Presiones sobre Economía para endurecer la Ley de Morosidad

El Ministerio de Economía está elaborando un amplio informe sobre la aplicación de la Ley de Morosidad aprobada en 2004 que presentará al Congreso el mes que viene. En él, se reflejarán las quejas de las principales asociaciones de fabricantes, distribuidores y comerciantes relativas, sobre todo, al poco celo que pone la mayoría de las comunidades autónomas en las tareas de inspección. Solbes escucha al Banco de España, los empresarios y las regiones

El ministerio que dirige Pedro Solbes está recabando los estudios elaborados por estas asociaciones empresariales para contrastarlos con la información que también ha pedido a la Central de Balances del Banco de España sobre las empresas del sector de la fabricación y la distribución comercial, así como con los datos del Registro Mercantil donde se reflejan sus balances. La lupa la ha colocado Economía en las mayores empresas del sector con el fin de realizar una evaluación cuantitativa y fiable sobre los aplazamientos de pago entre el 31 de diciembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2005.

Como dicho periodo es transitorio, el ministerio también ha pedido a las empresas los datos económicos que permitan evaluar la variación del periodo de aplazamiento entre el 30 de septiembre de 2005 y la misma fecha de 2006. Además, ha solicitado a las mayores empresas de distribución y de fabricación, así como a las asociaciones que les representan, su valoración sobre el impacto que ha tenido la ley desde su aprobación en 2004.

Economía debería haber remitido el informe al Congreso en el mes de diciembre, pero el retraso en presentarlo a la Comisión de Industria obedece, sobre todo, a la tardanza con la que las comunidades autónomas están remitiendo también su evaluación al Ministerio de Administraciones Públicas, ya que es a ellas a quienes corresponden las labores de inspección y sanción de las posibles infracciones y son las que disponen de la información sobre las denuncias recibidas, los planes de inspección y los procedimientos sancionadores. Sólo Cataluña y Murcia han respondido, de momento, a estas demandas de información, circunstancia que ha impedido a Economía realizar un informe global que abarque a toda la geografía española.

Sólo Cataluña y Murcia han remitido informes al Gobierno sobre la aplicación de la norma desde 2004

Este parón en el estudio de la aplicación de la ley ha llevado a las principales asociaciones de empresarios afectados por el aplazamiento de los pagos a contactar con los partidos políticos y grupos parlamentarios que más se involucraron en la elaboración de la ley de Morosidad.

De esta forma, han trasladado sus preocupaciones a los equipos económicos del PSOE, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Cataluña y Coalición Canaria, formaciones que empiezan a responder a sus demandas.

CiU ha presentado en el Congreso una proposición no de ley en la que emplaza al ministro de Industria, Joan Clos, a explicar las razones por las que hasta ahora no se ha remitido el informe sobre la aplicación de la ley, contraviniendo los plazos previstos en la disposición segunda de la citada norma que exigía la presentación de dicho balance en diciembre del año pasado.

En esta proposición, los nacionalistas catalanes piden al Gobierno que remita también datos sobre el aplazamiento de pagos por parte de las administraciones públicas, ante la evidencia de que algunas de ellas incumplen los plazos de 30 y 60 días (si se pacta en contrato) previstos en la norma.

Directiva comunitaria

El portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, recuerda la decisión que ha adoptado recientemente la Comisión Europea de denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por considerar que la disposición no respeta el espíritu de la directiva comunitaria, circunstancia que se suma a las quejas de las asociaciones empresariales españolas en el sentido de que España continua siendo uno de los Estados de la UE en los que se satisfacen las deudas con más tardanza, 'pues lejos de mejorar la situación en el periodo 2005-2006, se han incrementado los plazos de pago'.

CiU propone en su iniciativa la comparecencia ante la comisión de Industria de la Cámara Baja de representantes de los sectores económicos y sociales que directamente, en sus intercambios comerciales, están implicados en la aplicación de la ley, con objeto de proponer al Gobierno su endurecimiento.

Los empresarios afirman que los plazos de pago se alargan hasta 300 días

La Ley de Morosidad traspuso una directiva que exigía que en las operaciones comerciales no se generara financiación positiva para alguna de las partes. En el proyecto de ley original se acordó por ello que los productos perecederos se abonaran como máximo en 30 días desde su entrega y los no perecederos en 60. Sin embargo, en el trámite parlamentario afloró una enmienda apoyada por el PSOE, PP y CiU que ampliaba en la práctica a 90 días el plazo de 60. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) interpuso una denuncia en el Tribunal de Luxemburgo. El sentir general de los empresarios afectados, explica el secretario general de FIAB, Jorge Jordana, es que los plazos de pago no se respetan porque falla la inspección. El abanico se abre entre los 45 y los 300 días, dependiendo del sector, el producto y la posición del deudor.

Los fabricantes se ofrecen para facilitar la tarea de inspección de las comunidades

La deficiente inspecciónque ejercen buena parte de las comunidades sobre la aplicación de la ley de Morosidad ha llevado a algunas asociaciones empresariales a ofrecerse como intermediarias para facilitar estos controles.En una carta remitida el pasado 30 de octubre a los consejeros regionales de Comercio, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas se ponía a su disposición para facilitar la información comercial relativa a las facturas, los contratos o las plantillas que puede llegar a demostrar el incumplimiento de la ley. En numerosas ocasiones, esta tarea de inspección se ha visto dificultada por la ubicación del fabricante y del comercio en diferentes regiones. Ante esta situación, la FIAB ofreció sus servicios para agilizar la información sobre ventas, productos, marcas y entidades comerciales.