La reforma que las pensiones precisan
Los contenidos sobre los que se va a construir la reforma de la Seguridad Social que se está negociando suponen un primer paso, que debe tener continuidad en los próximos años para poder hablar de un auténtico cambio del sistema de pensiones. El pacto que se vislumbra ahora permite corregir algunas situaciones de abuso en el cobro de prestaciones, establecer incentivos mínimos para prolongar la edad de jubilación, e insinuar por dónde debe ir la revisión de la viudedad. Pero se esquivan pasos imprescindibles para reforzar la contributividad (ajustar la prestación a la cotización real, o viceversa), amparándose los gestores en que la situación es saneada ahora y que lo será en los diez próximos años.
Es cierto que las finanzas gozan de buena salud. Un superávit anual de 8.000 millones de euros, y una hucha de más de 30.000 millones dan relativa tranquilidad sobre el marchamo del sistema de pensiones. Pero sostener el ritmo actual de generación de cotizantes y de aportaciones financieras no será habitual muchos años más, dado que el crecimiento del empleo no puede sostener indefinidamente tasas de avance superiores al PIB, que sólo son compatibles con la afloración masiva de trabajadores irregulares.
Además, los flujos financieros de ingresos y gastos están registrando una paulatina transformación que juega en contra de la caja: las nuevas aportaciones de un empleo volcado en los servicios son menguantes, mientras que las prestaciones correspondientes a carreras de cotización cada vez más maduras son crecientes. Ahora no hay efecto contractivo sobre el saldo financiero porque la tregua demográfica de la Guerra Civil y la postguerra reduce notablemente las cohortes de personas que llegan a la edad de retiro.
Además, hay consenso doctrinal sobre el papel de los inmigrantes en el sistema de Seguridad Social: alivian el problema en el corto y medio plazo, pero no lo solucionan en largo. El Banco de España admite que el umbral del déficit se ha desplazado unos años (desde 2014 a 2018), pero que habrá que echar mano del ahorro del Fondo de Reserva en todo caso antes de 2020.
Por ello, el endurecimiento de condiciones de acceso a la jubilación comprometido en 1998 debería tener ahora continuidad, sin descartar pasos firmes a un retraso a la edad de retiro, como ya han afrontado otros países. Esta sería precisamente una de las soluciones más efectivas en términos financieros en un sistema de reparto que difícilmente podrá mantener sus compromisos en el futuro si no eleva la aportaciones o es menos generoso con las pensiones.
Sin embargo, el pacto de ahora no va más allá de un endurecimiento marginal para tener derecho a pensión (habrá que cotizar 15 años reales y no nominales como ahora) y de atajar en cinco años la jubilación parcial, convertida en un aliviadero fraudulento para trabajadores de 60 años y sus empresas.
Entrar en el fondo de la cuestión es la gran asignatura pendiente de políticos y agentes sociales. El supuesto temor a un castigo electoral carece de fundamento: todas las reformas de calado (1985 y 1998) han supuesto una mayor solidez del sistema que los cotizantes valoran, ya que ellos son los más interesados en reformar hoy para conservar mañana.