¿Es suficiente el gasto empresarial en I+D?
Con un incremento en 2006 del gasto en I+D empresarial parece que ha sido un año óptimo para la inversión privada en este sector. En términos generales, la economía invirtió 11.801 millones de euros en actividades de investigación y desarrollo, según el INE, es decir, un 16% más que el año anterior, el mayor aumento en ocho años. El gasto español en I+D ya supone el 1,20% del PIB, acortando posiciones con la cifra europea del 1,83%, un contexto que ha sufrido cierta desaceleración del gasto en los países tradicionalmente motores de la inversión en I+D. Sin duda, vamos por buen camino pero, ¿es suficiente?
España se acerca más a los compromisos marcados en la Agenda de Lisboa, pues aunque la cumbre propuso llegar al 3% de inversión en 2010 para situar a la economía europea como la más competitiva del mundo, este objetivo se redujo al 2% para nuestro país. Ocho décimas nos separan de la meta, un propósito que, según el INE, manteniendo un ritmo de crecimiento económico y de evolución del gasto en I+D similar al actual se cumpliría en 2013. En resumen, tres años más de lo previsto.
A la luz de estos datos, ¿cómo podemos potenciar el gasto privado en investigación y desarrollo? Resulta obvio que la baja inversión en I+D por parte de una empresa es una amenaza real para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la competitividad. El informe de la Comisión Europea Cifras clave 2007 sobre ciencia, tecnología e innovación muestra que la productividad europea y el gasto en I+D se han ralentizado en comparación con sus principales competidores, Estados Unidos, Japón y China. Problemas estructurales, tales como las diferencias en la estructura industrial caracterizada por un sector de alta tecnología limitado, ralentizan la contribución europea en lo que respecta al gasto en I+D.
Sin innovación no hay mejoras en la productividad ni aumenta la competitividad, pues en una economía global como la nuestra, el mercado sólo reconoce a las empresas con una oferta innovadora. El resto están condenadas a desaparecer. Las actividades empresariales en I+D+i permiten diferenciar productos y servicios, requisito que exige una continua política de innovación en sus procesos productivos, contar con infraestructuras de última tecnología y plantillas altamente cualificadas.
Para ello, los diferentes Estados y regiones han seguido diversas políticas de fomento de la innovación basadas en la puesta en marcha o aumento de incentivos destinados a reforzar el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación de las empresas. Tal es el caso de nuestro recién aprobado Plan Nacional de I+D que contempla medidas de desarrollo de infraestructuras tecnológicas, de apoyo a la difusión de la cultura de la innovación y con subvenciones públicas para realizar proyectos innovadores.
A su vez, existen otros instrumentos para de estímulo vía financiación, de la inversión y gasto privado en innovación, reduciendo su coste a medio y largo plazo al minorar la cuota tributaria: las deducciones fiscales al I+D. Es un sistema altamente recomendado por la Comisión Europea (en su comunicado Towards a more effective use of tax incentives in favour or R&D, de 22 de noviembre de 2006) como un instrumento positivo al ser un factor transparente y muy relevante en la planificación de las estrategias corporativas de I+D, en la medida en que favorece la competitividad y el crecimiento empresarial.
Por todo ello, es preciso que poderes públicos, sector privado, asociaciones empresariales, universidades y organismos académicos, instituciones y fundaciones científicas, aunemos nuestros esfuerzos trabajando en la misma dirección de fomentar la innovación como una cultura esencial dirigida a propiciar el cambio de la sociedad y el tejido productivo español. Un proceso que debe responder a una estrategia meditada y estructurada, imprescindible para viajar en el actual tren de la globalización.
Víctor Tarruella Director general de Asesoría I+D+I