Ahorro previsión: asignatura pendiente
Las necesidades de una sociedad envejecida no pueden financiarse sólo por el Estado, dice el autor. Los españoles, pues, deben sustituir el primitivismo inversor dedicado en exclusiva a pagar la vivienda por una actitud a favor del alquiler como inversión de futuro
Uno de los elementos que más va a condicionar en España la política económica y social de los próximos años va a ser el envejecimiento de la población. La multitud de aristas que conforman su puzle exigen medidas de alcance por parte de las administraciones públicas, pero también es esencial que la sociedad se conciencie de la magnitud del hecho y vaya anticipando su llegada con decisiones económicas que les permitan asumirlo con dignidad.
España tiene en estos momentos una de las esperanzas de vida más elevadas de todo el mundo occidental, gracias en parte a un sistema social y sanitario público puntero y consolidado como derecho universal a partir de las políticas impulsadas por Felipe González. Sin embargo, este hecho, del que nos debemos sentir orgullosos, choca con un elevado déficit de ahorro previsión, precisamente para poder complementar las prestaciones públicas en aras de cofinanciar muchas de las necesidades que se crean con el aumento de la esperanza de vida.
Esta situación parte de una historia económica en la que el ahorro sólo tenía un destino: pagar la vivienda en propiedad, ya sea la primera la segunda residencia, en algunos casos. Este primitivismo inversor ha calado en la sociedad, y ello ha condicionado también el desarrollo de mercados financieros modernos y líquidos donde se pudieran ofertar productos de ahorro previsión que sólo recientemente han aparecido sin que, de momento, su éxito haya sido espectacular. Las administraciones públicas han hecho su trabajo regulando estos productos con el objetivo de que la oferta sea lo más amplia posible, dotándoles de incentivos fiscales y garantizando la solvencia de las entidades que lo comercializan para que el consumidor siempre esté protegido.
El problema surge cuando los que ahora pueden acceder a alguno de estos productos -fundamentalmente personas mayores- se encuentran con que las prestaciones que les ofrecen no cubren sus necesidades, dado el escaso tiempo que tienen para ahorrar y capitalizar su inversión. Por otro lado, la mayoría de los productos aparecidos tienen como colateral la vivienda principal del ahorrador, lo que genera en muchos casos recelos y conflictos familiares.
Con esta estructura económica y social, ¿qué se puede hacer? La solución no es fácil, pues chocamos con una visión muy a corto plazo y sectorializada. Estos días estamos viendo un ejemplo palmario, cuando ante una coyuntura de desaceleración en el mercado de la vivienda, las propuestas económicas van en la dirección de elevar los incentivos para la compra de una vivienda. Esto significa ahondar más en el primitivismo inversor de los españoles. Así se podría paliar temporalmente la situación de algunas empresas, pero en ningún caso esto es la solución para aquellos que lleguen al último ciclo de vida con una vivienda, pero sin renta para sufragar su dependencia o incluso para pagar la calefacción.
El dilema, una vez más, es el orden de preferencia de los agentes. Los que creemos que la mejor inversión durante el ciclo vital es la educación y el ahorro previsión, y por tanto abrazamos la vivienda como un bien de uso, frente a los que los que buscan la única inversión de su vida desde el comienzo del ciclo vital. La sociedad española está habitada principalmente por agentes del segundo tipo, a diferencia, una vez más, de los países más avanzados. Aún más, esta mala práctica se agrava con el trasvase de renta ínter vivos de padres a hijos para perseverar en este círculo, es decir, para poder acceder a una vivienda en propiedad. Este hecho, además, está favorecido por la desfiscalización de las donaciones y las sucesiones. La paradoja es que, en muchos casos, estos mayores llegan sin rentas adicionales a la tercera edad y sin ayuda por parte de sus hijos, trasladando toda la carga hacia el sector público.
En suma, tenemos los instrumentos y los productos de seguro, tenemos una regulación adecuada y hemos diseñado los incentivos fiscales y financieros pertinentes. Sin embargo, nos falta la masa crítica que haga reconducir el esquema de preferencias desde los más jóvenes. El cambio de mentalidad respecto a la vivienda; el fomento de ésta como bien de uso, lo que lleva a favorecer y discriminar a favor del alquiler; y, sobre todo, la mentalización de que el ahorro previsión es la mejor inversión de futuro, son nuestras asignaturas pendientes. La Seguridad Social puede reformarse para garantizar pensiones dignas, pero las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida y con mayores necesidades asistenciales no pueden ser financiadas exclusivamente por el sector público. Por tanto, dejemos que nuestros padres disfruten de lo ahorrado, exijamos políticas de alquiler potentes, y ahorremos para el futuro. En una palabra, dejemos de ser trogloditas desde el punto de vista de un inversor.
Alejandro Inurrieta. Presidente de la SPA (Sociedad Pública de Alquiler)