EDITORIAL

Morosidad y competitividad

La Ley de Morosidad aprobada en 2004 establecía umbrales máximos en los periodos de pago para las empresas que no se han cumplido. Por ello los sectores más afectados por la dilatación de los pagos de sus clientes han pedido a Economía una revisión que endurezca la norma. Previamente debe entregar en el Congreso un informe sobre el cumplimiento de los dos primeros ejercicios de aplicación, tanto en la economía privada como en aquellas transacciones en las que intervienen empresas públicas, notablemente peores pagadoras que las privadas.

Los últimos datos homogéneos existentes son los que proporciona la Central de Balances del Banco de España, referidos a 2005. Este informe revela un deterioro de los periodos de pago a los proveedores por parte de las empresas en general, pero más llamativo en las sociedades de naturaleza pública, en las que pasa de una media de 68 días en 2004 a 73 en 2005, así como en las empresas manufactureras, que ahora pagan a 72 días, cuando en 2004 lo hacía a 70. Son niveles temporales de mora no muy diferentes a los de hace 10 años.

Pero además de estar aún muy alejados de los objetivos de la ley, que obligaba a las empresas públicas a abonar las compras en un plazo máximo de 30 días -salvo que en contrato se pactase un periodo superior que en ningún caso podía superar los 60-, la situación es más delicada si se compara con los plazos de cobro a clientes. En concreto, en 2005 las empresas pagaban a 67 días a sus proveedores, pero cobraban a sus clientes a 48, cuando no al contado como el comercio minorista. Aunque en la práctica no se llegase a una rentabilización financiera de la diferencia, existía la posibilidad de hacerlo, y hay constancia de que, cuando los tipos de interés nominales eran abultados, determinados sectores podían obtener tanta rentabilidad por el manejo de la caja como por su margen comercial.

El Gobierno tiene que corregir la legislación para conseguir que los periodos de cobro y pago a clientes y proveedores sea plenamente neutral para el negocio de todos los sectores, y no condicione la competitividad de unas empresas frente a otras.