La permanente reforma de la PAC
La inestabilidad en la regulación y en las normas europeas en materia de agricultura y alimentación ha dejado de ser una circunstancia pasajera para convertirse en un problema estructural. Aprobada una reforma en 2003, apenas iniciada su aplicación en 2006 ya está prevista su revisión en 2008, independientemente de la fecha de caducidad, en 2013. Y ello sin considerar las decisiones vinculadas a la agricultura y a los mercados que, sin integrarse estrictamente en la PAC, pueden ser adoptadas en cualquier momento modificando sustancialmente el escenario para las empresas agrarias y la industria agroalimentaria. Es el caso de la Ronda Doha, la estrategia agroenergética europea o las decisiones en materia medioambiental o de conservación de la naturaleza. Como consecuencia de todo ello, este año que acaba de iniciarse puede venir cargado de sorpresas para la agricultura europea.
Los acuerdos que puedan alcanzarse en la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio (OMC) constituyen el elemento de referencia de mayor impacto a medio plazo. Es en ese foro donde se decidirán las reducciones arancelarias, de al menos un 50%, así como la permeabilidad aduanera en el comercio internacional, para la próxima década. En definitiva, se trata de saber si la UE podrá exigir el cumplimiento de la extensa normativa aplicada a nuestras producciones, también a los productos de importación. Y ello desde dos perspectivas complementarias: la aceptación institucional de dichas restricciones por la OMC pero, también, la capacidad de controlar y certificar el cumplimiento de las normas.
La proliferación de restricciones, exigencias y garantías llega a límites que sólo pueden provocar la incredulidad. Por ejemplo, acaba de aprobarse que los biocarburantes a incorporar a los carburantes fósiles deberán garantizar un ahorro de un 35% en las emisiones de gases de efecto invernadero y no podrán obtenerse con materias primas cultivadas en tierras de alto valor para la biodiversidad o para el almacenamiento de carbono. Tampoco será fácil certificar el bienestar animal en las granjas, en el transporte y en el matadero, en el caso de la importación de productos ganaderos. En otros casos el control aduanero es posible, se pueden detectar variedades genéticamente modificadas, aunque empieza a temerse que una excesiva rigurosidad pueda provocar, antes o después, el colapso en el abastecimiento. Es el caso de la soja que, al no producirse en la UE, depende de las decisiones de producción que se adopten en Brasil, Argentina o EE UU, países que monopolizan el comercio mundial de un producto tan estratégico.
También hay que recordar las decisiones que pueden ser adoptadas en los próximos meses en materia de restricciones en el uso de productos fitosanitarios, fertilizantes, biodigestión de purines De mantenerse las orientaciones previstas, el impacto sobre la productividad agraria podría ser muy notable, provocando reducciones muy inoportunas de superficie cultivada y de producciones, especialmente cuando se necesita una expansión productiva. Incrementar la dependencia exterior en productos agrarios y en alimentos no parece muy oportuno en momentos de alzas de precios.
No es sencillo diseñar una estrategia de competitividad empresarial en estas condiciones. No cabe esperar que la OMC establezca reglas similares a las europeas para el comercio internacional y, por tanto, las empresas europeas deberán asumir los costes derivados de la extensa normativa reguladora europea.
En este escenario las decisiones que puedan adoptarse en el denominado chequeo médico de 2008, o revisión de la PAC, empiezan a ser un tanto intrascendentes. El actual sistema arrastra inevitablemente al desacoplamiento total de las ayudas, a la supresión de la referencia histórica individual de los perceptores, así como a la reducción gradual de las ayudas y su progresivo trasvase a los programas de desarrollo rural, con una gradual cofinanciación y renacionalización del gasto. Es un proceso irreversible desde que la Política Agraria Común se convirtió en un sistema de ayudas a la renta para facilitar la liberalización comercial internacional. Desde entonces lo que se negocian son prórrogas, excepciones y en definitiva plazos para retrasar lo inevitable. No parece que 2008 vaya a ser un año tranquilo para la agricultura.
Carlos Tió. Catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Madrid