Romanones y la fotovoltaica
Las modificaciones introducidas por el Ministerio de Industria después del verano en la regulación de la energía fotovoltaica van más allá, en opinión del autor, de las reglas de juego establecidas por el Decreto 661/2007 que desarrolla este tipo de energía renovable
Se atribuye una anécdota al Conde de Romanones representativa de cómo entendía la tarea de gobierno. 'Dejad que ellos (los diputados) hagan las leyes, yo haré el reglamento' es la frase adjudicada al poliministro de Alfonso XIII, que con el ejercicio de su potestad era capaz de desactivar lo aprobado por un órgano de rango superior. Resulta curioso que pasado el tiempo, desde el Ministerio de Industria se emule al histórico conde.
Hace siete años, las instituciones europeas formalizaron una estrategia de impulso al conjunto de las energías renovables. La estrategia se plasmó en la Directiva 2001/77, a fin de lograr que en 2010 el 29,4% del consumo bruto de electricidad del mercado interior europeo sea atendido con este tipo de energías. Dentro de las renovables, en España es la energía fotovoltaica la que ofrece una mayor ventaja comparativa. Con un nivel de irradiación solar considerablemente mayor que el resto de Europa, disponemos de grandes extensiones de terreno cuyos usos alternativos son económicamente menos eficientes.
Con estas premisas, el desarrollo de la fotovoltaica ofrece a España varias y atractivas posibilidades: reducir la dependencia energética -llegando a proporcionar el 10% del aumento previsto de la demanda energética en los próximos quince años-; mejorar nuestro medioambiente -contribuyendo al objetivo de emisiones fijado en Kioto, donde somos el país más retrasado-; o proporcionar ahorros -5.500 millones de euros entre reducciones de importaciones de combustibles fósiles y de emisiones-.
Las sucesivas incertidumbres para un sector emergente como el fotovoltaico impide su eficaz desarrollo
Esta potencialidad ha motivado que el impulso a la energía fotovoltaica -y a todas las renovables- se haya ido concretando en la ley de 1997 del sector eléctrico, en el Decreto 436/2004, en el Plan de Energías Renovables 2005-2010; y -con salvedades- en el Decreto 661/2007. Adicionalmente, la energía fotovoltaica es un pilar del discurso del desarrollo sostenible mantenido por el presidente Zapatero.
Sin embargo, como Romanones, el Ministerio de Industria va por libre. Empezó por incumplir -sobrepasándolo en cinco meses- el plazo la norma fijaba para aprobar un nuevo marco de regulación: el Decreto 661/2007. æpermil;ste, razonable en general, introdujo novedades significativas. Rebajó un 5% las tarifas aplicables a la fotovoltaica, pese a estar garantizadas por 25 años. Exigió un aval -medio millón de euros por megavatio previsto- a las empresas que proyecten construir instalaciones fotovoltaicas. A su vez, estableció un procedimiento para determinar y hacer público mensualmente -a través de la Comisión Nacional de la Energía- la potencia instalada en las instalaciones finalizadas, cuestión relevante dado que alcanzado un determinado volumen -fijado legalmente-, sólo podrán acogerse a las tarifas del Decreto 661 las instalaciones concluidas en los doce meses siguientes.
Pasados unos días desde la aprobación de dicho Decreto, el Ministerio anunció el número de megavatios ya instalado, así como el ritmo mensual que seguían las nuevas instalaciones, determinando que en diciembre se alcanzaría el límite legal, y que en diciembre de 2008 finalizaba el plazo para que las nuevas instalaciones accedieran a las tarifas del Decreto.
Pues bien, desde la vigencia del Decreto, la Secretaría General de Industria amaga con cambiar las condiciones que el mismo establece. A días de su publicación, intentó reducir el plazo citado -de doce meses a seis- mediante ¡una corrección de erratas!, aunque afortunadamente el intento quedó abortado. Creyéndose las reglas de juego, y la expectativa de plazos proporcionada por la información oficial, el sector comprometió un importante volumen de recursos.
Sin embargo y aprovechando el estío, Industria ataca de nuevo, y tras las vacaciones, ha vuelto a sorprender al sector. Por la vía de los hecho ha modificado el procedimiento de cálculo de la potencia instalada y ahora mantiene que el ritmo mensual que han seguido las nuevas instalaciones es el doble que el anunciado antes del verano. Con base en estas dos extrañas circunstancias, Industria mantiene ahora que en julio había ya instalados 301 megavatios, cuando antes del verano eran 256 y en la tabla oficial de Productores en Régimen Especial del Ministerio figuran 196. La consecuencia es que se anticipa en tres meses -de diciembre a septiembre de 2008- el límite para concluir las instalaciones fotovoltaicas que podrán acogerse al Decreto 661.
Así, lo que no pudo conseguir con corrección de erratas, pretende lograrlo recurriendo a la contabilidad creativa. Como corolario aquellas empresas que, confiando en el Ministerio de Industria y en su información, comprometieron recursos, asumieron inversiones y depositaron avales, pueden resultar seriamente perjudicadas.
Al margen de consideraciones éticas y de posibles responsabilidades derivadas, políticas y jurídicas, lo cierto es que como política económica, la crítica es incontestable. La introducción de sucesivas incertidumbres a un sector emergente como el fotovoltaico, es el modo más eficaz de impedir su desarrollo, fuera cual fuese el discurso político mantenido.
Ignacio Ruíz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y consejero de Copisa y de Elduayen Fotovoltaica