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Tribuna
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La perversión fiscal del IPC

La reciente publicación del último dato referido a la inflación de 2006 ha vuelto a provocar que los diferentes analistas e instituciones de estudios alerten sobre la preocupante evolución de esta variable. También ha servido para que sindicatos y partidos de oposición critiquen al Gobierno, en especial por la pasividad del equipo económico dirigido por Pedro Solbes. Al margen de estas disputas y banderías, lo cierto y verdad es que el comportamiento de la inflación está afectando seriamente a la economía española, y que además de perjudicar a nuestra competitividad ha provocado numerosos efectos negativos adicionales. Entre ellos tienen una especial significación los que afectan al sistema fiscal.

Es evidente que la inflación altera en términos reales todos los parámetros monetarios utilizados en el sistema tributario lo que, en ausencia de las correcciones técnicas oportunas, provoca que los importes pagados por los contribuyentes en los diferentes impuestos aumenten sin que existan bases reales que lo justifiquen. Esto ha ocurrido en España en 2005, tal como se expone en un informe oficial del Ministerio de Economía y Hacienda, al reconocer que la presión fiscal -una vez excluidas las cuotas de la Seguridad Social- ha crecido un punto, del 16,8% al 17,8%. Al margen de pequeñas oscilaciones en otros impuestos, este aumento de la presión fiscal se reparte prácticamente a partes iguales entre el Impuesto sobre Sociedades -la proporción entre su recaudación y el PIB creció del 3,1% al 3,6%- y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -su recaudación pasó del 5,7% al 6,1% del PIB-.

Sin embargo, probablemente sea el IRPF en el que se han provocado consecuencias colaterales más negativas. Recordemos que frente a una inflación del 4,4% -por su parte, la renta media del impuesto sometida a retención creció el 4,5%-, la actualización de los tipos de la tarifa para 2005 fue tan sólo de un 2%, con lo que no se corrigió ni siquiera la mitad de los efectos de la inflación. Pero es que, a más a más -por expresarnos en lenguaje actualmente cotizado- se mantuvieron inalterados los importes de los mínimos personal y familiar, y tampoco se actualizaron los importes de las diversas reducciones (por hijos, por ascendientes …). El efecto conjunto de todos estos factores ha resultado doblemente pernicioso, pues además de aumentar la carga fiscal del impuesto, también ha alterado negativamente a su equidad. Veamos los datos.

Probablemente sea el IRPF el tributo en el que la inflación ha provocado consecuencias colaterales más negativas

Según las cifras oficiales, en 2005 el volumen de rendimientos del trabajo personal aumentó un 7,5%. Esto se debió en parte al aumento del número de retenidos, 2,9%, y en parte al aumento natural de las retribuciones. Pues bien, frente al citado 7,5%, la recaudación por retenciones practicadas sobre dichos rendimientos creció un 12,7%, es decir, un 70% más que la base. La conclusión es inevitable: en 2005 los trabajadores españoles han sufrido un aumento significativo de los importes detraídos en sus nóminas a cuenta del IRPF. En concreto por cada 1.000 euros de sueldo, en 2005 se les han retenido 35 euros más que en 2004, toda vez que según Hacienda el tipo efectivo de retención ha aumentado prácticamente un 3,5 %.

Este aumento de la presión fiscal sobre los sueldos ha tenido también sus consecuencias negativas en la distribución del impuesto entre los diversos grupos de contribuyentes, que ha visto como el reparto de la carga fiscal se ha alterado de forma regresiva. En 2005 el peso de la recaudación total del IRPF que han soportado los perceptores de sueldos y salarios ha sido del 93%, porcentaje claramente superior al que soportaron en 1999, en el que -tras la primera reforma del impuesto realizada por el equipo de Rodrigo Rato- se logró que descendiera a menos del 87%. En paralelo al citado aumento de la contribución de los asalariados, ha disminuido la correspondiente a los perceptores de rentas, que mientras en 1999 -tras la citada reforma Rato- aportaban el 8,4% de la recaudación del impuesto, en 2005 han aportado exclusivamente el 4,5%.

Además, este desplazamiento de la carga del IRPF hacia los salarios no está justificada por la evolución de las magnitudes económicas vinculadas al impuesto, dado que del informe de Hacienda se desprende que los rendimientos del trabajo personal constituyen el componente de la base del IRPF que ha tenido menor crecimiento en 2005. Así es, en tanto que los rendimientos del trabajo crecieron un 7,5%, los del capital lo hicieron a un 13%, los de arrendamientos a un 10%, y un 35% los provenientes de fondos de inversión.

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