TRIBUNA

Las medidas de la crisis

La comparecencia del presidente ayer en el Congreso pone de manifiesto que, finalmente, el Gobierno considera que la situación económica presente y futura es muy complicada. El reconocimiento de que la economía española se encuentra en una situación de práctico estancamiento, y de que pueden venir tiempos peores, es ya un paso adelante de gran importancia. Bienvenida pues dicha comparecencia.

Pero tomarle la medida a la crisis económica, determinando su profundidad en el momento actual y evaluando con rigor lo que está por venir, sin descartar la recesión, es una cosa, y tomar las medidas que la crisis requiere es otra.

La grave situación que atraviesa nuestra economía viene dada por factores domésticos (agotamiento del ciclo inmobiliario) y por factores externos (crisis crediticia y encarecimiento del precio de las materias primas, entre ellas el petróleo). Contra el encarecimiento de las materias primas, poco se puede hacer, más allá de los consabidos planes de mejora de la competitividad, cuya mayor desventaja es que, aun siendo necesarios para sostener el crecimiento potencial, raramente tienen impacto a corto plazo. Frente a la crisis crediticia global, ciertamente, las operaciones del Tesoro americano para intervenir las dos grandes sociedades hipotecarias pueden resultar determinantes para restaurar la liquidez de los mercados internacionales y, por tanto, para la financiación del déficit exterior español.

Pero la economía española sufre, además, problemas intrínsecos, específicos, sobre los que el Gobierno debe intervenir de manera contundente. Dos son los frentes prioritarios en los que ha insistido el presidente: el empleo y el sector inmobiliario. Y cuatro los ejes de medidas: la competitividad, la cohesión social, la austeridad y el diálogo social.

El programa de reformas del Consejo de Ministros del 14 de agosto había propuesto medidas que inciden tangencialmente en el mercado inmobiliario, pero que tienen impacto a medio y largo plazo (la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y diversos planes de reactivación de la vivienda protegida o la rehabilitación). Pero la destrucción de empleo en el sector inmobiliario, además de los pobres ritmos de iniciación de viviendas o de ventas ponen de manifiesto que las medidas de largo plazo son claramente insuficientes y que las empresas del sector necesitan como agua de mayo la obtención de financiación, que les permita continuar la actividad y les dé el margen necesario para la reconversión.

Desde este punto de vista, las dos medidas anunciadas ayer por el Gobierno atacan por fin el problema de la financiación: las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (los REITS) facilitan la captación de fondos para poder invertir en el mercado inmobiliario, mientras que la conversión de préstamos al promotor en otros de mayor plazo a cambio de poner las viviendas en alquiler ataca directamente el problema más acuciante de dar un respiro a los vencimientos de la deuda. Seguramente, estas medidas constituyen la sustancia de lo que el Gobierno se propone hacer a corto plazo.

El resto de medidas, más dispersas y menos novedosas, insisten, en primer lugar, en reforzar las bases de la competitividad sobre la base de lo anunciado reiteradamente antes de y en el Consejo de Ministros del 14 de agosto. En segundo lugar, el presidente enfatizó ayer el compromiso del Gobierno con la austeridad, al tiempo que, paradójicamente, aludía a que 'existe margen para realizar una potente política fiscal contracíclica'. ¿Hablamos de 20 millardos de euros de gasto estructural extra cada año, hasta 2010, por ejemplo? En tercer lugar, ni que decir tiene que la preservación del Estado del bienestar durante la crisis es fundamental, pero éste ya se ve garantizado por las fórmulas existentes en nuestros sistemas de protección al desempleo, las pensiones, etcétera. Por supuesto que los Presupuestos Generales del Estado coparán con el aumento del gasto por prestaciones de desempleo, en la medida de lo necesario.

Por último, y no menos importante, el mercado de trabajo, sin duda el frente más necesitado de acción inmediata, no puede esperar a que el proceso de diálogo social consensúe las medidas a tomar. Dicho esto con el máximo respeto a una institución que ha servido bien a la economía española, pero que ahora muestra una lentitud y falta de definición incompatibles con la urgencia del caso, por decirlo suavemente. Sí hay que saludar el deseo del Gobierno de modernizar y, especialmente, coordinar, los servicios públicos de empleo. ¿Quiere ello decir que se va a instrumentar por fin la colaboración entre los servicios públicos y los servicios privados de empleo?

José A. Herce / Pep Ruiz Aguirre. Herce es socio-director de Economía de AFI y Ruiz es director de Análisis Inmobiliario de AFI