadas al plan de estímulo económico. María Teresa Fernández de la Vega avanzó que José Luis Rodríguez Zapatero aprovechará el Debate del Estado de la Nación que comenzará el martes para anunciar nuevas iniciativas. El ministro de Fomento, José Blanco, anticipó que algunas de ellas serán estructurales.
Elena Salgado recordó que hay margen para ello, puesto que entre las fortalezas que tiene España figura la menor deuda pública en relación con la media comunitaria: 50,8% este año, una vez incluidos todos los estímulos fiscales ya aprobados, frente al 77,7% de la zona euro y el 72,6% de media en la UE.
En cualquier caso, defendió Salgado, las nuevas medidas serán muy selectivas y servirán para reforzar el cambio en el modelo de crecimiento.
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado ayer estuvo dedicado casi en su integridad a evaluar el plan de estímulo. Una primera novedad será que el programa de inversión municipal, dotado con 8.000 millones de euros, servirá para crear un 30% más de los empleos previstos, según informó Elena Salgado.
La razón estriba en que se ha conseguido recortar en un 6% el precio de licitación de las obras y en que las empresas concesionarias han sumado mejoras en los distintos proyectos aprobados. Las previsiones iniciales del Ejecutivo apuntaban a la creación de 278.000 empleos directos y hasta 120.000 indirectos. Hasta ahora, 240.289 personas se encuentran trabajando gracias a este fondo de inversión, de las cuales 92.017 se han incorporado al mercado con nuevos contratos.
50.000 millones
La aplicación del plan de estímulo ha inyectado en la economía española alrededor de 50.000 millones de euros, según el Gobierno, el equivalente al 2,3% del PIB. Si se suman los estabilizadores automáticos, este porcentaje se elevaría a casi el 5%.