Cien días de pasividad
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace hoy balance de su gestión en los cien primeros días de esta segunda legislatura, en la que la economía, desgraciadamente, ha sido la negativa protagonista. Si durante los cuatro primeros años de su gestión fue una balsa de aceite en la que las cifras daban cuenta de una situación nominalmente agradable, nada más comenzar la segunda, la economía se ha convertido en una auténtica tortura para el Ejecutivo. Las cifras revelan una escenografía de crisis económica, en la que, pese a tener más fortalezas que en pasados episodios recesivos, los instrumentos son mucho más limitados.
El Gobierno negó la llegada inminente de una crisis en plena campaña electoral, pero admitió implícitamente una situación de dificultad cuando ofreció 400 euros a cada uno de los españoles. Traspasado el rubicón de las urnas, la resistencia a reconocer que la economía no camina se ha desvanecido, y algunos círculos del Ejecutivo manejan la palabra recesión con normalidad, tras haber puesto en marcha dos farragosos, pero poco efectivos, planes de medidas anticrisis.
En paralelo, ha hecho especial hincapié en transmitir la imagen de que hay una Administración que hará lo posible por superar la etapa negativa. Pero la sensación que transmite a los administrados no es tal. Está cada vez más extendida la estampa de pasividad gubernamental, sobre todo, entre los principales líderes empresariales. 'El Gobierno ha abierto el paraguas y espera que escampe'. Esta frase resume el sentir de buena parte de las personas que deben tomar decisiones empresariales cada día, tanto en sectores financieros como industriales.
La economía tiene problemas de corto, de medio y de largo plazo, y deben ser afrontados con urgencia, porque las decisiones anunciadas se han diluido en las buenas intenciones. Precisa de un desbloqueo inmediato del ahogo de la liquidez, para evitar que vastos proyectos empresariales entren en barrena, como los de la semana pasada. Y requiere también de decisiones que frenen el deterioro de las variables macro dañadas (inflación, financiación y cuentas públicas, ya en déficit) y de la imagen exterior de España, y que sí dependen, y mucho, de decisiones gubernamentales.
Por último, y cuanto antes, tienen que echar a andar reformas estructurales para que la recuperación sea más pronto que tarde y para que el crecimiento potencial se ensanche sin generar los desequilibrios que cercenan la competitividad. Las reformas estructurales deben ir más allá de los gestos y han de ofrecer una alternativa financiable de suministro energético; un mercado laboral flexible y que liquide la vieja indiciación salarial que daña por igual a los trabajadores productivos y a las empresas con trabajadores improductivos; nuevas medidas de refuerzo de las garantías jurídicas en los negocios y mercado financieros; libertad en la distribución comercial, o un presupuesto que incentive la inversión productiva.
El compromiso con los más vulnerables es loable, pero sólo si es financiable. Las últimas señales de las cuentas públicas muestran la vuelta al déficit, lo que generará primas de riesgo adicionales, que harán cada vez más difícil la financiación pública y privada.