La morosidad está de moda
En estas últimas semanas en los medios de comunicación está proliferando un término: morosidad. Por un lado, existen causas coyunturales que explican el fuerte repunte de los impagos interempresariales, como son la crisis incipiente de la economía, la bajada de los ingresos de explotación, el encarecimiento del coste del dinero, las restricciones a la financiación a corto plazo, la bajada de los márgenes comerciales y un descenso del flujo de caja al no cobrar de sus deudores. Estas circunstancias incitan a las empresas a utilizar los plazos de pago a proveedores como sustitutos de los créditos bancarios.
Sin embargo, por otro lado, hay que destacar la importancia de otro grupo de causas: las estructurales. La Comisión Europea (CE) realizó una serie de estudios destinados a averiguar las causas de la morosidad en Europa. Antes de la publicación del informe de la CE, se suponía que los deudores no pagaban puntualmente debido a problemas de liquidez, falta de fondo de maniobra o problemas administrativos.
La investigación de la CE reveló que la principal causa de la morosidad es la intencionalidad. Así pues, en el 35% de los casos el motivo del impago es el retraso deliberado por parte de los deudores y sólo en el 23% la causa real es tener dificultades financieras para atender el pago. Así que el moroso europeo no paga para aprovecharse de la financiación gratuita del acreedor.
En España el 62% de los morosos deja de pagar no por problemas financieros, sino por propia voluntad, según la CE
No obstante, el estudio auspiciado por la CE detectó un caso especial y que se salía de la media. El informe reveló que en un país europeo la intencionalidad pura y dura del deudor representaba el 62% de las causas de la morosidad. Este Estado es el Reino de España. En el polo opuesto se encuentra Suecia, donde la intencionalidad sólo representa el 26%. Con anterioridad a la publicación del informe de la CE se suponía que los condicionantes señalados anteriormente eran las principales causas del retraso en los pagos.
La realidad es que en la mayoría de los casos los morosos podrían pagar el día pactado con el acreedor comercial, pero no lo hacen porque no les da la gana hacerlo por el momento. Consecuentemente la mayor parte del los impagos que se producen en Europa son intencionales, ya que el deudor retrasa los pagos para financiarse a costa del proveedor. Y como dice el refrán: 'aguas revueltas, ganancia de pescadores', así que muchos morosos aprovechan el repunte de los impagados para dejar de pagar.
Así pues, actualmente en España se calcula que el 90% de las empresas sufre problemas de retrasos en los cobros o tiene problemas financieros derivados de la morosidad de sus clientes. No obstante, las consecuencias de esta lacra no son iguales para todas las empresas, puesto que afecta especialmente a las pymes, ya que son más vulnerables a las variaciones de cash flow al carecer de los fondos de maniobra que tienen las grandes empresas.
Además las pymes suelen depender de un número limitado de clientes, que generalmente suelen ser empresas más grandes y que aprovechan su posición dominante para imponerles plazos de pago largos. Un fenómeno que se ha extendido en los últimos años es el abuso que practican las grandes empresas dominantes de algunos sectores con sus proveedores. Estas empresas pasan pedidos importantes a empresas auxiliares, las cuales tienen una gran dependencia de los pedidos que les proporcionan estas grandes compañías, pero en contrapartida aprovechan su elevado poder de negociación en las condiciones de pago y exigen pagar con aplazamientos de pago muy dilatados.
Este fenómeno ha llevado a que las pymes proveedoras de las grandes empresas en realidad están concediendo a estas últimas un auténtico crédito financiero y no un mero crédito comercial. Las pymes afectadas por esta situación deben endeudarse con las entidades bancarias, acudir a las pólizas de crédito, al descuento de efectos y al factoring para poder refinanciar a sus clientes, sufriendo en sus cuentas de resultados el impacto de los cuantiosos gastos financieros que ocasiona el endeudamiento bancario ya que no sólo tienen que financiar sus compras, sino también sus ventas.
Y no hay que olvidar que las pymes constituyen casi el 99,90% del tejido empresarial español y pocas son las que no han tenido que acudir a alguna fuente de financiación para sufragar sus realizables. Baste como muestra para conocer los costes financieros que provocan en las pymes los retrasos en los pagos: supone costes cercanos al 3% de la facturación.
Brevemente las prácticas de demorar los pagos son básicamente fruto de una cultura empresarial que se ha desarrollado no sólo debido a factores económicos, sino además a las malas prácticas de pago imperantes en las relaciones mercantiles, como por ejemplo imponiendo que los meses de agosto y diciembre no se liquidan facturas. En casos extremos algunos compradores que tienen como fecha fija de pago el día 30 de cada mes, como el mes de febrero no tiene día 30, no pagan las facturas que vencen a finales de febrero hasta el 30 de marzo.
España necesita un cambio urgente en las prácticas de pago interempresarial o seguiremos condenados a figurar en el ranking de los peores pagadores de Europa.
Pere J. Brachfiel. Profesor de Finanzas de la Escuela de Administración de Empresas (EAE) y autor de 'Memorias de un cazador de morosos'