Los retos de la nueva legislatura
Se abre una legislatura apasionante para las corporaciones locales y una buena parte de los Gobiernos autonómicos. Aunque probablemente no será hasta después de las próximas elecciones generales cuando se aborden las reformas esperadas de mayor calado, existe un amplio consenso en la necesidad de introducir cambios que consoliden el proceso de descentralización que ya iniciara este país hace más de dos décadas.
El estado de la cuestión se encuentra en una fase avanzada en el nivel autonómico, y ya se han apuntado algunas de las bases que servirán para modificar el actual modelo de financiación. Es evidente que esta cuestión sigue abierta, y aún quedan pendientes de un acuerdo aspectos que faciliten el consenso entre las regiones con mayor dinamismo poblacional y las más condicionadas por otros efectos demográficos no menos significativos, como el de un mayor envejecimiento, la dispersión en el territorio o, incluso, la pérdida de población.
Con avances mucho menos nítidos y mayores incertidumbres, las corporaciones locales afrontan un periodo en el que volverá a definirse y reconocerse un marco competencial más aproximado a las demandas de los ciudadanos, cada vez más exigentes con sus municipios. Y en consonancia, habrá que dotar de una mayor capacidad financiera a las Haciendas locales, avanzando en una segunda descentralización que los Gobiernos regionales no podrán eludir.
El diseño de un sistema adecuado de financiación pasa por revisar las figuras tributarias locales
El sistema de financiación de las entidades locales debe determinar la forma en que éstas participarán en los ingresos de las comunidades autónomas, la denominada PICA. Una parte nada desdeñable del gasto municipal se debe al desarrollo de servicios que en realidad son competencia de las autonomías. De cualquier forma, el diseño de un sistema de financiación adecuado pasaría, además, por una necesaria revisión de las figuras tributarias locales.
Como principal reto, el nuevo esquema de actuación del sector público local deberá responder a una realidad caracterizada por las importantes diferencias de tamaño que presentan los municipios. Mientras alguno dispone de mayor población que muchas regiones, otros muchos pueblos, hasta un millar, no llegan al centenar de habitantes. Si hubiera que reinventar España, se podría, cuando menos, cuestionar la idoneidad de una configuración con más de 8.100 municipios donde la mitad tienen menos de 500 habitantes. Todos estos apenas suman 800.000 habitantes, cifra que contrasta con los 1.250 municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85% de la población.
La capacidad de prestación de servicios para los 5.000 ayuntamientos de menos de un millar de habitantes se encuentra más que limitada. Aunque existen fórmulas para solventar esta falta de tamaño, la cultura para agrupar y mancomunar esfuerzos ha tenido un escaso éxito como consecuencia, fundamentalmente, de un acentuado sentimiento localista.
Las relaciones con los ciudadanos también se han modificado en los últimos años, pero estos cambios han sido poco significativos en comparación con los que se vislumbran con la incorporación creciente de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. La apuesta del Ministerio de Administraciones Públicas por acelerar este proceso comienza a dar algunos resultados en los municipios con un mayor grado de motivación hacia la innovación. La adopción de la futura Ley de Administración Electrónica fija un marco de referencia, pero también impone obligaciones a las corporaciones locales que en cualquier caso, más tarde o más temprano, exigirá la ciudadanía.
La localización de actores de referencia (empresas, inversores, etcétera) será cada vez menos ajena a los incentivos que las Administraciones públicas territoriales generen para atraer riqueza a sus municipios. Y los incentivos no se van a medir por ayudas convencionales en forma de subvenciones, sino por las facilidades y la capacidad de remover obstáculos que se demuestren para que los agentes económicos puedan ejercer su actividad en condiciones satisfactorias.
En definitiva, la reforma del marco regulador del sector local, afectando a algunas de las materias anteriormente apuntadas, y a otras tan relevantes como la gestión del suelo, debe, en cualquier caso, acompañarse de la reflexión de los cargos electos y sus equipos técnicos sobre la necesidad de mejorar y modernizar la gestión y actividad de nuestros ayuntamientos, a los que se les abre un futuro lleno de importantes e interesantes retos. Una ciudadanía que ha experimentado grandes cambios en los últimos años lo agradecerá.
César cantalapiedra / Ana Aguerrea. Consultores de Administraciones Públicas (AFI)